Anatomía de la nueva ‘fábrica’ de chuzadas

Foto cortesía
Tras alcanzar un relativo éxito por la venta de sus ‘servicios’ clandestinos, sumando más de 150 clientes, la organización liderada presuntamente por ex uniformados quiso extender su accionar a Ecuador

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A un ciudadano compungido porque le robaron sus vacas le recomendaron hablar con unas personas que podrían descubrir quién fue el culpable. Siguió el consejo y ellos le dijeron ‘chuzemos a toda la vereda y así sabrá la verdad’. Este es solo uno de los casos de los cerca de 175 ‘clientes’ que tendría la red que investiga la Fiscalía, dedicada a vender interceptaciones ilegales al mejor postor, fuera particular o empresas. Según lo que se conoce hasta el momento, operaba a través de empresas fachada en Cali y Bogotá, en tanto que el centro de operaciones funcionaba en Ipiales (Nariño). Por estos hechos hay hasta la fecha siete capturados, entre ellos el general (r) de la Policía, Humberto Guatibonza, y tres ex uniformados más.

En días pasados el fiscal General, Néstor Martínez, reveló que las investigaciones señalan que incluso a esta red se le pidió interceptar sus comunicaciones y las de su esposa, lo que finalmente no se llevó a cabo; así como a varios abogados como Jaime Lombana, Jaime Granados e Iván Cancino y sus respectivas familias. Uno de los testigos aseguró a la Fiscalía que las chuzadas a estas personas fueron supuestamente ordenadas por el senador Armando Benedetti, quien negó estos señalamientos.

La génesis de esta investigación fue un operativo de la Fiscalía realizado el pasado 4 de agosto en el municipio de Ipiales, contra el centro de operaciones de la red de chuzadas desde donde se habría acopiado información de inteligencia sobre movimientos, ubicación y operaciones de gente del común, como el referenciado ganadero que le robaron sus vacas, y otros objetivos como militares, políticos y sus familiares, y otras personalidades nacionales e internacionales.

En ese sitio fueron incautados seis torres de cómputo, computadores, teléfonos celulares, dos maletines con documentos decodificadores, dos routers, entre otros.

El portafolio ilegal de servicios era ofrecido a entidades del Estado y particulares. Publicitaban su capacidad de interceptar comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea. La red delincuencial cobraba al menos $3.000.000 por cada actividad, según la Fiscalía.

En Ipiales fueron capturados Carlos Andrés Pérez Cardona, coronel (r) del Ejército Nacional y actual jefe de seguridad de la Alcaldía de este municipio; Jorge Humberto Salinas Muñoz, coronel (r) del Ejército y especialista en inteligencia; Luis Mesías Quiroga Cubillos, mayor (r) del Ejército; y María Alicia Pinzón Montenegro, exfuncionaria del Ministerio de Tecnología de la información y Comunicaciones, quien era la supuesta ‘hacker’ que habría sido contratada para el robo de información.

A los cuatro detenidos la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, utilización ilícita de redes de comunicaciones agravada, acceso abusivo a un sistema informático agravado, violación de datos personales agravados, uso de software malicioso agravado y daño informático agravado.

Cómo operaba

La red de chuzadas había logrado posicionarse a nivel nacional en su accionar ilícito, como lo indica el alto número de clientes, ofreciendo sus servicios de forma confidencial o incluso era recomendada por usuarios ‘satisfechos’.

EL NUEVO SIGLO conoció de altas fuentes de la Fiscalía que la red estaba intentando extender sus tentáculos hasta Ecuador, ofreciendo un ‘portafolio’ de servicios que incluía poder interceptar comunicaciones vía WhatsApp y correos electrónicos a las personas interesadas.

La factoría de chuzadas operaba de la siguiente manera: en Cali estaba lo que se podría denominar la parte administrativa a través de una empresa fachada que supuestamente ofrecía servicios de seguridad, denominada JHS Consultores, que precisamente son las iniciales del coronel (r) Jorge Humberto Salinas Muñoz.

En Ipiales estaba la casa matriz con los equipos que según la Fiscalía operaba la exfuncionaria del Ministerio de las TIC, María Alicia Pinzón. También en Bogotá el CTI de la Fiscalía allanó las instalaciones de la empresa A&G Seguridad, de propiedad del general (r) de la Policía, Humberto Guatibonza, quien por estos hechos fue capturado el pasado miércoles.

 

ENS

Avanza investigación

Tras los allanamientos a las supuestas instalaciones de la red en Ipiales, Cali y Bogotá, así como la captura de las cuatro personas en la primera de estas ciudades, la investigación sumó un ingrediente cuando Salinas Muñoz le comunicó a la Fiscalía, a través de sus apoderados, su intención de colaborar entregando información a cambio de algunos beneficios.

Salinas reveló que en Ipiales, la organización tenía 175 carpetas con los nombres de clientes y víctimas de las chuzadas, que estaban clasificadas de tres formas: la primera, ciudadanos del común que solicitaron, por ejemplo, espiar las comunicaciones de su pareja sentimental, o una señora del Eje Cafetero que se le murió un familiar y quería saber qué hablaban sus hermanos para que no la ‘tumbaran’ con la herencia.

En una segunda clasificación que habría hecho esta red criminal estaban las carpetas de empresas que querían saber desde, por ejemplo, si los conductores de sus vehículos gastaban la gasolina que reportaban o la estaban robando, hasta si sus empleados querían armar un sindicato. Y si ya tenían sindicato, los patrones buscaban conocer cómo planeaban moverse en el pliego de peticiones.

La tercera clasificación correspondía a las carpetas de personas reconocidas en la vida política o social del país, entre las cuales estaba una que llamó la atención de las autoridades, rotulada como ‘Barbas’, pues según este testigo así se refirieron al senador Benedetti. También aseguró que el Parlamentario llegó a la oficina de la red por un intermediario, Juan Carlos Madero.

Salinas aseguró que Benedetti supuestamente contrató los servicios de la red ilegal para espiar las comunicaciones del fiscal Martínez Neira, su esposa, y a los abogados Jaime Lombana, su hijo de 16 años, Jaime Granados e Iván Cancino.

Como parte de la investigación la Fiscalía se comunicó con los abogados Lombana, Granados y Cancino y les dijo que tenía conocimiento que supuestamente habían sido chuzadas sus comunicaciones por una red ilegal.

De igual forma, el testimonio que dio Salinas a la Fiscalía condujo a las capturas del general (r) Guatibonza, de Juan Carlos Madero y Julián Villarraga.

Según las investigaciones este último cumpliría la función de buscar información pública de sus víctimas y de realizar contactos para acceder ilegalmente a sus comunicaciones telefónicas. Supuestamente, Villarraga iba a Tigo, Claro y Movistar para saber de quiénes eran los números de teléfonos encargados a la red de espionaje clandestino, así como a levantar las sábanas para saber el historial.

Sin embargo, estando Villarraga en estos menesteres se habría dado cuenta que entre los teléfonos que los clientes habían pedido intervenir, estaban el del Fiscal General y su esposa; el exdirectivo de Interbolsa, Víctor Maldonado; y la también fiscal de este caso, Alexandra Ladino.

No obstante, según lo que conoció la Fiscalía, la red clandestina se abstuvo de intervenir estos teléfonos cuando Villarraga los enteró de quiénes eran esas líneas; pero supo que sí pincharon, y con éxito, varios móviles solicitados en la carpeta Barbas.

De igual forma, este Diario conoció que la Fiscalía no ha definido cuándo compulsará copias a la Corte Suprema para que investigue al senador Benedetti porque, supuestamente, solicitó los servicios de esta red para que espiara las comunicaciones del Fiscal General, su esposa, así como algunos abogados y sus familiares. Martínez Neira es autónomo también en este sentido y estaría esperando que la investigación avance un poco más para enviar al alto Tribunal el acervo probatorio sobre este caso.

No obstante el pasado miércoles, Benedetti solicitó a la Corte Suprema que lo investigue. “Le pido a la Fiscalía que compulse copias porque la Fiscalía no me puede acusar de un carajo, el Fiscal tiene la obligación por ley de hacer la mensajería, él no me puede acusar de un carajo y no puede hacer nada aunque lo ha hecho ilegalmente y por eso le pido a la Corte que me investigue y que esclarezca los hechos lo más rápido posible”, sentenció el Legislador.

 

Las empresas

Este escandaloso caso revive en el país el fantasma de las escuchas ilegales que ya se vivieron con episodios tristemente célebres como las chuzadas que adelantó el hoy extinto DAS a magistrados de las altas Cortes, a periodistas y políticos de oposición al gobierno de Álvaro Uribe; así como la operación Andrómeda que espió entre 2013 y 2014 a los negociadores del Gobierno y de la entonces guerrilla de las Farc durante las tratativas de paz.

Las investigaciones por las chuzadas que hoy según las autoridades comprometen a uno de  los oficiales en su tiempo con más resultados en la Policía, como el general (r) Humberto Guatibonza al frente del Caula, siguen y se esperan más capturas porque quedarían cabos sueltos. Además no se descarta que otros de los capturados sigan el ejemplo de Salinas y decidan colaborar con la justicia.

También falta que la investigación desentrañe  la participación que habrían tenido varias empresas porque presuntamente contrataron los servicios de la red clandestina de escuchas. Vale recordar que son 175 carpetas y que en la mayoría de ellas la Fiscalía está por profundizar. Ya han salido a relucir los nombres de compañías como Avianca, Servientrega e Ingenio Cauca, entre otras.

No obstante lo que se sabe hasta el momento del capítulo de las empresas en este escándalo es que fueron los jefes de seguridad, abogados y en general mandos medios los que contratan los servicios del coronel (r) Salinas. No se ha encontrado evidencia que ningún presidente de las compañías que hasta el momento han resultados salpicadas haya contratado dichos servicios.

En el caso de Avianca fuentes de la Fiscalía revelaron a este Diario que mandos medios solicitaron chuzar las comunicaciones de miembros del sindicato durante la reciente huelga de pilotos.