La Procuraduría General de la Nación pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que les exija a los excombatientes de las Farc-EP que actuaron en la zona de influencia de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, en Nariño, una mayor colaboración para lograr la ubicación y eliminación de las minas antipersonales plantadas en esa región.

En su escrito de observaciones a las versiones voluntarias rendidas en desarrollo del macrocaso 002, que prioriza el conocimiento de la situación territorial en esa zona del país, el órgano de control señaló que los comparecientes no brindaron claridad respecto a los lugares específicos en los que fueron colocadas y “donde posiblemente aún continúan plantadas”.

Para el Ministerio Público, no se ha considerado el daño causado a las comunidades y a los territorios en los que fueron sembradas las minas, lo cual dificulta cumplir con el objetivo de reparación y no repetición, así como “restituir el derecho al goce efectivo de la tierra con plena libertad por víctimas, desplazados y la comunidad en general”.  

Mayor compromiso con la verdad 

La Procuraduría analizó 72 diligencias rendidas por exintegrantes del llamado comando conjunto de occidente, las columnas móviles Daniel Aldana, Mariscal Sucre y el frente 29, la Procuraduría recalcó que se requiere un mayor compromiso de los comparecientes en su aporte a la verdad, el reconocimiento de hechos victimizantes y con la no repetición, pues las respuestas dadas en sus versiones “en poco ayudan a traer claridad sobre los destinatarios de los ataques, las formas de ejecución y el tiempo que se tomaban para consumarlos”.

El Ministerio Público encontró un avance mínimo en materia de aportes a la verdad por violencia sexual, por lo que solicitó que se prioricen esas conductas en las versiones rendidas, así como se diseñen estrategias para que los exguerrilleros reconozcan su responsabilidad y brinden su testimonio de manera plena, detallada y exhaustiva. 

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Con relación al reclutamiento forzado de ciudadanos, indicó que se espera de los comparecientes un cambio en su argumentación, que implique el reconocimiento de ese comportamiento y una mayor claridad en las versiones sobre temas como las estrategias y métodos empleados. Además, “que se expliquen con detalle las consecuencias que tenía para la población civil el rehusarse o negarse a engrosar las tropas de la guerrilla”. 

Profundizar en casos por desaparición forzada

Igualmente, requirió que se indaguen con mayor profundidad los casos de desaparición forzada, las poblaciones que resultaron más afectadas por ese flagelo y la frecuencia con la que esos hechos se ejecutaron en el territorio, pues “hasta este punto ni siquiera ha sido posible determinar cuál era la regla general y cuál la excepción en cuanto a la disposición de cuerpos después de los homicidios. No es claro si se utilizaban los cementerios municipales, con qué tanta generalidad se lanzaban los cadáveres a los ríos o se dejaban abandonados en puntos remotos de la selva. Este panorama de indeterminación impone la búsqueda rigurosa de respuestas que permitan entender la visión y el proceder de las Farc a este respecto”, precisó el órgano de control.

En el documento, la Procuraduría solicitó a la JEP profundizar en las preguntas relacionadas con el uso de amenazas e intimidaciones sobre la población, conductas que ocasionaron el desplazamiento forzado que sufrieron las comunidades en esa zona del país. 

Finalmente, el órgano de control pidió a la jurisdicción evaluar la posibilidad de llamar a versión voluntaria a algunos miembros del secretariado de las Farc de ese entonces, para que rindan su versión sobe lo relacionado con el plan de ataque a la infraestructura petrolera y energética, “sobre todo en lo atinente a la destrucción de la naturaleza y el territorio generada con ese actuar”, puntualizó.