Al llegar a sus primeros 100 días de gobierno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden expuso como grandes logros la reactivación de la economía y la acelerada lucha contra el covid-19. Ahora, cuando acaba de cumplir seis meses de gestión, esos dos frentes tienen nuevos y mayores desafíos que ponen a prueba la capacidad de negociación política de la Casa Blanca.

El millonario plan de ayuda social por USD 1.9 billones que el Congreso le aprobó en marzo -sin el aval republicano- permitió a Biden acelerar la lucha contra el coronavirus (más test de detección y vacunas) y mantener los cheques federales para familias (entre US$1.000 y US$1.400 mensuales), desempleados y centros educativos, entre otros. Estos giros, en consecuencia, llevaron a aumentar el consumo de los hogares jalonando toda la cadena de la economía, pero a la vez disparando los precios, lo que hizo que Estados Unidos alcanzara, en junio, su tasa más alta de una década.

Según informó el Departamento de Trabajo, la inflación interanual se incrementó un 5,4% y 0,9% respecto a mayo, al igual que los precios al productor (7.3% en los últimos doce meses, el más alto de la década). Tanto la Reserva Federal (FED) como analistas señalan que este empuje inflacionario se mantendrá por meses.

A ello hay que adicionar que si bien se han generado empleos se está muy lejos, tanto de los proyectados como los que había en la prepandemia, al igual que la solicitud de subsidios al desempleo se mantiene alta.

Biden ha manifestado que la subida de precios era previsible por el relanzamiento económico y que tanto para volverla a su cauce como para poner en marcha su ambicioso plan de empleos se requiere que el Congreso apruebe el gigantesco plan de gastos sociales e infraestructura que, bajo el nombre de “Proyecto para las familias estadounidenses” determina rubros históricos de inversión para la educación, la infancia, la tecnología, la adecuación o construcción de obras a nivel nacional, al tiempo que mantiene las ayudas federales para impulsar el gasto, las que vencen en septiembre.

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A negociar

Decantada la euforia demócrata tras la posesión de Biden y reoxigenada con su primer discurso sobre el Estado de la Unión (al cumplir sus primeros 100 días de gestión), tanto el mandatario como su bancada (ínfima mayoría en Cámara y paridad en Senado) se han empleado a fondo para convencer a la oposición republicana de apoyar los proyectos prioritarios la administración.

El tradicional llamado a la unidad nacional y al trabajo bipartidista han tenido un fuerte choque con la realidad en el Congreso, donde los conservadores han expuesto contundentes argumentos contra el plan de infraestructura y la reforma electoral. Al primero lo consideran excesivamente costoso, lo que llevará el déficit público a un nivel sin precedentes que tardará años en cubrirse y, al segundo, porque se quieren tumbar leyes que buscan evitar el fraude.

La iniciativa sobre infraestructura ya recibió el visto bueno de la Cámara, por tener allí la mayoría que requiere, pero en Senado la situación es muy diferente ya que hasta el momento ninguno de los 50 republicanos, que a propósito le presentaron un plan alterno de mucho menor valor (USD 1,2 billones), se ha movido de la fila. Y, así, los demócratas no tienen cómo lograr los 61 votos que se requieren para aprobarlo.  

Aunque Biden ha recibido en dos ocasiones a los líderes republicanos en la Casa Blanca no ha modificado un ápice el plan que supera los US$2 billones y ante el alto riesgo de que se hunda tiene dos salidas: negociar con sus rivales políticos cediendo a sus ambiciosas pretensiones o hacer uso del mecanismo que le permite la aprobación por mayoría simple (es decir 51 votos). Pero vale recordar que un presidente solo tiene dos ocasiones de emplearlo en cada periodo legislativo y ya recurrió a éste para desbloquear el plan de ayuda social en marzo.

En este escenario es más seguro que el Presidente opte por retomar la negociación política con los republicanos, porque tiene otros pendientes (urgentes) para sacar avante, entre ellos su prometida reforma migratoria que no sólo garantizará la ciudadanía para los ‘dreames’ acogidos en el programa DACA -hoy en suspenso por la decisión de un juez federal- sino la regularización de al menos 11 millones de migrantes.

Ante el férreo bloque conservador, tanto la vicepresidenta Kamala Harris como la líder de la mayoría demócrata en la Cámara, Nancy Pelosi, han multiplicado sus llamados públicos al entendimiento bipartidista, esa manida frase que desde hace décadas es solo eso, un enunciado. Y de allí que sea el presidente Biden, quien además de su experticia como senador es un conocedor del tejemaneje en el Congreso, sea el único que pueda lograr consensos.

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Deshielo

Bajo esa óptica y en aras de una eficiente gestión, Biden está forzado a entenderse con la bancada republicana. A seis meses de mandato y tras irrumpir con un tsunami de órdenes ejecutivas, decretos y otras acciones en su primera semana como inquilino en la Casa Blanca (firmó 40) para reversar muchas de las decisiones de su antecesor, debe concentrarse en su agenda legislativa, de predominio económico.

Desde que llegó al poder, Biden ha tenido un índice de aprobación superior al 50%. Cuando asumió -el pasado enero- estaba tres puntos porcentuales por encima de esa cifra y su nivel de desaprobación era de 36%. Sin embargo, con el paso de los meses, la calificación negativa a su gestión ha ido creciendo, llegando en la última semana a un máximo de 48%.

Así lo revela RealClear Politics, que semanalmente hace un resumen de los sondeos de opinión política en Estados Unidos. Las más recientes (ayer) sobre la aprobación a la gestión del presidente Biden, indicaban: Político, encuesta de la mañana (Aprobación 52% - Desaprobación 44%), Economist (50% - 43%) y Rasmussen Report (50% -48%).

El mismo referente político norteamericano indica que frente a la pregunta sobre cómo va la dirección del país, en el sondeo de Economist un 36% dice que va en la dirección correcta frente a un 52% que va por el camino equivocado. La encuesta de Político ubica dichas cifras en 46% y 54%.

Finalmente, sobre el trabajo del Congreso, la encuesta de Economist indica que 22% lo aprueba contra 56% que lo desaprueba.

Con esos números que empiezan a estar en contra para el mandatario demócrata y crecen para el rendimiento parlamentario es urgente que Biden de el primer paso para un inaplazable deshielo en las relaciones con la bancada republicana. Su administración apenas comienza y los retos que Estados Unidos tiene tanto a nivel doméstico como externo requieren de una conveniente y clara coexistencia política.

Guardadas proporciones es el mismo deshielo que ha tenido en su política internacional. Ya tuvo un primer cara a cara con el presidente ruso, Vladimir Putin; tuvo otro telemático con ocasión de la cumbre que convocó sobre cambio climático con el mandatario chino Xi Jinping y ahora enviará al número dos del Departamento de Estado, Wendy Sherman a ese país asiático para reunirse con su canciller.

Y así como se ha movido en el plano externo, cumpliendo su promesa de retornar al multilateralismo, como se evidenció con el retorno de Estados Unidos al Acuerdo de París, a la Organización Mundial de la Salud, el levantamiento del veto a la Corte Penal Internacional, el pretendido liderazgo en la lucha contra el cambio climático y el relanzamiento de las relaciones con la Otan, debe hacerlo con táctica y tino en la política interna. Esa es su mayor prueba. Principio del formulario