La sangría indígena | El Nuevo Siglo
Miércoles, 14 de Agosto de 2019

 

  • Facilitar operación de la Fuerza Pública
  • Desconfianza solo favorece a violentos

 

La única forma de detener la ola de asesinatos, atentados y amenazas contra varios resguardos indígenas del Cauca es que las autoridades de estas comunidades trabajen de forma coordinada con las Fuerzas Militares y de Policía. Insistir en un conflicto de competencias y jurisdicciones entre la Guardia Indígena y la Fuerza Pública termina generando dificultades casi insalvables para que esta última adelante las labores de control territorial y eficiencia operacional en el combate a los grupos armados ilegales que están atacando a los grupos poblacionales ancestrales.

La situación es muy grave: en lo corrido de este año han sido asesinados más de 36 integrantes de los resguardos y pasa del medio centenar el número de amenazas. En las últimas dos semanas han sido más de seis las víctimas mortales y ello obligó a que la Asociación de Cabildos del norte de este departamento se tuviera que declarar el pasado fin de semana en estado de emergencia y asamblea permanente, en el marco de la cual el lunes se llevó a cabo una reunión extraordinaria con los mandos policiales y militares así como con la Ministra del Interior, a quien el Presidente de la República envió para apersonarse de la crisis.

Durante la citada reunión las conclusiones terminaron siendo las ya conocidas: la población y territorio de los resguardos están siendo violentados por facciones del Eln y el Epl, las disidencias de las Farc así como por bandas criminales al servicio del narcotráfico, que incluso estarían trabajando con enviados de los carteles mexicanos. Todos estos grupos ilegales combaten a diario por el control de las más de 17 mil hectáreas de cultivos ilícitos que hay en el Cauca, según los más recientes informes al respecto. Un área de sembradíos ilegales que no apareció de la noche a la mañana pero que, se creía, tras la desactivación de varios frentes de las desmovilizadas Farc sería más fácil de erradicar, lo que no sucedió porque el Estado falló en su obligación de retomar el control territorial y afianzar la presencia institucional a lo largo y ancho de la quebrada geografía caucana.

Esa circunstancia, como se dijo, no es ninguna novedad, como tampoco lo es que tanto los grupos subversivos como los típicamente narcotraficantes buscan operar en los extensos territorios de los resguardos a sabiendas de las limitaciones que la autonomía indígena -un derecho avalado constitucionalmente- impone a la Fuerza Pública para actuar en esas áreas, pues allí la primera y más inmediata autoridad es la representada por la Guardia Indígena.

Y, por último, no es la primera vez que ante la exigencia de las comunidades indígenas para que se les proporcionen medidas de seguridad colectivas e individuales más eficientes, que eviten que los resguardos y su población ancestral continúen siendo atacados, el Estado responde que se están activando todas las instancias militares y policiales del caso pero que para aumentar la eficacia de las operaciones se requiere una mayor disponibilidad y capacidad de coordinación entre la Fuerza Pública y la Guardia Indígena, con el fin de que los uniformados puedan ingresar a los territorios autónomos a perseguir las facciones armadas ilegales que se nutren del narcotráfico y otros delitos.

A todo lo anterior debe sumarse un marcado clima de desconfianza y prevención de las autoridades indígenas frente a la intervención de las entidades oficiales de nivel nacional, departamental y municipal. Un clima determinado aún más por las accidentadas negociaciones de comienzos del año, cuando la última minga mantuvo bloqueado el suroccidente del país por casi dos meses, en un largo y desgastante pulso entre el Gobierno central y los líderes indígenas. Las palabras de la titular de la cartera política a los jefes de los resguardos, este lunes, dejan ver lo complicado de dicha circunstancia: “No miren a (los integrantes de) la Fuerza Pública como unos enemigos, porque ellos tienen la obligación de protegernos”.

Es urgente, tanto en el Cauca como en todo el país, detener la sangría que los ilegales quieren desatar sobre los indígenas, que se oponen a que sus territorios sean utilizados para el narcotráfico, la minería ilegal, la tala de árboles y otros delitos de alto impacto. Pero la única forma de hacerlo, sin que ello implique en forma alguna la violación o debilitamiento del principio de autonomía de los resguardos, es que dichas comunidades trabajen en llave con la Fuerza Pública, de forma tal que esta pueda neutralizar de forma rápida y definitiva a las facciones criminales, ya sea dentro o fuera de los territorios ancestrales. No avanzar urgentemente en esa dirección a los únicos que favorece es a los violentos. Hay que ser realistas.