• Alarma por pico delincuencial en Bogotá
• Más soluciones efectivas y menos polémicas

El propósito número tres del recién aprobado Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá tiene como objetivo principal “inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación”. Ese capítulo de la hoja de ruta de la administración de Claudia López tiene un total de 22 metas, cada una de las cuales está claramente caracterizada por la problemática a enfrentar, los indicadores y líneas base así como las metas que se deben lograr al año 2024. Por ejemplo, se propone reducir la tasa de homicidios a 9,9 por cada 100.000 habitantes, disminuir en 10% el hurto a personas y en 7% los robos en Transmilenio y el SITP, así como el hurto de celulares. Igualmente se busca que en los próximos cuatro años el robo de bicicletas retroceda un 8%, un 10% los casos de delitos sexuales y 8% los informáticos… Otra de las metas es reducir en cinco puntos el porcentaje de personas que considera que la inseguridad ha aumentado en la ciudad, un indicador que se encuentra en 58% según la última encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá para el segundo semestre de 2019.

Se trata de metas bastante ambiciosas si se tiene en cuenta que la tasa de delitos de alto impacto en la ciudad no se ha reducido de forma sustancial en los últimos años, salvo en lo que tiene que ver con homicidios, que hoy registra una incidencia de 13,9 por cada 100.000 habitantes. Por el contrario, los registros sobre hurto a personas han venido en aumento, así como las denuncias de delitos sexuales y violencia intrafamiliar.

Ahora bien, las estadísticas sobre la incidencia criminal en este primer semestre que está a punto de terminar son relativamente positivas en comparación a igual periodo del año pasado, pero hay que ser realistas: el número de delitos de alto impacto se ha reducido debido a que la ciudad está desde el pasado 19 de marzo en aislamiento preventivo como principal fórmula para enfrentar la pandemia del Covid-19. Es apenas obvio que, con menos ciudadanía en la calle, el porcentaje de victimización termina siendo inferior. Sin embargo, a medida que se han ido reactivando los sectores productivos y muchas personas han podido retomar gradualmente sus actividades, las denuncias sobre atracos a personas y residencias así como homicidios en distintas partes de la ciudad han ido aumentando.

La opinión pública se ha visto impactada por casos como el de un joven domiciliario asesinado en su primer día de trabajo; una enfermera a quien le quitaron la vida cuando montaba bicicleta; una mujer que fue raptada y asesinada cuando iba a su trabajo; el brutal feminicidio de una madre y su pequeña hija; el hurto a una joyería de un reconocido centro comercial y el no menos grave asalto a un conjunto de apartamentos en el norte de la ciudad por parte de criminales que portaban armas largas…

Como es apenas obvio todos estos delitos han puesto en alerta la ciudadanía que está exigiendo, con toda razón, a la Administración Distrital que tome cartas en el asunto. Sin embargo, el reclamo derivó en una nueva controversia entre la alcaldía capitalina, las autoridades, el Gobierno nacional, el Concejo y otros gremios y sectores de la ciudad. No es momento de entrar en un desgastante e inútil cruce de señalamientos y excusas. Por el contrario, lo que se requiere es una respuesta contundente y eficaz contra los delincuentes. El mismo Plan de Desarrollo establece los lineamientos que se deben implementar para aumentar la seguridad y convivencia ciudadana, partiendo por aumentar el pie de fuerza de la Policía, agilizar su capacidad de respuesta a delitos en flagrancia, fortalecer la estrategia de cuadrantes, multiplicar las cámaras de vigilancia, asegurar los entornos educativos e intervenir de forma sostenida las zonas de la ciudad más afectadas por los delitos de alto impacto…

Como se dijo, no es momento de politizar el debate sobre la seguridad ciudadana en la capital de país. Esa circunstancia a los únicos que favorece es a los delincuentes comunes y las bandas de crimen organizado. El esfuerzo de las autoridades por capturar a los criminales muchas veces se difumina en procesos judiciales que terminan con la libertad de los detenidos debido a la debilidad de las pruebas en su contra o por las mismas flexibilidades de la legislación penal. También es claro que hay hacinamiento en las prisiones, URIs e inspecciones de Policía. No menos evidente es que el porcentaje de delincuentes reincidentes viene en aumento, en tanto que por la cuarentena se han incrementado los casos de violencia intrafamiliar… Es en esta clase de temas en donde se requiere actuar con celeridad. La ciudadanía quiere soluciones, no polémicas.