* Las prioridades del aquí y ahora
* Imprescindible mantener ese rumbo
La definición más básica, y por lo mismo determinante, de lo que es y significa un gobierno en un sistema democrático es aquella que lo explica como la autoridad de origen popular llamada no solo a hacer cumplir los deberes y derechos, sino a solucionar las problemáticas de los gobernados. Esta premisa, que suele perderse de vista en medio del agitado día a día de cualquier país o región, es bueno traerla a colación para analizar el alcance y énfasis del discurso presidencial en la instalación del Congreso, en el que la máxima prioridad fue la agenda social.
Aunque el Plan de Desarrollo aprobado en 2019 fijó una bitácora cuatrienal distinta, la irrupción de la pandemia a comienzos del año pasado y su duro coletazo en materia sanitaria, social y económica cambió todo el foco gubernamental, bajo la lógica -como ya se dijo- básica y determinante de que las necesidades de los gobernados cambiaron sustancialmente y le correspondía al Ejecutivo, en su calidad de principal brazo ejecutor del Estado, concentrarse en buscar solucionarlas de forma rápida y efectiva.
Desde que comenzó la emergencia por el covid-19 insistimos en que la Casa de Nariño debía enfocarse en amortiguar el impacto de la crisis pandémica en todos sus flancos. Tras dieciséis meses, las cifras oficiales sobre el alcance y dimensión inédita del plan de contingencia son elocuentes en torno a cómo la agenda social se erigió en el eje del accionar gubernamental.
El inventario presidencial ante el Legislativo así lo evidencia: la capacidad de camas de cuidado intensivo pasó en cuestión de meses de 5.400 a más de 12 mil; de un laboratorio que procesaba mil pruebas al día llegamos a más de 166 con capacidad de hacer 100 mil exámenes; se dirigieron ingentes recursos para poner al día en temas laborales al valiente y sacrificado personal de la salud; y desde mediados de febrero a hoy se han administrado más de 24 millones de dosis de vacunas y se vislumbra posible inmunizar a 35 millones de compatriotas antes de diciembre. Esas cifras parecían inalcanzables hace apenas unos meses.
En cuanto a auxiliar a los millones de familias impactadas por la pandemia los resultados también son dicientes: más de 30 billones de pesos invertidos en distintos programas de asistencia directa a las clases vulnerables. Por ejemplo, se creó el Ingreso Solidario para más de tres millones de familias que nunca habían recibido apoyo estatal; ampliación de subsidios existentes como Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción; cuatro millones de empleos formales recuperados del impacto inicial de la pandemia, gracias a que 194 mil compañías recibieron aportes oficiales para ayudar a pagar salarios; 14,6 millones de canastas nutricionales entregadas casa por casa; y ahora matrícula cero para 700 mil estudiantes de estratos bajos en la universidad pública así como incentivos para la contratación laboral de jóvenes entre 18 y 28 años, entre otras medidas.
A la par de ello, las metas del Plan de Desarrollo ya redundan en un récord de entrega de subsidios para vivienda de interés social y de otras modalidades. A ello se suman 1,9 millones de colombianos más con servicios de agua potable y saneamiento básico. En cuanto a la implementación del acuerdo de paz, hay avances muy considerables como ayudas directas a 700 mil víctimas del conflicto y 30 mil familias beneficiadas con titulación de tierras, con la promesa de llegar a 50 mil dentro de un año.
Claro, no ha sido fácil enfrentar una crisis pandémica de semejantes y tan lesivas dimensiones. Sin embargo, el esfuerzo público, privado y de la población ha sido superlativo. Por desgracia, claro está, Colombia ha perdido más de 115 mil compatriotas por el embate del virus, pero sin el plan de contingencia el saldo fatal sería sustancialmente más alto. Igual ocurre con los 4,6 millones de contagiados. El desempleo sigue alto, pero no en las dimensiones catastróficas de mayo del año pasado. La reactivación económica y productiva, a su turno, ya tienen al PIB creciendo en números positivos, en tanto se ejecutan o están en vías de serlo cerca 545 proyectos de infraestructura y otros rubros, con una inversión cercana a los 141 billones de pesos. Incluso, el dramático aumento de siete puntos en la pobreza se está empezando a paliar con el impacto de los programas de enfoque social.
Todo lo anterior explica por qué el núcleo del discurso del presidente Duque en la instalación del Congreso fue precisamente el de la preponderancia de la agenda social por sobre cualquier otro tema. Y también revalida la importancia inaplazable de que el Parlamento apruebe el proyecto de reforma tributaria o de Inversión Social, cuya esencia es, precisamente, la de poner el gobierno al servicio de la gente y la viabilidad de soluciones prácticas para las difíciles circunstancias del aquí y ahora.