El país ha logrado en estos dos años consolidar varias de las más importantes herramientas de lucha contra la corrupción, que por mucho tiempo se habían mostrado esquivas de trámite y aprobación en el Congreso de la República.
Se trata de instrumentos anunciados por el presidente Iván Duque desde antes de su posesión y que buscan ubicar a Colombia como un país con los más altos estándares en ese propósito.
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Uno de los primeros pasos en esa dirección se dio con la integración de la Comisión Nacional de Moralización, organismo del que forman parte los organismos de control –Procuraduría, Fiscalía y Contraloría General–, es liderado por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y se encarga de trazar directrices.
Durante el primer año de la administración Duque fueron aprobadas varias iniciativas en el Congreso, de origen gubernamental y congresional que le ponen dientes a la lucha contra este flagelo.
Entre ellas figura la norma que obliga a los servidores públicos a divulgar su declaración de renta y que le permite al ciudadano conocer el verdadero patrimonio de cualquier funcionario.
"En julio pasado, el presidente Duque sancionó la Ley de Pliegos Tipo, un proyecto que permitirá erradicar costumbres malsanas que durante años se han enquistado en la contratación pública"
También está otra norma que obliga a estos servidores a declarar públicamente si se encuentran inmersos en un conflicto de interés en razón de sus funciones.
Igualmente, se sacaron adelante los prototipos de rendición de cuentas que permiten homologar la información económica de los funcionarios al servicio del Estado y que ahora cuenta con rango legal, así como la eliminación de casa por cárcel para los corruptos.
Así mismo, a través del programa 'Estado simple, Colombia ágil' se logró la digitalización, racionalización y en otros casos, la eliminación de trámites -más de mil, en total- que se habían convertido en obstáculos y en algunos casos, focos de corrupción.
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Del mismo modo, el Gobierno puso en marcha el programa de austeridad y eficiencia en contratación de las llamadas “nóminas paralelas” que permitirá ahorrar cerca de $6 billones en el cuatrienio de esta administración.
Y a finales del año pasado se puso en marcha el programa conocido como RITA (Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción), que integran 149 entidades del Estado, las cuales unieron esfuerzos para la lucha contra el principal flagelo que afecta al país.
Son pasos importantes en esa lucha, aunque también es cierto que aún es mucho lo que falta por hacer. “Le estamos cumpliendo a Colombia con estos importantes hechos de lucha contra la corrupción”, dijo el presidente Duque al presentar, el pasado 7 de agosto, un balance de su administración en esta materia.
Agenda ambiciosa
En julio pasado, el presidente Duque sancionó la Ley de Pliegos Tipo, un proyecto que permitirá erradicar costumbres malsanas que durante años se han enquistado en la contratación pública y que reemplaza a los llamados “pliegos sastre” y acaba con proponentes únicos.
Este mecanismo ahora es de obligatorio cumplimiento en los procesos de contratación en las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación Pública que estará a cargo de Colombia Compra Eficiente, órgano adscrito al Departamento Nacional de Planeación.
“El pliego tipo es la herramienta ideal para combatir la corrupción en la contratación del sector infraestructura y darle transparencia a la adjudicación de los contratos. Se busca acabar ese círculo vicioso que existía entre política y algunas administraciones regionales donde el gamonal del pueblo financiaba la campaña y como retribución después pedía contratos ‘sastre’ hechos a su medida”, le dijo a EL NUEVO SIGLO Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura.
Igualmente, el Gobierno le dio la largada a la Ley de Registro de Obras Inconclusas, que le da un especial impulso a proyectos de infraestructura estratégicos para el desarrollo del país, pero que por diferentes razones llevan un tiempo estancadas.
Por otra parte, la alianza entre los organismos de control –Procuraduría, Contraloría y Fiscalía– ha permitido durante los meses de pandemia evitar contrataciones irregulares por más de $500.000 millones.
En ese proceso, los tres organismos iniciaron acciones preliminares contra diez alcaldes y doce gobernadores por presunta contratación ilegal de insumos para atender la emergencia sanitaria, gracias a la acción coordinada puesta en marcha con el Gobierno nacional.
Para la legislatura que comenzó el 20 de julio, el presidente Duque anunció un paquete de siete iniciativas, entre las cuales una busca erradicar actos de corrupción en la explotación de minerales en diferentes regiones del país.
Y esta semana, el Jefe de Estado anunció la presentación de un proyecto de ley para modernizar instrumentos de lucha contra la corrupción, iniciativa que cuenta con el respaldo de la Fiscalía General, la Contraloría, la Procuraduría General y también contará con el respaldo de las altas Cortes.
“Este año ha sido marcado por el tema del confinamiento por el Covid-19, y eso ha frenado algunas iniciativas anticorrupción, pero ha sido importante la articulación de Fiscalía, Procuraduría y Contraloría en ese propósito”, le dijo a este Diario Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia Colombia.
El experto considera que “es mucho lo que se ha avanzado”, pero reconoce que también “es mucho lo que falta por hacer”, pues según el más reciente informe de su organización, “Colombia forma parte de los 2/3 de países fuertemente afectados por la corrupción”.