En cuanto al paro y las denuncias de personas desaparecidas, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, indicó que el 64% de las localizadas en realidad estaban en “ausencia voluntaria”

EL NUEVO SIGLO: Hay un tema que en medio de la pandemia y la ola de paros salió del radar noticioso, pero que continúa siendo clave ¿qué ha pasado con los líderes sociales y desmovilizados?

CARLOS CAMARGO: Mediante el trabajo de monitoreo realizado desde el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, se han podido identificar y registrar 979 conductas vulneratorias contra personas defensoras de los derechos humanos y líderes sociales en 286 municipios de 30 departamentos.

Estas conductas son de carácter individual en 952 casos, y colectivo en 27 casos. En cuanto a la ocurrencia de estas conductas por sexo, 650 casos corresponden a hombres y 302 casos corresponden a mujeres.

Frente a los homicidios, entre enero y diciembre de 2020 se presentaron 182 casos de asesinato contra personas defensoras de los derechos humanos y líderes sociales; sumándose a los 571 líderes sociales asesinados entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019.

De estos 182 homicidios registrados durante 2020, el 50% se concentró en 4 departamentos: Cauca (44), Antioquia (21), Nariño (14) y en Chocó (13).

ENS: ¿Y este año?

CC: Entre el 1 de enero y el 31 de marzo se identificaron y registraron 175 conductas vulneratorias contra personas defensoras de los derechos humanos, líderes y lideresas sociales en 94 municipios de 28 departamentos. Estas conductas son de carácter individual en 170 casos y colectivo en 5 casos. En cuanto a la ocurrencia de estas conductas por sexo, 114 casos corresponden a hombres, 55 casos corresponden a mujeres y 1 caso de una persona intersexual.

Finalmente, entre enero y marzo se han registrado 34 casos de asesinato, 123 amenazas, 9 desplazamientos, 4 extorsiones, 2 atentados y 3 correspondientes a otras conductas, contra personas defensoras de los derechos humanos y líderes sociales.

Los sectores sociales con mayor número de conductas vulneratorias son: Comunitario (35), indígenas (23), víctimas (18), servidores públicos (16), comunal (13), entre otros. Por su parte, los departamentos más afectados por amenazas son Magdalena (22), Sucre (16) y Cesar (12), mientras que los que se han visto más perjudicados por homicidios son Antioquia (8), Nariño (4) y Valle del Cauca (4).

• ¿Qué espera de la CIDH?

ENS: ¿Qué balance hace la Defensoría de la visita de la CIDH?

CC: La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue la oportunidad institucional que tuvimos de mostrar el trabajo que hemos desarrollado durante las movilizaciones realizadas desde el 28 de abril. Estamos seguros que la información amplia y verificada que entregamos le permitirá a la Comisión tener una visión global sobre el alcance de los sucesos de vulneraciones de derechos humanos y de actos de violencia que se dieron durante las manifestaciones, permitiéndole entender el contexto en el que se enmarcaron las mencionadas protestas, así como algunas de las dinámicas que más tuvieron protagonismo durante esas jornadas tan complejas que vivimos.

La visita de la CIDH, y especialmente las reuniones que se llevaron a cabo con la Defensoría del Pueblo en Bogotá y Cali, permitieron avanzar en el fortalecimiento de la relación de transparencia y cooperación interinstitucional entre las dos entidades.

ENS: ¿Cómo fue el trabajo de la Defensoría durante el paro y los bloqueos?

CC: La Defensoría ha monitoreado 13.544 actividades de las cuales 6.977 son concentraciones, 2.412 marchas, 3.450 vías de hecho (bloqueos), 470 movilizaciones y 35 asambleas, con una participación aproximada de 2.119.583  personas.

Se han realizado 2.604  acompañamientos de manifestaciones públicas en terreno hasta la fecha, así como visitas de verificación en centros de salud, estaciones de Policía y centros de traslado por protección CTP, y URI de la Fiscalía establecidos por las autoridades, para velar por la garantía de derechos de personas lesionadas, heridas, conducidas, trasladadas y capturadas, así como de personas fallecidas y sus familias.

Nuestros funcionarios han hecho presencia en los Puntos de Mando Unificado municipales, departamentales y nacionales. Donde se verifica en tiempo real la situación en el marco de la protesta de cada una de las ciudades y municipios.

Finalmente, con ocasión de los bloqueos, emitimos una directriz que facilita la mediación para el desbloqueo de vías, cese de confrontaciones, evitar vías de hechos y no permitir en la medida de lo posible que escale el conflicto. En ese sentido hemos auspiciado 290  corredores humanitarios, para el paso seguro tanto de la comunidad que está en la protesta social, el personal médico y el paso de los vehículos con abastecimiento de combustible, gas, oxígeno y víveres, así como la atención a personas heridas y se ha  participado de manera activa en 409 mesas de diálogo en las que se ha buscado la construcción de consensos.

En el sistema de recepción de quejas de la Defensoría se han registrado 533 quejas que afectan 751 posibles violaciones a los derechos humanos, principalmente, a la integridad personal (278), libertad de reunión (132), vida (121), libertad de circulación y residencia (37), libertad personal (27), libertad de expresión y opinión (22), debido proceso (19) y derecho a una vida libre de violencia para las mujeres (14) entre otras posibles violaciones. Es importante resaltar, que en 377 (71%) de las 533 quejas recibidas se refiere como presuntos responsables a miembros de la fuerza pública, 98% a la Policía Nacional y 2% al Ejército Nacional.

Por su parte, periódicamente transmitimos las quejas a las entidades de investigación y posteriormente pedimos información sobre el avance de las investigaciones.

ENS: ¿Otras afectaciones?

CC:  La Defensoría del Pueblo también ha venido recibiendo información sobre afectaciones desproporcionadas a los derechos de ciudadanos que, sin haber participado en las manifestaciones, terminaron siendo gravemente afectados, especialmente por los bloqueos a las vías. El caso más grave fue frente al derecho a la salud sobre lo que desde las Delegadas se venía recibiendo múltiples informaciones, en especial de pacientes de enfermedades crónicas. Estamos documentando una serie de casos en la materia y hemos recibido el anuncio de más de 150 quejas que serán registradas en la entidad por parte del “movimiento de víctimas del paro”.

Es importante señalar que la Defensoría del Pueblo debe ser imparcial y velar por los derechos de toda la ciudadanía. Las manifestaciones pacíficas son una cosa, pero las expresiones de violencia y los actos de delincuencia que terminan afectando los derechos de la ciudadanía con la magnitud como  hemos podido ver, son injustificables y solo merecen el rechazo unánime de la sociedad.

• ¿Y los desaparecidos?

ENS: ¿Al fin qué pasó con los desaparecidos en el paro?

CC: La Defensoría desde el comienzo de esta situación ha puesto en marcha las solicitudes de activación del mecanismo de búsqueda urgente de personas que son reportadas. Esas solicitudes no son técnicamente reportes de desaparición y mucho menos desaparición forzada.

El mecanismo de búsqueda urgente es una herramienta creada en la ley 971 de 2005 a través del cual distintas instituciones, al tener conocimiento de un reporte, activan de forma preventiva sus competencias para buscar rápidamente el paradero de la persona que se reporta y evitar que sea objeto de desaparición. De eso se trataron los reportes recibidos por la Defensoría del Pueblo y dichos reportes fueron transmitidos a una mesa interinstitucional de la que hace parte distintas entidades de investigación con el fin de activar rápidamente sus competencias preventivas.

En la gran mayoría de los casos, las personas que no habían sido localizadas, aparecieron rápidamente; sin embargo, existen  mecanismos de búsqueda urgente aún activos, respecto de los cuales la Defensoría del Pueblo y las demás instituciones siguen trabajando arduamente en lograr encontrar la localización de estas personas. De acuerdo a la información suministrada por la Fiscalía a través de sus Resoluciones, actualmente hay 84 mecanismos de búsqueda activos.

Es importante reseñar que el 64% de personas localizadas en realidad estaban en “ausencia voluntaria”, esto significa que habían apagado el celular o se les había acabado la batería y esa era la razón por la que alguno de sus familiares no podía localizarlos.

Quiero hacer mucho énfasis en que una cosa es una persona que no ha sido ubicada y otra muy distinta es establecer que una persona está desaparecida. Respecto a los reportes que envío la Defensoría no se trata de desapariciones, sino que la entidad canaliza reportes para que se activen mecanismos de búsqueda de personas que no están siendo ubicadas en forma momentánea.