- Lupa a este nuevo escenario proselitista
- La advertencia de la Corte Constitucional
La campaña para los comicios regionales y locales de octubre próximo entró ya en su parte definitiva. Una semana atrás cerró el plazo de inscripción de candidatos a gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas administradoras locales. Ayer, entretanto, vencieron los últimos cinco días que tenían los partidos y movimientos políticos para modificar sus aspirantes a cargos uninominales y listas para cuerpos colegiados. Es decir que ya quedaron en firme las postulaciones de más de 120 mil personas a los ejecutivos y legislativos en departamentos y municipios.
De igual manera, tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) como la Registraduría Nacional tienen vigente el marco normativo que regula topes de financiación de campañas, publicidad política, mecanismos para detectar fraudes y otros delitos electorales, reglas para las encuestas y todo lo que se requiere desde el punto de vista reglamentario para que la contienda proselitista y la cita en las urnas el 27 de octubre se lleven a cabo dentro de la mayor transparencia y eficiencia posibles.
Por otra parte, desde abril pasado se activó el Sistema Integral de Capacitación Electoral (SICE), una herramienta liderada por la Registraduría para ofrecer respuestas en tiempo real a la ciudadanía. Se trata de una plataforma que reúne a entidades como la Fiscalía, Procuraduría, Policía y Misión de Observación Electoral (MOE) con el fin de unificar información y construir un único sistema integral de capacitación electoral. Todo ello enfocado a reforzar la lucha contra la corrupción en la justa democrática.
De igual manera, en la primera semana de julio se activó el llamado “Plan Ágora de Transparencia y Seguridad para las Elecciones Territoriales”. Según el Ministerio del Interior es una estrategia integral para evitar al máximo la captura del Estado y del poder político departamental y municipal por parte del crimen organizado, las redes de corrupción y los carteles de la politiquería. Asimismo se puso en marcha el Grupo de Reacción Inmediata Electoral (GRIE), cuya finalidad es articular las acciones oficiales para garantizar el desarrollo normal de los comicios. También se cuenta con la “Comisión lntersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas” (Ciprat), que debe implementar la ruta especial de protección a candidatos, partidos y movimientos políticos en riesgo. A todo ello se unen las ya conocidas instancias de la “Ventanilla Única Electoral” y la “Unidad de Recepción Inmediata para la Transferencia Electoral” (Uriel). Incluso, el CNE y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) activaron un plan para prevenir y detectar lavado de activos y la financiación del terrorismo en los procesos electorales.
Todo ello está bien y se espera que funcione de manera adecuada. Sin embargo, hay flancos que preocupan. Uno de ellos es el relativo a la utilización electoral de las redes sociales en medio de una campaña regional y local que ya de por sí tiende a ser muy intensa y competida.
Lo primero que habría que decir es que las autoridades electorales han avanzado en cuanto a regulación y control de la publicidad política pagada en estas autopistas virtuales. Incluso, en la primera semana de julio la Superintendencia de Industria y Comercio advirtió a partidos y candidatos que deben respetar las normas sobre recolección, uso y tratamiento de datos personales en las campañas. El campanazo se dio a raíz de denuncias de ciudadanos que estaban recibiendo, sin previo permiso, publicidad política a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos y otros medios. Igualmente dentro del ya referido SICE se incluyó un mecanismo para detectar y desmentir las noticias falsas o ‘fake news’, que serán monitoreadas con inteligencia artificial, chequeadas por Colombia Check y La Silla Vacía, así como por un equipo académico de dos facultades de Ciencia Política y de Comunicación Social.
De otro lado, también se viene trabajando en un acuerdo de “Código de Buenas Prácticas” con las principales plataformas de redes sociales, teniendo en cuenta antecedentes recientes al respecto en México, Brasil y los comicios para el Parlamento Europeo. Ya en abril el CNE y Twitter suscribieron un memorándum de entendimiento para trabajar en la promoción de buenas prácticas en materia de concientización y formación cívica para el buen manejo ciudadano de la información política y electoral en redes sociales y otros entornos digitales.
Como se ve no se arranca de cero. Partidos y candidatos ya han sido instruidos al respecto de tales controles. Sin embargo, en medio de los apasionamientos propios de la campaña y la siempre presente ‘guerra sucia’, es necesario que la ciudadanía entienda que debe hacer un uso racional de las redes sociales. Ya la Corte Constitucional ha sido clara en advertir a los usuarios de estas plataformas digitales que si bien ellas permiten cierto anonimato -que las autoridades despejan rápidamente cuando tienen orden judicial-, no son patente de corso para injuriar, calumniar, amenazar ni incurrir en otros delitos. Por el contrario, al ser imposible borrar por completo los pronunciamientos digitales, estos se convierten en prueba fáctica contra los demandados, que no solo podrían terminar encartados penalmente sino llevándose por delante a candidatos y partidos políticos.