Desorden público e inseguridad | El Nuevo Siglo
Domingo, 12 de Septiembre de 2021

* Repuntan delincuencia común y organizada

* El Gobierno debe lanzar un plan de choque

 

 

El asesinato este fin de semana de cinco militares en Arauca, apenas unos días después de que se produjera otro atentado en Cúcuta y también con el antecedente de un ataque a una patrulla policial en Antioquia y el asesinato de un teniente en el Valle a manos de las disidencias, entre otros graves hechos, ponen de presente una vez más que la situación de orden público se está complicando en distintas zonas del país.

Hemos insistido en estas páginas que es necesario revisar la política de seguridad a nivel rural y urbano, ya que también se está presentando un poco de delitos de alto impacto en municipios y grandes ciudades, relacionado tanto con el accionar de la delincuencia común como con el de la organizada. De hecho, advertimos que es claro que las líneas que diferenciaban estos dos fenómenos criminales se han vuelto muy difusas, pues los vasos comunicantes entre ambas son cada vez más fuertes y peligrosos.

Aunque nadie niega el esfuerzo de las Fuerzas Militares, la Policía y demás organismos de seguridad, así como de la Fiscalía y los jueces para enfrentar estas amenazas a la seguridad y convivencia ciudadanas, debe aceptarse que hay un aumento preocupante en el accionar de las disidencias de las Farc, la guerrilla del Eln, las bandas criminales de alto espectro (‘Clan del Golfo’, ‘Los Caparros’ y otros grupos) así como de carteles del narcotráfico, minería ilegal, tala de árboles, contrabando, secuestro, extorsión y otros flagelos. De igual manera se está viendo de nuevo un repunte de los casos de desplazamiento forzado de población o incluso de confinamiento, al igual que de masacres y homicidios, muchos de ellos cometidos contra agentes policiales en procedimientos rutinarios de requisas y vigilancia o contra civiles que son blanco de delincuentes que no dudan en arrebatar una vida por hacerse a un celular o una suma de dinero...

Esa es una realidad que no se puede esconder ni tampoco distraer con la eterna y desgastada controversia en torno a que un escenario es el que reflejan las frías estadísticas sobre criminalidad e índice de victimización y otro el que señalan las encuestas de percepción al respecto, en donde la ciudadanía advierte que la inseguridad está disparada tanto en los campos como en las cabeceras municipales y las grandes ciudades. Como lo hemos repetido, lamentablemente en muchos casos las personas que son blanco de un atraco o una agresión mayor no hacen la correspondiente denuncia y de allí el alto nivel del subregistro.

Si bien a este Gobierno le restan menos de once meses de mandato es urgente que se revise a fondo en qué está fallando la estrategia de seguridad y orden público. Sí, la eficiencia de la Fuerza Pública y el aparato judicial contra los factores generadores de violencia ha aumentado. Todos los días se asestan importantes golpes a la delincuencia común y organizada. También hay avances sustanciales en esclarecimiento de algunos fenómenos criminales como el asesinato de los líderes sociales… De igual manera, se ha ido fortaleciendo el pie de fuerza policial e incluso los focos de vandalismo derivados de la reciente ola de paros disminuyen, salvo en Bogotá y Cali, en donde a cada tanto se presentan casos muy localizados.

Sin embargo, pese a todo ello hay un pico de desorden público e inseguridad. Y es allí en donde el Gobierno, especialmente el Ministerio de Defensa, deben dar respuestas más claras sobre cómo combatir esta circunstancia. No puede permitirse que los grupos armados ilegales continúen aumentando su accionar violento y atemorizante. Tampoco que la delincuencia organizada -en donde hay un componente cada vez más visible de población migrante- siga haciendo de las suyas.

Más allá de qué proponen los candidatos presidenciales en torno a lo que cada uno de ellos haría para enfrentar esta crisis si llega a la Casa de Nariño, es evidente que se requiere un ajuste a la estrategia en el aquí y ahora. El Gobierno debe sentarse a analizar qué está pasando y tomar medidas de choque o estructurales, concretas y audaces. Como lo dijimos en anterior editorial, esa debería ser una de las prioridades del presidente Duque en los próximos once meses.