La autorización del Congreso está lista, pero depende de la decisión política del Ejecutivo. Con la colocación del 8,5% de las acciones se lograrían casi $11 billones de una compañía que produce cerca de $131 billones al año

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¿Puede un Gobierno vender un activo que le produce al año casi $13 billones para recoger apenas $10 billones? Cualquier economista diría que no, ya que de entrada no solo dejará un hueco en las finanzas sino que ya no tendría posibilidad de reemplazar lo que genera ese bien.

Pero en Colombia este hecho no es descabellado, sobre todo con lo que pueda suceder con Ecopetrol, la gallina de los huevos de oro del Estado y la que más produce para llevar regalías y desarrollo a las regiones.

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Esta posibilidad que aparentemente quedó sepultada, está latente y vivita, porque es una decisión que depende de la voluntad política del Gobierno y no debe ser consultada con el Congreso sino con la banca de inversión. ¿Es conveniente hoy vender el 8,5% de las acciones de la petrolera?

La autorización

Como se recordará, y mediante la Ley 1118 de 2006 o conocida como “Ley de Capitalización de Ecopetrol”, se autorizó al Gobierno de turno vender hasta el 20% de las acciones de la petrolera. En procesos ejecutados entre 2007 y 2011 se vendió el 11,5% de las acciones a fondos privados de pensiones, inversionistas privados y a cerca de 300.000 colombianos en general.

Sin embargo, ante el descuadre fiscal y las necesidades que tiene el Ejecutivo de obtener liquidez, el Ejecutivo no ha descartado la venta de un activo de su propiedad. Ya se expuso que se podría poner a la venta la participación en la compañía ISA, pero ese negocio apenas dejaría $3 billones.

De acuerdo a esto la venta más factible es hacer uso del paquete de acciones restante que autorizó el Legislativo.

Ya a comienzos de año, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no ocultó su interés de vender el 8,5% de las acciones de Ecopetrol para hacer frente a los problemas fiscales que afronta el Gobierno nacional. Sin embargo, dejo en manos del presidente Iván Duque la decisión final sobre la ejecución del proceso.

Decisión complicada

No obstante, hoy la decisión es muy complicada por varios factores: uno es que la compañía acaba de arrojar utilidades de $6.2 billones en el primer semestre. Otro elemento es que de acuerdo con los mercados la cotización del crudo está subiendo, con lo que se pueden prever mayores ingresos durante este año.

A estos dos hechos se les debe sumar que Colombia está a punto de autorizar el fracking y allí Ecopetrol tiene una enorme oportunidad de incrementar su producción que hoy está cercana a los 760 mil barriles diarios. Esto sin duda valorizaría, todavía más, a la compañía, con lo que dejaría sin argumentos al Gobierno para efectuar la venta.

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Se calcula que la venta del 8,5% podría representar para la arcas cerca de $11 billones, suma que tampoco cubriría el faltante fiscal que tiene la Administración y que está en $14 billones.

A esta situación hay otro elemento en contra: un proyecto de ley presentado en el Congreso en abril de este año por los senadores Jaime Durán y Luis Fernando Velasco del Partido Liberal, que pretende modificar el Artículo 2 de la Ley 1118 de 2006 y así frenar la venta del 8,5% de las acciones de la compañía.

Ante los resultados que está arrojando la compañía, una de las personas que se opone a la venta es el mismo presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón. El directivo asegura que no ve la necesidad de que el Gobierno venda otra participación en la compañía, a pesar del concepto favorable del Ministro de Hacienda.

Bayón afirmó que tal venta podría tardar hasta dos años en completarse y que la compañía está generando valor para el Gobierno, que actualmente posee 88,5% de la petrolera.

El Gobierno

Por su parte, Carrasquilla ha señalado que el Gobierno nacional está contemplando vender 8,5% de Ecopetrol ante las necesidades fiscales que tiene el país y ante el escenario de que la Ley de Financiamiento no consiguió los recursos necesarios para cubrir el déficit presupuestal.

“Tenemos una autorización para vender una parte de la propiedad que es del Estado en esta empresa y sería de hasta un 8,5% y obviamente está en discusión la manera de lograr llevar al mercado esa propiedad”, indicó Carrasquilla. 

De acuerdo con el funcionario, el faltante y la necesidad de recursos es de una magnitud importante por lo que esto hace que este sea uno de los puntos que estén sobre la mesa de manera muy clara.

“La autorización ya está para hacerlo y, obviamente, toca discutir el tema con el señor Presidente de la República, pero esos recursos están aprobados. Es decir, que esa operación está aprobada. Creo que el Presidente está de acuerdo”, manifestó Carrasquilla.

A su turno, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, dijo que la posible venta de las acciones de Ecopetrol no afectaría las inversiones, los ingresos, ni las regalías. La funcionaria aclara que es el Ministerio de Hacienda el que deberá evaluar el beneficio económico de la enajenación.

¿Para infraestructura?

También el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, es partidario de la enajenación pero para las obras de 4G.

En este mismo sentido coincide con el presidente de la Asociación de Instituciones Financieras (ANIF), Sergio Clavijo. El directivo gremial señaló que es importante que los recursos provenientes de la venta, que superarían los $10 billones, deben ser destinados a financiar los proyectos de infraestructura.

“Estos recursos de la venta de Ecopetrol no deberían dilapidarse en gasto operativo del Gobierno Central, sino destinarse a fortalecer el capital de la Financiera de Desarrollo Nacional. Solo de esta manera será posible impulsar tantos proyectos de infraestructura que han quedado sin adecuada financiación”, dijo Clavijo.

Según el gremio, ese sector se encuentra en declive en el país por varios factores, entre ellos el problema de Odebrecht y algunos recortes presupuestales que se realizaron durante la administración de Juan Manuel Santos. 

Por su parte el analista de bolsa, Ricardo Benítez, dice que “esa política de estar vendiendo los activos para pagar deudas no es nada buena porque estos se acaban, además hay que entender que Ecopetrol ha venido aportando durante muchos años entre el 5% y el 10% de los ingresos del Estado”.

Mientras tanto, el exministro de Minas Amylkar Acosta señaló a su turno en una de sus columnas editoriales sobre la venta de las acciones de Ecopetrol, que “de prosperar esta iniciativa, con tales recursos podrá enjugarse parcialmente el déficit, pero hacia el futuro serán menores los ingresos por concepto de dividendos. De darse esta venta, estos se reducirían en la misma proporción y lo que se estaría, entonces, es abriendo un hueco para intentar tapar otro. Este es el primer coletazo de la Ley de Financiamiento”.

El economista José Roberto Acosta también opinó que no es conveniente esa propuesta, porque es una acción desesperada e improvisada para buscar los recursos que no lograron con la Ley de Financiamiento presentada al Congreso de la República.