* La debacle humanitaria

* Ruptura fortalece actividades ilegales

 

El gobierno Biden ha dado señales de un cambio de rumbo en la aproximación de Estados Unidos a la crisis de Venezuela: negociación con mira a elecciones “libres y justas”. Hemos dicho que, en ese caso, la idea debe ser de inmediato acompañada del regreso, con todas las garantías, de los líderes de la oposición en el exilio y del retorno ipso facto del periódico El Nacional a sus dueños legítimos, como muestra inicial e irrevocable del respeto irrestricto por la libertad de prensa.

Pero ese nuevo enfoque electoral, cuyos resultados no serán automáticos, no cambia la prioridad de Colombia en la frontera: fortalecer la lucha contra los remanentes de las Farc y las mafias que adelantan actividades criminales desde territorio del vecino país, y atender las necesidades de millones de venezolanos desamparados.

El régimen dictatorial chavista sigue sumiendo a esa nación en el caos económico, agravado por las devastadoras consecuencias de la pandemia de covid-19 y las acusaciones de Estados Unidos contra el detentador del poder y varios de sus más inmediatos colaboradores por narcotráfico y otros delitos. Sin embargo, el apoyo de China, Rusia, Irán, Turquía y otros países, les garantiza hasta ahora su permanencia en la dirección de la atribulada nación.

Entre tanto los 2.019 kilómetros de la frontera avanzan pavorosamente en su degradación como una de las zonas con mayor criminalidad en Latinoamérica, en la cual confluyen múltiples actores -Eln, disidencias y reincidencias de las Farc, paramilitares y otras mafias- que desarrollan actividades altamente rentables como narcotráfico, reclutamiento de menores, trata de personas, minería criminal y contrabando de ganado, combustibles, alimentos y divisas, entre otros.

Desde el 16 de agosto de 2015, cuando se produjo la ruptura diplomática y política y el consecuente cierre de la frontera, no hay mayor tránsito a través de los puestos fronterizos, pero a todo lo largo de la franja limítrofe proliferan trochas controladas por el crimen organizado, a través de las cuales se desarrollan actividades y un comercio inercial de todo tipo de mercancías estimado en 1.000 millones de dólares al año.

La ausencia de algún tipo de conexión entre los Estados favorece a las facciones ilegales, quienes ven prosperar sus actividades y ejercen el mando, algunos con autorización y respaldo de militares y civiles de la dictadura. La bonanza del crimen es escalofriante.  Nuestro imponente Catatumbo tiene hoy una de las tasas de cultivo de coca y producción de cocaína más altas del país. Los estados de Apure, Amazonas y Bolívar en Venezuela son santuario para las disidencias y reincidencias de las Farc y en especial para el Eln. De acuerdo con una investigación de la ONG Insight Crime y de testimonios de líderes de la oposición, en complicidad con el ejército venezolano la guerrilla colombiana gobierna y controla la minería de oro y de coltán en esos territorios.

Este auge de la criminalidad genera inseguridad allá y en el resto del país. 4.911 personas fueron asesinadas entre 2012 y 2019 en municipios de frontera con Venezuela y 203 fueron secuestradas, a lo cual se une el efecto de la descomunal crisis humanitaria por la migración masiva de venezolanos.

Restablecer el orden en esos territorios es un imperativo categórico, aquí y ahora. Para ello es indispensable frenar el ímpetu de las actividades criminales y el dominio del territorio por los ilegales. Urge atender las necesidades y reclamos de los doce millones de ciudadanos que viven a lo largo de la frontera -5.5 millones en el lado colombiano-. También se deben regularizar y fortalecer los controles sanitarios para contener la pandemia.

Lograr ese objetivo implica ir más allá del apoyo de Duque al fantasmagórico gobierno de Guaidó, que en nada puede colaborar en ese propósito. La Constitución y la ley autorizan a los gobiernos locales de zonas fronterizas a desarrollar iniciativas con sus pares en beneficio de la población. La gobernación de Norte de Santander y varios grupos de empresarios y sociedad civil han adelantado discretos diálogos, con algunos resultados, pero no logran hasta ahora el respaldo más decidido de nuestro gobierno. 

En junio pasado un decreto del Ministerio de Interior, en el marco de la pandemia, aportó medidas para facilitar la apertura de los pasos limítrofes. La norma fue rechazada de inmediato por Maduro pero, al mismo tiempo, hizo una furtiva invitación para avanzar en la coordinación bilateral de medidas de seguridad, comerciales y sanitarias “que eventualmente podrían llevar a la reapertura acordada de los pasos fronterizos entre ambos países”. Desde luego eso no puede implicar reconocimiento alguno de su gobierno espurio.

Así las cosas, la ruta de un entendimiento, de alguna índole, se puede construir desde los gobiernos locales, los gremios y la sociedad. Ya la reconstrucción plena de la relación binacional y el intercambio comercial dependerán de procesos más complejos y demorados, en especial del que quiere desplegar Estados Unidos. La crisis humanitaria y el galope de la criminalidad imponen priorizar lo urgente, porque, si seguimos a este paso crítico, más adelante no habrá siquiera territorio que recuperar.