Populismo a todo vapor | El Nuevo Siglo
Martes, 6 de Julio de 2021

* Petro propone imprimir billetes

* No alarmarse con calificadoras

 

La decisión de Fitch de bajar la calificación crediticia a Colombia, a semejanza de otra entidad que lo hizo previamente, aunque mala noticia no es el fin del mundo como muchos quieren hacerlo ver. En efecto, pese a no ser lo ideal, podemos vivir con esta evaluación negativa. A Colombia, ciertamente, se le encarecerán en unos puntos los préstamos que tome en el mercado privado de bonos, por lo cual es aconsejable volver a los rubros anteriores. Pero, de otro lado, por fortuna tenemos abiertas diversas y abundantes líneas de crédito con las entidades multilaterales que no nos exigen certificados de este tipo. Y que, además, son la base primordial de la financiación del país.

Valga decir, sin embargo, que mucho más preocupante para la comunidad internacional es ver, por ejemplo, al senador Gustavo Petro punteando las encuestas presidenciales. Y saber, en esa dirección, que una de sus propuestas medulares es emitir dinero a todo vapor por nuestro banco emisor para financiar más gasto público. Eso sí es motivo de alerta general para quienes siguen la hacienda pública colombiana desde el exterior, por sus efectos inflacionarios devastadores sobre la economía y la agenda social.

En la misma medida, pues, también debe ser causa de honda inquietud para todos los colombianos, en especial los que más sufren con un espiral de este género, que por lo general son los asalariados y en mayor proporción los más vulnerables.      

Bastaría recordar, en ese caso, que las grandes inflaciones del cono sur latinoamericano en las últimas décadas del siglo XX, que por demás arrasaron con tantas economías como la argentina, se gestaron precisamente en este estilo de maniobras atolondradas. Una época estremecedora cuando los sumisos bancos centrales se iban de bruces otorgando los créditos que a bien quisieran los gobiernos populistas que, a su vez, dominaban a los organismos emisores con guante de hierro y la manga ancha de la irresponsabilidad y la politiquería autoritaria. Fue una de las grandes causas del empobrecimiento en América Latina. Y un círculo diabólico del cual todavía se resienten ciertas economías de la región.    

En buena hora nuestra Constitución, que por estas fechas está cumpliendo 30 años, es supremamente restrictiva con los créditos que el Banco de la República le brinde al gobierno nacional. En esa hipótesis, que solo podría acaso contemplarse cuando el Ejecutivo tenga cerrada todas las demás opciones de crédito, la Carta exige el voto unánime de los directores. Unanimidad que seguramente no recogería nunca una idea abiertamente populista del tenor de la planteada por Petro.

Ante escenarios como este se valora, justamente, la independencia con que la Carta dotó a nuestro banco emisor con relación a los gobiernos de turno. De hecho, esa independencia de los bancos ventrales frente a los esporádicos detentadores del poder es uno de los avances más importantes del constitucionalismo moderno. Una práctica, asimismo, lograda en los últimos cincuenta años en casi todo el mundo. Y que en Colombia ha tenido efectos positivos al mantener la inflación a raya: un triunfo inobjetable de la Constitución de 1991.  

Como se dijo, el actual problema fiscal colombiano no consiste en que el gobierno no tenga, para nada, puertas crediticias donde tocar. De suyo, tiene abiertas las del FMI (donde tenemos una importante disponibilidad de más de US$ 12.000 millones y donde, además, acaban de otorgarnos un renglón especial de giro por más de US$ 2.500 millones).  Tenemos también, sin necesidad de certificados, intacta la credibilidad financiera adquirida como país a lo largo de la historia contemporánea. Colombia siempre ha sido un puntual pagador, de modo que es dable recurrir al mercado financiero cuando necesitemos. Nuestro problema, pues, no sería que el Banco de la República no autorizara créditos al gobierno nacional: es que éste no es un tema a lugar y que de otra parte resulta altamente inconveniente.

Lo que necesitamos es modernizar nuestra estructura tributaria. Esto lo ilustra muy bien la motivación que dio Fitch para explicar la baja de calificación a Colombia. La reforma que se presentará el próximo 20 de julio debe ser entonces una primera respuesta, con miras a sufragar las ingentes necesidades de los más vulnerables.

Todo parece indicar, sin embargo, que la reforma apenas será parcial. El propio gobierno ha dicho que a la administración próxima le corresponderá hacer una parte del ajuste que la actual no alcanzará a realizar. Pero esa es la dirección correcta: no es la de prender irresponsablemente las imprentas del Banco de la República para emitir dinero. Eso siempre se sabe cómo comienza, pero nunca dónde termina.