Amnistía Internacional indicó en su informe “Esto no es vida: Seguridad y derecho a la vida en Venezuela” que el Estado de este país no garantiza la vida y seguridad de sus ciudadanos y a su vez implementa medidas represivas con “lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia”.

En este contexto, el documento publicado por Amnistía Internacional determinó que entre 2015 y junio de 2017 se registraron más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.

En el 2017 al menos el 95% de las víctimas de asesinatos -tanto a manos de la delincuencia como por las fuerzas de seguridad- fueron hombres jóvenes entre 12 y 44 años, los cuales vivían en los barrios más periféricos y vulnerables de la nación suramericana.

De esta cifra, el 90% de los homicidios registrados fueron cometidos con armas de fuego en zonas urbanas y áreas rurales donde proliferan actividades ilícitas como la minería ilegal.

Al respecto, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, dijo que “el gobierno del presidente Maduro debe garantizar el derecho a la vida, en vez de quitársela a la juventud del país. Todos los jóvenes en situación de pobreza deberían tener igualdad de oportunidades para su futuro, y no vivir con el temor de que policías o militares les vean como enemigos que deben erradicar”.

Según Amnistía Internacional, el Gobierno venezolano dio cifras imprecisas que omitieron las muertes cometidas por las fuerzas de seguridad en el 2017, lo cual -subrayó la ONG internacional- colocaría la tasa de homicidios en 62 por cada 100 mil habitantes. Cifras de organizaciones no gubernamentales ubicaron este número en 89.

Amnistía Internacional determinó que, a pesar de la implementación de al menos 17 planes de seguridad en los últimos 17 años, el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de prevenir la violencia armada y sus efectos.

Según AI, el gobierno de Nicolás Maduro manifestó públicamente que “asesinar personas en el marco de operativos de seguridad es una práctica exitosa, cuando esto constituye un evidente retroceso en la garantía de derechos humanos, además de ir en contra de la ley de procedimiento policial”.

Esta oleada de violencia, sumada a la crisis económica y humanitaria que vive Venezuela generó un masivo éxodo hacia los países latinoamericanos y a España.

Datos de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) aseguran que de los 2,3 millones de venezolanos (7,5% de la población de ese país) que viven en el exterior, 1,6 millones huyeron desde el 2015.

Colombia es el primer destino de venezolanos en Suramérica con cerca de 1.000.000 de personas en lo corrido del 2018, seguido de Perú (440.000), Ecuador (300.000) y Chile (147.000).

Además, el estudio “Estadística de migraciones 2017” en España, realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), señaló que el flujo de migración procedente de Venezuela hacia el país ibérico se disparó en un 80% en solo dos años. Pasó de 25.272 en 2016 a 45.621 registrados en el 2017.

De acuerdo a un sondeo llevado a cabo por la consultora Meganálisis, más de tres millones de personas tiene planes de exiliarse en Venezuela los próximos meses si el presidente Nicolás Maduro continúa en el poder.

El estudio de Meganálisis subrayó que unos 900.000 venezolanos planean salir del país antes que termine el año 2018.