Violencia y corrupción, claves en presidencial de Guatemala

Foto archivo AFP

MÁS DE OCHO millones de guatemaltecos votan el domingo en las elecciones generales con la esperanza de salir del marasmo de la corrupción, la violencia y la galopante pobreza que impulsan la masiva emigración hacia Estados Unidos. 

El combate contra la pobreza y la violencia criminal dominan la oferta de los 19 candidatos que buscan suceder al presidente Jimmy Morales, un excomediante de televisión que ganó en 2015 tras la renuncia del expresidente Otto Pérez cuatro meses antes de culminar su mandato por cargos de corrupción y en medio de masivas protestas.

Morales concluye su mandato de cuatro años con la popularidad por los suelos y con el pedido de la fiscalía de investigarlo por corrupción. Ninguno de los candidatos aparece en las encuestas con posibilidades de ganar en la primera vuelta, por lo que se augura un balotaje en agosto.

La favorita es la socialdemócrata Sandra Torres, exesposa del expresidente Álvaro Colom (2008-2012), de quien se divorció en 2011 para poder postularse a la primera magistratura.

Le sigue el derechista Alejandro Giammattei, quien se postula por cuarta vez, aunque algunas proyecciones ubican a Roberto Arzú, hijo del fallecido expresidente Álvaro Arzú (1996-2000), como un posible segundo lugar en su primera incursión para alcanzar la presidencia.

En Guatemala está prohibida la reelección presidencial. El proceso electoral estuvo marcado por la exclusión de la exfiscal general Thelma Aldana, una de las favoritas y abanderada de la lucha contra la corrupción, que fue marginada del proceso por decisiones judiciales ante denuncias de irregularidades en su contra cuando era jefa del Ministerio Público (2014-2018).

La justicia dejó asimismo fuera de la contienda a Zury Ríos, hija del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt, por una disposición constitucional que impide la postulación de familiares directos de personas que hayan participado en golpes de estado.

En una señal del clima de violencia y corrupción en Guatemala, el fiscal de delitos electorales Óscar Schaad dejó el país tras sufrir amenazas, anunció la titular del Ministerio Público, Consuelo Porras.

Lo mismo le ocurrió a Thelma Aldana, que enfrentada a amenazas de muerte, se asiló primero en El Salvador y luego en Estados Unidos, donde permanece.

Según la Alianza por las Reformas, que agrupa a unas 40 organizaciones civiles, la exclusión de Aldana es "una clara represalia por las investigaciones que la exfiscal realizó contra el presidente (Morales), su familia y miembros de su partido político por actos de corrupción".

Pero esas esperanzas se ven menguadas pues la Cicig terminará sus funciones en setiembre debido a que Morales incumplió la promesa de ampliar su misión hasta 2021 luego de que el ente internacional y la fiscalía solicitaran investigarlo por el financiamiento ilegal de su campaña. 

Aunque algunos candidatos con pocas opciones impulsan la permanencia de la Cicig, los aspirantes con posibilidades han descartado su continuidad. 

La candidata indígena maya-mam Thelma Cabrera, que figura entre los cinco primeros según los sondeos, aseguró a la AFP días atrás que Guatemalanecesita una reforma estructural urgente con cambios constitucionales para cambiar lo que llamó un "Estado podrido". 

En ese marco de corrupción endémica, un 59% de los 17,7 millones de guatemaltecos vive en la pobreza, pese a que Guatemala cerró 2018 con un crecimiento de 3,1% y espera crecer 3,4% este año, según el Ministerio de Finanzas, que ubica en más 75.000 millones de dólares el PIB del país.