Urgente reingeniería judicial | El Nuevo Siglo
Jueves, 13 de Junio de 2019
  • La experticia de la nueva Ministra
  • Solución a pleitos ciudadanos, prioridad

 

 

El buen funcionamiento del sistema de administración de justicia es columna vertebral de todo régimen democrático. Si hay falencias en este, no solo se está poniendo en duda la legitimidad y fortaleza institucional, sino que los gobernados empiezan a acudir a otros mecanismos extrajudiciales, no pocas veces violentos o ilegales, con el fin de zanjar sus diferencias.

Para nadie es un secreto que la Rama Judicial en Colombia arrastra una serie de deficiencias funcionales que si bien están sobrediagnosticadas desde hace muchos años, no han sido corregidas de forma sustancial. Los múltiples intentos de reforma, parcial o estructural, tramitados en el Congreso en los últimos 28 años -para solo referenciar lo vivido al amparo de la Carta del 91- terminaron hundiéndose o lo aprobado tuvo efectos de muy corto alcance.

Desde que este Gobierno asumió el poder, en agosto del año pasado, se fijó como una de sus prioridades impulsar una reforma integral a la justicia. De hecho fue uno de los primeros proyectos que radicó y, también, uno de los primeros en hundirse en medio de un escenario político y partidista bastante complicado, en el cual pesaron más los intereses particulares de las colectividades y su postura ante la Casa de Nariño, que la urgencia de la reingeniería judicial.

El fracaso de ese proyecto trajo a la memoria de los colombianos otros fallidos intentos en los últimos años, como aquella reforma que tuvo que ser hundida, en 2012, acudiendo a unas inéditas objeciones presidenciales a un acto legislativo, pues fue la única alternativa a la mano para frenar un articulado viciado de forma grave en la instancia de conciliación. Vendría luego, en el 2015, otro intento de ajuste, esta vez bautizado con el sobredimensionado remoquete de “reforma al equilibrio de poderes”. La iniciativa, como se recuerda, tuvo un accidentado trámite parlamentario, durante el cual fueron desmantelados muchos de los cambios de fondo que proponía. Lo finalmente aprobado distaba mucho de la idea inicial y lo peor fue que después, en las revisiones de exequibilidad, la Corte Constitucional dejó sin piso por vicios de forma y fondo gran parte de los artículos referidos a reajustes judiciales. Ya en el final del anterior gobierno se firmaría, en Pasto, un acuerdo político de amplio espectro, con la participación del Ejecutivo, el Congreso, las propias altas Cortes y otros entes de control, con el objetivo de sentar las bases de un nuevo borrador de reforma estructural. Ese pacto se quedó, sin embargo, en la sola intención porque ya agonizaba el respectivo mandato presidencial.

Esta semana se posesionó la nueva ministra de Justicia, Margarita Cabello, quien viene de ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia y es, sin duda, una de las juristas con más experticia en el país.  De entrada, entre los muchos retos de dicha cartera, se volvió a poner sobre la mesa la necesidad de llevar al Congreso otro proyecto de reforma. Si bien el Gobierno ha reiterado que esta continúa siendo una de sus prioridades, hay distintas ópticas sobre cómo tramitar dicho reajuste institucional. Para algunos sectores lo más práctico y funcional es dejar de lado la opción de una gran reforma estructural y, en consecuencia, aplicar los correctivos de forma gradual. En otras palabras, una reforma judicial a cuenta gotas que permita ir aprobando proyecto tras proyecto. Sin embargo, otros sectores, incluso de las altas Cortes, son de la opinión de que una reforma por pedazos es inconveniente y puede terminar siendo, como se dice popularmente, peor el remedio que la enfermedad. En ese orden de ideas se inclinan por la necesidad de construir un gran consenso de los poderes públicos para pactar las bases de una reingeniería estructural judicial y, logrado éste, llevar el articulado al Congreso, con el compromiso de que no será desdibujado ni se hundirá por falta de voluntad política.

Estamos confiados en que bajo la tutela de la nueva Ministra, no solo se despejará la mecánica para la redacción y aprobación de la urgente reforma, sino que además esta se enfocará en los elementos de mayor preocupación para los colombianos, siendo el principal la garantía de una administración de justicia pronta, objetiva y eficiente para la resolución de las diferencias entre los ciudadano de a pie. Este debe ser el norte prioritario: acabar con la morosidad judicial y la impunidad criminal. De poco servirán los cambios en la arquitectura y el sistema de gobierno de la Rama, su asignación presupuestal, el juzgamiento de aforados y otras modificaciones más, si no se satisface prioritariamente la demanda de justicia de la población en sus pleitos más cotidianos. Si ello no se concreta seguirá tomando vuelo la alternativa de acudir obligatoriamente a una constituyente judicial como único camino para resolver una problemática, como se dijo, sobrediagnosticada.