Cada escándalo tiende a ser peor de los que lo antecedieron, lo cual ya no es solo enfermedad crónica sino grave falla sistémica, pues los riesgos se multiplican y los medios de disuasión, supervisión y sanción parecen no funcionar. Igualmente, cada escándalo muestra la faceta de un problema, de una personalidad o del modus operandi. También hay casos que tienen la poca virtud de mostrar todas las perversiones juntas, produciendo inmenso daño al erario público, a la confianza ciudadana y a la democracia. Para infortunio de Colombia de estos últimos hay muchos casos en su historia reciente, comenzando por el de Dragacol, pasando por el cartel de la contratación y Odebrecht, hasta el actual de Centros Poblados.
Colombia, como muchos otros países que buscan fortalecer su democracia, ha venido incrementando desde hace tres décadas reformas constitucionales y legales adoptando instituciones y mecanismos (administrativos, fiscales, disciplinarios, penales y de contratación) para mejorar en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, la corrupción sigue considerándose por los ciudadanos, como uno de los principales problemas, según distintas encuestas. Y según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2020 de Transparencia Internacional (TI), Colombia tiene una calificación de 39/100, y ocupa el penúltimo puesto entre los 37 países de la OCDE. Es decir, desde hace más de una década tiene niveles muy serios de corrupción en el sector público, como indica el informe de TI.
En este sentido, parece que siendo necesario el enfoque de supervisión no es suficiente para combatir la corrupción. Por ello, algunos autores señalan la necesidad de mayor democracia para que los ciudadanos tengan más espacios y poder de control sobre el gobierno. Es decir, real inclusión en las decisiones que los afectan. M. Warren (2005) al destacar la altísima correlación entre más democracia y menos corrupción -la mayoría de países menos corruptos del IPC de TI son democracias desarrolladas- propone “una concepción basada en el vínculo intrínseco entre la corrupción y el daño a los procesos políticos democráticos.” A partir de la cual, las reformas anticorrupción serían también “medios de construcción de poder democrático.”
En el caso del contrato de MinTic con Centros Poblados para instalar siete mil puntos de acceso digital en zonas apartadas del país, ilustra muy bien el valor de la libertad de prensa y el papel que desempeñó especialmente la periodista Paola Herrera para que el acceso a la información y su análisis, con que no cuenta el común de los ciudadanos, supliera la falla de transparencia y alimentara la denuncia y el debate público.
Así mismo, la moción de censura, pese a su precario funcionamiento por las nefastas “jugaditas” que le restan confianza al Congreso y a la democracia, recibió creciente presión ciudadana a tal punto que los congresistas de la coalición de gobierno debilitaron su apoyo a la ministra, intentando reducir la sanción de los electores en los próximos comicios de 2022. Y el presidente se vio obligado a pedir su renuncia.
Estos dos aspectos, aún en medio de las dificultades de nuestra debilitada democracia, ilustran la necesidad e importancia de desarrollar y consolidar procesos democráticos para lograr reducir la corrupción.
@Fer_GuzmanR