* Los focos del vandalismo
* Urge resolver los cortocircuitos
Por supuesto lo que está en juego en Bogotá, cuando la alcaldesa Claudia López denuncia que ha sido amenazada por parte de los vándalos y desestabilizadores apostados en un par de terminales focales de Transmilenio y ciertos lugares adicionales de la ciudad, no es para nada un tema de poca monta. Por el contrario, es un hecho que exige la solidaridad completa para con quien lleva la vocería y representación de la metrópoli en su denuncia ante la Fiscalía, en la que se pide además, investigar las amenazas conocidas esta semana en torno a que podrían atacar buses del sistema de transporte público masivo, incluso con pasajeros a bordo, como objetivo.
No puede haber allí, pues, diferencias partidistas, ni elementos distractores frente a lo que verdaderamente compete en el restablecimiento total del orden público capitalino. Porque, desde luego, lo que hay en aquellos sitios no es en modo alguno protesta pacífica, ni remanentes del paro, sino la intención clara de producir un reto a las potestades que encarna la alcaldesa. De lo cual obviamente tampoco puede sustraerse ella, ni en lo personal ni en lo institucional. Mucho menos, claro está, siendo la primera autoridad de policía, según está establecido en todas las normas correspondientes.
Por demás, como lo ha dicho Claudia López, no es dable ceder ante una exigua minoría que pretende sembrar la violencia y el caos como modus vivendi. Una exigua minoría que, ciertamente, hace caso omiso de los derechos humanos, pretende escudarse en insensatos emblemas y procede en las tinieblas de la noche, bajo el anonimato de las capuchas y la conocida patología del vandalismo, destruyendo la infraestructura y generando un ambiente de muerte y terror. Además, cuyo propósito esencial, como se sabe, es derruir el imperio de la ley o asumirla por propia mano. Lo cual se conoce, al menos en los términos insoslayables de la normatividad actual, como asonada o sedición.
Dice la alcaldesa, para el caso, que no admitirá “zonas de despeje” o “repúblicas independientes”. De hecho, ya de antemano los habitantes de los sectores afectados han salido, de modo reiterativo, a enfrentarse con quienes les han quitado la tranquilidad y los han sometido al perjuicio de verse constantemente inmersos en el peligro y la provocación. Son dos jóvenes, al mismo tiempo, los que han fallecido en medio de las citaciones vandálicas que tratan de ser contenidas por los cuerpos especializados de Policía, una vez suelen fracasar los protocolos de diálogo adoptados para este tipo de casos, previo a la operación antidisturbios. Hasta el momento no se tiene noticia de los autores de aquellas muertes lamentables y circunscritas a la situación incierta que se vive en cada intimación a la barbarie.
Asimismo, en una y otra ocasión la Secretaría de Gobierno ha llamado al entendimiento, por lo general cayendo en el vacío, y los Puestos de Mando Unificados se ven también desbordados. Las propias autoridades han dicho, de otro lado, que en algunos de las terminales de transporte público lo que se está dando, de forma subyacente, es una lucha entre bandas de microtráfico para adquirir el dominio barrial para sus ilícitos. También prevalecen, por su parte, ciertos lugares donde se cobran peajes ilegítimos o se despachan amenazas para quienes no participen de la anarquía. Y no es secreto, tampoco, que en la ciudad existen milicias urbanas dirigidas por las cúpulas guerrilleras.
Al mismo tiempo, esta semana se dejó entrever un cortocircuito tanto por la renuncia del Secretario de Seguridad como del Consejero de Derechos Humanos. Es de esperar que con los nuevos nombramientos se recupere la unidad de criterio porque lo que no ha habido, claramente, es una estrategia unívoca por parte de la Administración ante estos aspectos fundamentales. La cifra de dos muertos, en los hechos recientes, causa desde luego estupor y es un llamado a tener designios precisos de la Alcaldía. La protesta social y el paro son por supuesto una cosa, pero muy otra es la intención de promover la anarquía en algunos sitios donde las autoridades parecerían impotentes ante los retos institucionales que se les presentan. En esto también tiene un papel prioritario el Concejo Distrital porque, de acuerdo al Estatuto Orgánico de Bogotá, la corporación es la primera autoridad de la ciudad. Siendo así es indispensable escuchar su voz y que actúe de modo decisivo de la mano de la Alcaldesa Mayor.