En la medida que se degrada la política en Colombia, y, con pocas excepciones, se reduce a la mezquindad de unos cuantos por sacar ventajas, cobra fuerza la tendencia de judicializar lo político. Como por coincidencia los asuntos más delicados que se debaten en el Congreso, terminan por ser enviados a las cortes. Siendo que es precisamente con las cortes que tienen sus desencuentros algunas agentes partidistas.
Se da el caso que los mismos bandos que se quejan de la judicialización de la política, acuden a los tribunales para conseguir derrotar o amordazar a sus contrarios. Y el mismo Jefe del Estado se presenta frente a los jueces y acude a ellos cada vez que se tratan asuntos de alta política, a sabiendas que aquí los jueces tienen sus preferencias políticas y no existe una verdadera carrera judicial independiente. Esto en un país en donde se supone que existe la separación de poderes. En donde al mismo tiempo proliferan las cortes, hasta llegar a la JEP que se pactó en La Habana.
Con el caso del ex fiscal Néstor Humberto Martínez, quién confrontó a la Farc y, finalmente, renuncia al cargo. En el caso que atañe al ex jerarca de las Farc detenido, liberado y vuelto a detener al salir dela cárcel y nuevamente liberado, vemos como se mueve el circo de la judicialización de la política, puesto que resulta que él fue nombrado en La Habana como representante a la Cámara. Algo absolutamente sin precedente alguno en la historia constitucional de Colombia. Puesto que so pretexto de la paz en La Habana operó allí una mini constituyente, con complicidad del gobierno, del Congreso y de las altas cortes. La paz da para todo, como lo dijimos en su momento.
Eso ocurre en el gobierno de Juan Manuel Santos, en donde se sacraliza la política de paz y al mismo tiempo se desconoce el plebiscito en donde la Nación rechaza los acuerdos de La Habana. Esa es la ejemplar democracia colombiana. Hoy vivimos la consecuencia de la frustración de esas reuniones que se hicieron entre el gobierno Santos y los ganadores del Plebiscito, donde como se dice en Bogotá se les doró la píldora, para finalmente salir con el cuento que ya habían firmado y no se podían renegociar algunos puntos del acuerdo. Los políticos que lucharon por derrotar el plebiscito por la paz, no estaban contra la paz, sino contra una paz mal negociada. Y el tiempo les da la razón a cuantos se opusieron a una paz tortuosa.
En la actualidad no solamente se habla de la voluntad en el derecho, sino que se aducen argumentos como el del bloque de constitucionalidad copiado del sistema parlamentario español, que en un sistema presidencialista como el nuestro no tiene razón de ser. Lo importante es que prevalezca el espíritu leguleyo al que tan dados somos los colombianos y los problemas políticos no se solucionen y evolucionen al campo del derecho. Esos defensores de judicializar lo político y reducir los asuntos a problemas que deben absolver los jueces, actúan como Poncio Pilatos y se lavan las manos.
Es bueno recordarles a los que pretenden que la democracia derive en un modelo judicializado, en donde las cortes terminan por decidir a su antojo sobre la vida y la suerte de los colombianos, que el derecho no puede desplazar lo político sin riesgo de desquiciar la sociedad. Hobbes sostuvo, con razón, que la soberanía del derecho es solo la soberanía de los hombres. Por lo mismo lo político puede modificar los pactos sacrosantos del derecho cuando son inconvenientes para el país. Y el gobernante, según nuestro sistema constitucional, puede con la firma de sus ministros apelar al constituyente primario en casos excepcionales. Más en una Nación donde se incumplieron los efectos de la derrota de una paz mal negociada.
Por supuesto, tenemos políticos que le hacen el juego a la judicialización de lo político y que buscan a todo trance que sus tesis se traduzcan en sentencias que los favorezcan. El colmo de esa manía colombiana se da con la JEP, un tribunal con la misión específica de favorecer a unos y hundir a otros. Ninguna imparcialidad se puede pedir a los agentes de la izquierda que están al servicio de esa institución.
El precio de la paz con justicia y honor lo pagan los colombianos, sin que por eso se confunda la paz con impunidad. Sin confundir la violencia imperante contra los dirigentes cívicos y ex guerrilleros con la paz. Por el contrario, estamos viviendo unos episodios que pueden ser el comienzo de una violencia sin más ideología que el odio y el instinto de los desesperados por arruinar o asaltar al contrario. Para evitar esa involución peligrosa existe el camino de la Constituyente, con la exclusiva finalidad de fortalecer el Estado y la justicia.