Se aclaran los conflictos de intereses de los congresistas

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La plenaria del Senado aprobó en penúltimo debate el proyecto que reforma de manera parcial la Ley Quinta o reglamento interno del Congreso y que soluciona uno de los temas que más ha complicado el tránsito de las leyes en el país, los impedimentos.

Según la actual Ley Quinta, “todo senador o Representante solicitará ser declarado impedido para conocer y participar sobre determinado proyecto o decisión trascendental, al observar un conflicto de interés”.

Acto seguido “el congresista deberá comunicarlo por escrito al presidente de la respectiva comisión o corporación legislativa donde se trate el asunto que obliga al impedimento. Aceptado el impedimento el respectivo presidente excusará de votar al congresista”.

Sin embargo, para algunos legisladores es claro que el conflicto de interés no está definido de manera clara y que la avalancha de impedimentos que se han presentado a proyectos claves como la Ley TIC, imposibilitan el debate.

Según el senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, en este momento existe una confusión en materia de conflicto de interés y “la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido contradictoria en esa materia, nadie sabe hasta dónde llega. Inclusive cualquier conflicto de interés consustancial entre la interacción entre el Congreso y el público se ha vuelto una falta que lleva incluso a la pérdida de investidura”.

El problema se hizo visible en la discusión de la ley de modernización del sector TIC, pues se presentaron más de 84 impedimentos, casi el número total de senadores presentes en el recinto. En ese sentido llamó la atención que el primer acto de la senadora Soledad Tamayo como congresista, tras su posesión, fue radicar un impedimento para votar la ley del Mintic.

La dificultad no es solo el número de impedimentos, es el trámite, durante la votación del mencionado proyecto el Senado se demoró dos sesiones enteras en darle trámite a todos los impedimentos que son votados uno a uno y de manera nominal.

Según el nuevo proyecto los senadores deberán declararse impedidos cuando se aprueben beneficios tributarios que favorezcan a los congresistas o a familiares; cuando los beneficios económicos se materializan y beneficien al legislador o a su familia y en caso de que las normas que voten afecten o benefician investigaciones penales, administrativos o fiscales, en los que estén incursos los legisladores o sus familiares.

La senadora del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, quien es ponente de la iniciativa, aseguró que en este momento el problema no es que la mayoría se declaren impedidos “es que no hay claridad en las normas, el proyecto aclara que solo hay un conflicto de interés que impide que un congresista vote y es cuando va a percibir, él o sus parientes hasta tercer grado de consanguinidad, un beneficio directo, que le favorece a él y le engorda su bolsillo o el de los parientes”.

Además, dice que el conflicto debe constituirse ahora “y no en el futuro, ni eventualmente, ni con una situación sobreviviente como sucede en este momento que presentan impedimentos porque tal vez suceda X o Y situación”.

La Senadora clarifica la intención del proyecto con un ejemplo: “Si yo soy cafetera, en mi otra actividad, y vamos a sacar una ley donde le vamos a dar subsidios a los cafeteros eso me va a generar un beneficio directo a mí, entonces yo tengo que manifestarlo y no podría votarlo; si tengo una investigación y vamos a cambiar quién investiga o cómo se investiga ese tema en el que estoy inmerso eso también y hay que manifestarlo”.

La iniciativa, igualmente le dará a la Comisión de Ética la potestad para “definir los impedimentos por grupos y se van a votar en bloque con las recomendaciones que haga la comisión, lo que va a permitir que todos los casos iguales sean tratados en un solo bloque y los distintos por aparte”.

Esto evitará, según la Senadora, que se escoja quien vota o no qué iniciativa, “esto en definitiva destraba el trámite legislativo, da claridad y genera un marco regulatorio sobre lo que significa un conflicto de interés permitiéndole a los congresistas y a la ciudadanía tener información más confiable”.