En la noche de este martes el gerente de las tres campañas (consulta y primera y segunda vuelta) ‘Duque Presidente 2018’, Luis Guillermo ‘Luigi’ Echeverry, volvió a pronunciarse acerca de la financiación de dicha candidatura y fue taxativo en la diferencia entre su labor y la del partido Centro Democrático, que dio el aval al aspirante presidencial.
Como máximo responsable de las campañas, Echeverry señaló que fue la “única persona autorizada a recibir aportes, contratar créditos y realizar gastos, pagos y erogaciones, facultad que nunca delegué en ningún tercero según consta en los anuncios publicados en medios de circulación nacional al inicio de cada una de las campañas”.
Reiteró además que las campañas y el partido que inscribe el candidato, en este caso el Centro Democrático,
son entidades totalmente independientes, jurídica, legal, financiera, administrativa y operativamente.
Destacó que “el financiamiento de cada campaña es independiente y exclusivo de la campaña” y recalcó que “nuestra única relación con el partido CD fue mediante créditos contratados a tasas de mercado y con la debida autorización de pignoración de votos de la autoridad electoral”.
Explicó que si bien el fondeo de un partido político es permanente, y combina recursos públicos que le da el Estado, donaciones privadas e ingreso por reposición de votos, “en el caso de las campañas políticas que yo manejé, no existió conexión legal, relación administrativa, ni coordinación operativa con el CD diferente a los créditos contratados”.
“Asunto muy diferente es, que la ley permita a los partidos políticos por su naturaleza netamente política electoral, que bajo ciertas reglas y ciertos criterios pueda invertir por su propia cuenta como gastos institucionales”, aclaró.
Indicó que la financiación crediticia se realizó mediante prestamos que se contrataron con Banco de Bogotá (en las tres campañas), Bancolombia (en la consulta) y el partido Centro Democrático (en las tres campañas).
Cosa juzgada
Expuso también que las tres campañas ‘Duque Presidente 2018’ cuentan desde el 2019 con las tres resoluciones formales emitidas por el CNE en las cuales se ordenó el pago de las correspondientes obligaciones asociadas a la reposición de votos. Las tres campañas fueron entidades jurídicas separadas y cada una rindió todas sus cuentas en el mecanismo de Cuentas claras del CNE.
Justamente, señaló que las cuentas de las tres campañas fueron “revisadas minuciosamente por los oficiales asignados por las entidades de control”, quienes recomendaron al CNE “emitir las tres resoluciones que tienen efecto de cosa juzgada frente a las cuentas entregadas y revisadas por el propio CNE”.
Echeverry detalló que la campaña utilizó el mecanismo de cuenta única nacional y solamente recibió aportes en cheques que pasaron por una metodología que sumó 17 controles legales, bancarios, de seguridad y administrativos con relación a los aportantes y al origen de los recursos.
“La campaña impuso una política de montos o topes internos para aportes en cheque o en especie de 50 millones por aportante para la consulta y de 80 millones para la primera vuelta”, cifras menores a los topes de ley, puntualizó.
El proceso de indagación previa que se adelantará en el CNE esta relacionado con los presuntos aportes económicos por un valor de 300.000 dólares del empresario venezolano Oswaldo Cisneros, en la denominada 'ñeñepolítica' y las declaraciones que hizo la excongresista Aída Merlano, prófuga de la justicia, quién señaló una supuesta compra de votos en esas elecciones.