Ojo a las masacres | El Nuevo Siglo
Martes, 20 de Julio de 2021

* Homicidios colectivos repuntan de nuevo

* Ajustar política de seguridad y orden público

 

En el marco de la celebración de un aniversario más de Día de la Independencia, un sentido y merecido homenaje se rindió ayer en todo el país a la labor que cumple la Fuerza Pública. En la ceremonia de instalación del Congreso, el Presidente de la República, el gabinete en pleno, los más altos dignatarios del poder judicial así como la mayoría de los senadores y representantes a la Cámara dieron un cerrado, largo y emotivo aplauso a la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía, reconociendo así la tarea diaria de centenares de miles de hombres y mujeres que cumplen abnegada y valientemente su misión de velar por la vida, honra y bienes de todos los colombianos.

Igual ocurrió en muchas ciudades y municipios del país, en donde las autoridades y la ciudadanía ponderaron la labor de los uniformados que libran una batalla ardua contra todos los fenómenos criminales. Si bien por una obvia precaución de bioseguridad no se realizaron -por segundo año consecutivo- los tradicionales desfiles militares y policiales, las redes sociales se inundaron de mensajes felicitando al personal de las Fuerzas Armadas. Por igual, no faltaron algunas voces críticas de sectores radicales -muchos de ellos escudados en el anonimato de las plataformas digitales- que tienen como fin primordial denostar del accionar de la Fuerza Pública en pos de deslegitimar el Estado Social de Derecho y abrir paso a la violencia y la anarquía.

Es innegable que los retos en materia de seguridad y orden público crecen día tras día. Y en ese marco hay avances en la reducción de homicidios y buena parte de los delitos de alto impacto. La lucha contra el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, la minería ilegal, el contrabando, la violencia intrafamiliar, los abusos sexuales y otras conductas ilícitas muestran cifras positivas.

Sin embargo, también es evidente que en materia de hurtos de distinta modalidad la curva no se reduce. A ello se suma que hay un peligroso reciclaje de la violencia local y regional, derivado principalmente del reacomodamiento de grupos ilegales como la guerrilla del Eln, las disidencias y reincidencias de las Farc, las bandas criminales de alto espectro, los carteles de la droga así como la evolución mafiosa de estructuras de microtráfico, extracción ilícita de minerales y tala de árboles, entre otros flagelos.

La mezcla de todos esos factores de criminalidad, sobre todo en cuanto a la violenta competencia por los corredores de narcotráfico y otros delitos de alto impacto, está detrás de la racha de asesinatos de líderes sociales y desmovilizados. Y también es la causa principal de otro de los fenómenos que más alarmas tiene encendidas en todo el país: las masacres.

Las estadísticas del Ministerio de Defensa señalan que en el primer semestre se presentaron 17 homicidios colectivos con 81 víctimas. Sin embargo, monitoreos como los de Indepaz señalan que, con corte al pasado sábado, se han registrado 54 masacres en lo corrido de 2021, con 203 víctimas. De hecho, en solo julio reporta ocho matanzas con 29 personas asesinadas. Los últimos dos casos fueron el domingo en Yolombo (Antioquia) y el lunes en Santander de Quilichao (Cauca).

Como se indicó, al igual que con los líderes sociales y reinsertados, las investigaciones de la Fiscalía evidencian que los móviles y autores materiales de buena parte de los homicidios colectivos terminan siendo los mismos: Eln, facciones residuales de las Farc, bandas como el ‘Cartel del Golfo’, mafias de minería ilegal, tala de árboles, contrabando y microtráfico… Tampoco se puede desconocer que no en pocos casos se habla de ‘ajustes de cuentas’ entre factores ilícitos como la hipótesis más probable de varias matanzas.

¿Qué hacer? No es una misión fácil. Por el contrario, hacerle frente a este fenómeno delincuencial exige una estrategia integral y compleja por parte no solo de las Fuerzas Militares y de Policía, sino de fiscales, jueces, organismos de inteligencia, Defensoría del Pueblo, alcaldes, gobernadores e incluso de las propias organizaciones civiles y de derechos humanos a nivel departamental y municipal. Se requiere, igualmente, hacer más eficiente el sistema de alertas tempranas y redoblar la adopción de medidas de seguridad preventivas a personas en situación de riesgo.

En modo alguno el país puede volver a esas nefastas épocas en que las masacres eran uno de los dramas diarios del país. Urge, en consecuencia, aumentar la eficiencia de la estrategia de seguridad y orden público para frenar el rebrote de este desangre.