La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal por corrupción en contra del representante a la Cámara por el Centro Democrático Edwin Ballesteros Archila, a quien llamó a indagatoria.
El congresista será investigado por los presuntos delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho.
El proceso se desprende de la compulsa de copias que formuló la Corte en desarrollo de la investigación por presuntas irregularidades en la firma de varios contratos cuando se desempeñó como Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander.
Por ello, la Sala Especial de Instrucción ordenó al CTI de la Fiscalía que se haga un análisis de los contratos cuestionados.
La investigación contra Ballesteros se desprendió de una compulsa de copias que hizo la Corte por el proceso que adelanta contra el senador de Cambio Radical Richard Aguilar cuando se desempeñó como Gobernador de Santander.
Entre los contratos cuestionados está una consultoría en 2014 entre la Empresa de Servicios Públicos de Santander y la firma Ingream SAS por más de $1.188 millones; otro contrato se relaciona con la firma Unión Temporal Enciso Potable por $471 millones y uno más, de 2015, con la Unión Temporal Acueducto de Landazuri.
Adicionalmente, la Corte investiga posibles irregularidades en los contratos para las obras de los acueductos de Chipatá y Barichara.
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Frente a su llamado a indagatoria, Ballesteros dijo que está “atento a la justicia, acceder a los llamados de la honorable Corte Suprema para demostrar la verdad, nuestra inocencia que es lo más importante”.
Medida de aseguramiento
En otra decisión, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento de detención domiciliaria contra el representante a la Cámara José Edilberto Caicedo Sastoque, del Partido de La U, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación por presuntas irregularidades cuando se desempeñó como Alcalde de Zipaquirá entre 2004-2007.
De acuerdo con la Sala Especial de Instrucción del alto Tribunal, este proceso se relaciona con la celebración de un convenio interadministrativo con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá en 2007, contrato que ascendió a $660 millones.
La Sala investiga si Caicedo Sastoque, como alcalde, cumplió el objeto de la construcción de obras de acueducto y alcantarillado en el municipio de Zipaquirá, cumpliendo principios esenciales de la contratación estatal, como los de planeación y economía.
La Corte también indaga si el hoy congresista pudo incurrir en peculado por apropiación como ordenador del gasto frente a sus deberes de control, vigilancia y correcta aplicación de los recursos públicos.
Para el tribunal, la administración municipal habría pagado efectivamente obras públicas que no fueron finalmente construidas, sin que el entonces alcalde tomara medidas para que tal afectación del patrimonio público se concretara.