- Compilar rápida y coherentemente los proyectos
- No son necesarias nuevas misiones de expertos
Un alud de proyectos se radicó el viernes pasado durante el primer día del nuevo cuatrienio legislativo. En medio de ese ‘maremagno’ hay expectativas sobre las propuestas de ajuste al sistema político y electoral que distintas entidades, partidos, congresistas y Ejecutivo entrante prometieron impulsar. Incluso se espera que tanto la Registraduría como el Consejo Nacional Electoral (CNE) procedan a aterrizar sus planteamientos al respecto. También se han escuchado voces que sugieren retomar las conclusiones de la Misión Electoral Especial que, a comienzos del año pasado, presentó al Gobierno Santos un proyecto integral de reforma que luego fue socializado con distintas colectividades y llevado al Congreso, en donde en medio de agitados debates y el arranque de las campañas parlamentarias y presidencial, fue drásticamente recortado. Al final, la iniciativa tuvo un entierro de tercera en el Senado durante la agonía del mecanismo de vía rápida legislativa o ‘fast track’.
Vendría luego la recta final de las contiendas proselitistas para renovar el Parlamento y definir el relevo en la Casa de Nariño. En una y otra campaña fue evidente que el sistema electoral en Colombia arrastra múltiples falencias. Aunque se aplicó por primera vez una ley que convirtió en delito muchas infracciones administrativas en materia de fraude al sufragante y trampas a la democracia, lo cierto es que los vicios de siempre estuvieron a la orden del día: compraventa de votos, trasteo de electores, violación de topes de financiación de campañas, recursos ilícitos empujando candidaturas, inscripción de aspirantes inhabilitados, abusos con las aspiraciones soportadas en firmas, sospechosas designaciones de jurados y múltiples dudas sobre el sistema de información electoral y los escrutinios… Incluso, la Fiscalía puso al descubierto un día antes de los comicios congresionales una de las más estructuradas maniobras de fraude conocidas hasta el momento.
Lo hizo en Barranquilla y desde ese mismo día dejó en la mira a una candidata al Senado que finalmente resultó electa, pero que apenas unas semanas después fue enviada a la cárcel. En el mismo sendero de investigación, el ente acusador, bajo el llamativo nombre de “mermelada tóxica”, en alusión a las maniobras corruptas que involucran malversación de “cupos indicativos” y de otros contratos y presupuestos oficiales a nivel nacional, regional y local, ha revelado distintos casos de componendas que tienen bajo la mira de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a varios parlamentarios, al tiempo que casi dos decenas de funcionarios y particulares están tras las rejas.
En vista de que en octubre del próximo año se llevarán a cabo las elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, es obvio que si este Congreso decide abocar un proyecto de reforma tendrá que hacerlo de manera inmediata, pues varios de los ajustes son del orden constitucional y exigen ocho debates en dos tramos de legislatura distintos, lo que implica que antes de diciembre deberán surtirse los primeros cuatro y en el segundo trimestre de 2019 los restantes. Sólo cumpliendo ese cronograma sería posible que las renovadas reglas del juego puedan aplicarse para dar más transparencia a la escogencia de las autoridades departamentales y municipales.
Partiendo de este escenario circunstancial, lo que procede es que todos los partidos, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y el propio Gobierno entrante pongan rápidamente sobre la mesa sus respectivas propuestas de reforma. No hay necesidad de más misiones de expertos, como tampoco de convocar a colectividades, autoridades electorales, academia, altas cortes judiciales y otras instancias para que, entre todas, busquen conciliar un proyecto y llevarlo luego al Parlamento. No, este es un problema ya lo suficientemente diagnosticado y el menú de posibles soluciones a las reconocidas falencias está sobre la mesa. En esta materia ya todo está inventado y la posibilidad de nuevos mecanismos es muy limitada. Lo que falta, en realidad, es la suficiente voluntad política para escoger la alternativa de ajuste más adecuada y aprobarla. El mejor escenario para ello son las comisiones Primeras y las plenarias de Senado y Cámara, en donde, dicho sea de paso, la entrada en vigor del Estatuto de la Oposición permitirá que la correspondiente discusión sea más equilibrada e incluyente.
Como se ve, en materia de reforma política y electoral no hay tiempo que perder. Urge que las distintas propuestas se den a conocer lo más pronto posible y arranque un debate parlamentario serio y profundo. Como se dijo, esta reingeniería no ha sido posible por falta de voluntad política de las bancadas y gobiernos anteriores. Ahora que se promete lo contrario, es hora de comprobarlo.