El ingeniero Juan Carlos Madero es señalado de manejar el portafolio más grande de clientes del servicio ilegal de espionaje

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Como suele ocurrir con este tipo de casos, el escándalo de las chuzadas a través de lo que el fiscal Néstor Humberto Martínez ha llamado “fiscalías paralelas”, se ha ido desarrollando por episodios.

Luego de que esta semana fuera capturado el generar (r) Humberto Guatibonza, ayer la Fiscalía confirmó que fue aprehendido el ingeniero Juan Carlos Madero, señalado de servir de intermediario entre la red ilegal y algunos clientes del servicio de espionaje.

Madero sería pieza clave en el caso porque, al parecer, habría manejado el portafolio más grande de clientes que pedían desde seguimientos hasta interceptar teléfonos de personalidades, entre las que figuraría Claudia Beltrán, esposa del fiscal Martínez.

Uno de los testigos que estaría ayudando a las autoridades a desenredar la madeja de este caso sería el coronel (r) Jorge Humberto Salinas, quien en su declaración reveló con detalles las reuniones que sostenía Madero con el senador Armando Benedetti, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), y cómo fue el trabajo que le pidió el legislador a la cabeza de esa red de interceptaciones ilegales.

"Madero con seguridad me decía que se reunía con Benedetti, o Barbas como lo llamaba. Es más, en una ocasión en una entrevista con Vicky Dávila, me comentó que estuvo en esa entrevista acompañando a Benedetti. Entonces eso me confirma que tenía relación directa con Benedetti. Del trabajo para Benedetti recibí un pago de 4 millones de pesos. Se le trabajó y se le entregaron resultados. Y fueron tan buenos que llegó hasta el punto de que pidió realizar un tracking de ubicación de unas fechas en particular", según lo que se lee en la declaración de Salinas a la Fiscalía.

Chuzadas

Como lo publicó esta semana EL NUEVO SIGLO, se trata de chuzadas al mejor postor a cambio de millonarios pagos.

Por lo pronto, la investigación llevó a la captura de Guatibonza.

El mes pasado, tras allanamientos realizados en Cali, Valle del Cauca, e Ipiales, Nariño, así como en la localidad bogotana de Suba, la Fiscalía reveló operaciones de interceptación ilegal de comunicaciones que estarían comandadas por tres militares en retiro del Ejército Nacional y en las que también estaría vinculado Guatibonza, oficial retirado de la Policía Nacional.

A&G es la empresa que, según la Fiscalía, ofrecía servicios de chuzadas a por lo menos 175 clientes, dentro de un amplio espectro que incluía empresarios, servidores públicos y políticos, según las evidencias recopiladas.

Además de Salinas y Guatibonza, estarían involucrados el coronel (r) Carlos Andrés Pérez y el mayor (r) Luis Mesías Quiroga. También está privada de libertad la hacker María Alicia Pinzón.

En Cali funcionaban dos sedes para las interceptaciones, tras fachadas de empresas. En Ipiales, las autoridades encontraron un inmueble que sería la base de operaciones, donde había seis torres de cómputo de diferentes marcas, cuatro computadores portátiles y cinco teléfonos celulares, con los que se llevaba a cabo la operación.

Sin embargo, es la “fiscalía paralela” de Suba la que vincula a Guatibonza, quien sería el propietario de esas instalaciones. El oficial deberá responder por los presuntos delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático, utilización ilícita de redes de comunicación, uso de software malicioso agravado y violación de datos personales.

También, ayer se confirmó la captura de Julián Villarraga, quien según la Fiscalía servía de intermediario entre la organización criminal y los operadores celulares para determinar si la persona a interceptar correspondía a quien usaba el teléfono chuzado.

El portafolio del servicio de chuzadas incluía la interceptación de comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería instantánea.

En los allanamientos las autoridades encontraron información recopilada sobre movimientos, ubicación y operaciones de objetivos militares, políticos y sus familiares, además de personalidades nacionales e internacionales.

Al mejor postor

El fiscal Martínez ha manifestado que empresarios y políticos ofrecían hasta 30 millones de pesos por chuzarlo.

Según lo que ha trascendido de las declaraciones de los testigos a la Fiscalía, una de las chuzadas fue encargada por los abogados de una aerolínea que pagó por espiar a sus pilotos. Y, según los informantes, no era la única firma que buscaba saber secretos de sus empleados o competidores.

Entre los clientes estaría el empresario Víctor Maldonado, investigado por el escándalo de Interbolsa e integrantes de la familia Guerrero, dueños de Servientrega.

Otro trabajo de chuzadas habría sido el que contrató las interceptaciones al fiscal Martínez y su esposa, así como a varios abogados como Jaime Lombana e Iván Cancino y sus respectivas familias. Aunque es sorprendente que las víctimas sean juristas de tanto prestigio, lo que más asombra del testimonio es que el contratante de este servicio habría sido el senador Benedetti.

“Estoy aterrado y ahora me inventan esto, ¿tener uno las agallas de chuzar al Fiscal General de la Nación?”, reaccionó el congresista, agregando que “¿cómo es posible que no tengan una prueba, una grabación, una foto, sino declaraciones de un bandido?” y que “el Fiscal está en lo de Odebrecht. Todos están acusados de cosas peores y con pruebas”.

Según Benedetti, Martínez lleva “dos años atacándome. Esta no es la primera vez en ese plano de desquitarse. Solo entregan declaración de un preso, pero nunca una prueba en concreto”.

Además, expresó: “Nunca conocí a ninguno de los miembros de la oficina de chuzadas telefónicas de Ipiales”.