- La conformación del nuevo gabinete
- Readecuar el país a un mandato cuatrienal
A dos semanas de asumir el poder el presidente electo Iván Duque ya tiene definida la casi totalidad de su nómina ministerial. Ayer, al cierre de esta edición, sólo le faltaba por señalar a quien ocupará la cartera de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Como es apenas obvio el anuncio a cuentagotas de los titulares del gabinete ha generado un alud de reacciones y los debates han estado a la orden del día por temas como edad, trayectoria, experticia en los temas a manejar, equidad de género, cercanía con los gremios y el sector privado y, como siempre ocurre, múltiples hipótesis sobre origen político y milimetría partidista. Si bien esta clase de controversias resultan atractivas para la galería y los corrillos, en modo alguno se puede convertir en el foco de la política o un primer indicador de lo que le espera al país en la próxima administración, más aún en un país que lejos de superar la polarización, parece imbuirse cada día más en ella.
En medio de semejante maremagno de interpretaciones, a cual más subjetivas y contradictorias, sobre el perfil de la nueva nómina ministerial, lo cierto es que lo más importante no terminan siendo los nombres de los que serán los más inmediatos colaboradores del entrante mandatario -más aún porque se trata de profesionales con suficientes méritos para ocupar los cargos- sino las políticas públicas que ellos tendrán que liderar y ejecutar. Esa plataforma programática es la prioridad en materia gubernativa, más aun entendiendo que la entrante administración no sólo le hizo dura oposición a la saliente sino que ha prometido un viraje sustancial en muchos campos desde el primer momento en que arranque en firme en la Casa de Nariño.
Si bien es cierto que durante la agitada campaña electoral Duque dejó en claro cuáles serían los énfasis de su mandato y delineó muchas de sus ejecutorias, llegó la hora de aterrizar a políticas y medidas concretas, proyectos de ley y actos legislativos puntuales y borradores de directrices reglamentarias y administrativas todo lo prometido en la contienda proselitista, que recibió el respaldo de más de diez millones de votos.
Como ya lo hemos advertido en estas páginas, tanto el Ejecutivo entrante como el Congreso y los demás sectores políticos, económicos, sociales, gremiales e institucionales, en los distintos niveles nacional, regional y local, deben adecuarse a la realidad que impone la no existencia de la reelección presidencial. Repensar la gestión de gobierno en un lapso cuatrienal no es fácil cuando gran parte del aparato estatal se venía manejando con un ‘chip’ del doble de tiempo. Adecuarse a esa nueva realidad institucional exige, en primer lugar, acelerar la toma de decisiones en materia de metas a corto, mediano y largo plazos. Hecho lo anterior, hay que formalizar eficientemente cada propósito en una política específica. Es allí en donde la construcción del Plan Nacional de Desarrollo resulta determinante para señalar esa hoja de ruta gubernativa. Sin embargo, este proceso podría tardarse todo este segundo semestre en el Congreso. Ahora bien, en vista de que la primera legislatura es la más importante para cualquier mandato presidencial resulta urgente señalar algunas prioridades e irlas tramitando de forma paralela o incluso anticipada al mencionado Plan. La definición ya de la coalición parlamentaria gubernamental así como la integración del gabinete son apenas dos de los principales puntales de esa estrategia.
Visto todo lo anterior, no es arriesgado concluir que son crecientes las expectativas sobre las primeras decisiones del gobierno Duque. Y ello impone, de entrada, una responsabilidad muy alta en el Ejecutivo. La opinión pública está esperando en no pocos escenarios pruebas concretas y tangibles del cambio prometido en campaña. En atención a ello, entonces, tanto el Presidente electo como su gabinete y más altos funcionarios no pueden arriesgarse a decepcionar tanto a su electorado como a quienes no los apoyaron en las urnas. Hay una serie de problemáticas coyunturales y estructurales que exigen movidas audaces que deben tomarse desde el vamos. No se trata, en modo alguno, de saltarse la planificación seria, objetiva y profunda de las políticas públicas. Todo lo contrario, esta es una obligación del Ejecutivo inesquivable. Sin embargo, hay que apretar el paso no sólo porque un cuatrienio gubernamental resulta corto ante la cantidad de desafíos que tiene el país, sino porque la expectativa creada por el relevo presidencial es muy alta, y muchos sectores están urgidos de ver ajustes rápidos y determinantes. Negar esa realidad sería de extrema ingenuidad.