- Dictadura se quedó sin margen de acción
- El burdo asalto a los partidos opositores
Se pensaría que los dislates de la dictadura venezolana ya llegaron al máximo límite. Sin embargo, la ceguera y el desespero del régimen por aferrarse al poder siguen sorprendiendo por su capacidad de acudir a maniobras cada vez más groseras, burdas e incluso caricaturescas.
La última movida del régimen de Nicolás Maduro, que no tardó en ser rechazada de forma enfática por gran parte de la comunidad internacional, está dirigida ya no sólo a reprimir, encarcelar o forzar al exilio a los líderes de los partidos de la oposición, sino que ahora, literalmente, quiere arrebatarles las colectividades, adueñándose de sus personerías jurídicas, logos, sedes, símbolos institucionales y capacidad proselitista. Para ello está acudiendo a una maniobra ya conocida de la dictadura: utilizar una rama judicial cooptada y al servicio del régimen.
En esta ocasión el perpetrador del nuevo ataque a la oposición es el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que, usurpando funciones propias de la Asamblea Nacional, el único órgano democrático y legítimo que no domina la satrapía, empezó a ilegalizar las directivas de los partidos que lideran el combate político e ideológico a la dictadura chavista. Entre lunes y martes de esta semana las cúpulas de Acción Democrática y de Primero Justicia, dos de las colectividades más fuertes en la plataforma opositora, fueron removidas por los cuestionados magistrados, al tiempo que en su lugar se reconoció a dirigentes que las toldas democráticas consideran “títeres” del Palacio de Miraflores. Es claro que con esta trampa lo que busca el régimen es neutralizar liderazgos como los de Henrique Capriles, Jorge Borges o Henry Ramos Allup.
Ya Maduro y compañía habían movido sus hilos contra otros partidos, especialmente contra el de Juan Guaidó, que es reconocido como el presidente legítimo encargado de Venezuela por más de medio centenar de países. Como se recuerda, al comienzo del año montó una farsa política para arrebatarle la presidencia de la Asamblea Nacional y semanas atrás la Fiscalía venezolana, que también está al servicio de Miraflores, pidió al mismo TSJ que declare como “organización terrorista” a Voluntad Popular, la colectividad base de Guaidó y Leopoldo López.
Es evidente que todas estas medidas abusivas y antidemocráticas del chavismo tienen relación con la decisión anunciada el pasado fin de semana por la coalición opositora en torno a que no participará de las elecciones parlamentarias que el régimen quiere organizar este año y que las fuerzas democráticas consideran una auténtica "farsa”, cuyo único objetivo es tratar de lavarle la cara a la dictadura en los precisos momentos en que se cierra el cerco político, económico, diplomático y judicial sobre la misma, especialmente por la orden de captura internacional girada por la justicia estadounidense contra la cúpula del régimen, sindicándola de narcotráfico y terrorismo. Es más, se ofrecen 15 millones de dólares por la detención de Maduro, a quien, como si fuera poco, días atrás las autoridades de Cabo Verde (África), le capturaron a una de sus manos derechas, el cuestionado empresario colombiano Alex Saab, a quien Estados Unidos quiere procesar penalmente y convencerlo de que delate todo el entramado de corrupción nacional e internacional de la satrapía.
La estratagema es tan evidente que el chavismo maniobró para que el TSJ, alegando un presunto incumplimiento de la Asamblea, también designara una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), quitándole cualquier posibilidad de transparencia a los próximos comicios, e incluso ‘cantando’ anticipadamente el fraude a los resultados de las urnas. Es apenas obvio que la dictadura sabe que la población se lanzará a votar masivamente en su contra, no sólo porque la crisis política, económica, social, de inseguridad, desabastecimiento de víveres y medicinas así como de violación a los derechos humanos se ha profundizado en los últimos meses, sino porque los venezolanos están siendo golpeados de manera fuerte (así el régimen lo esconda) por la pandemia del coronavirus. A ello se suma que el país soporta una crítica escasez de combustibles, con el agravante de que ahora deben pagarlo más caro. Esto último porque en el país más rico en el mundo en reservas de hidrocarburos, el régimen chavista quebró la industria y ahora debe importar gasolina hasta de Irán, pagándola incluso con cargamentos de oro y bajo la permanente sombra de corrupción y enriquecimiento ilícito. La cuestión es tan crítica que ayer se informó que la producción petrolera cayó en mayo a 570.000 barriles diarios, ¡un nivel que no se registraba desde 1943!
Como se ve, el régimen chavista, quizá consciente de que el fin está cerca, acude, desesperado, a la más burda y evidente de las trampas: como no pudo acabar con la oposición, ahora intenta ‘robar’ sus partidos. En su delirio no parece entender que los millones y millones de atribulados venezolanos no caerán en una argucia tan evidente y básica. Lo único que prueba este nuevo dislate es que la dictadura se quedó ya sin margen de acción.