En los últimos días han surgido dos temas que, por decir lo menos, pudieran ser clasificados como insólitos. El primero de ellos nace en la declaración de la Corte Suprema de Justicia, la cual comunicó que se efectuaron interceptaciones, más comúnmente reconocidas como chuzadas, erróneamente y por equivocación, nada más y nada menos que al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez por cerca de un mes. Hasta el más novato se hubiera dado cuenta en los primeros minutos de escuchar sus conversaciones de quién se trataba no solo por su voz, sino seguramente por el trato que le daban sus interlocutores.
¿Qué diría la Corte si hubiera sido otra autoridad la responsable de una equivocación tan grave como ésta? Es inaceptable que una institución, con la majestad que tiene la Corte Suprema de Justicia, cometa semejante equivocación. Pero es aún más imperdonable que todo un país sea tan permisivo como para pasar este error como uno más, común y corriente. Un suceso de este calibre requiere de una investigación seria de la sala Plena de la Corte y del Congreso de la República.
Por su parte y mientras tanto, en la Alcaldía de Bogotá también suceden cosas de suma gravedad y que deberían preocupar a todos los colombianos. Hace unos días, las autoridades de la capital, con la coordinación del Secretario de Movilidad adjudicaron una licitación para nuevos semáforos a una firma que, según se estableció, presentó una certificación falsa supuestamente expedida por la Procuraduría General de la Nación. Por los distintos medios de comunicación, el Alcalde Peñalosa y su Secretario declararon que el Distrito proseguirá con el desarrollo de ese contrato porque esa certificación no era requisito especial para el proceso licitatorio. ¿Es que no les parece grave que hayan intentado engañarlos con un documento falso? ¿Pueden el Secretario de Movilidad y el Alcalde ser tan olímpicos con la ciudadanía y los órganos de control y hasta con su propia conciencia? ¿Qué se puede esperar de una firma responsable de cometer este delito?
No es ningún secreto que los colombianos pasamos por una grave crisis de valores y que la corrupción ha llegado a extremos incalculables. Pero no por ello podemos dejar pasar estos hechos, de tanta gravedad, como si no hubiera pasado nada. Necesitamos exigir explicaciones. Necesitamos respuestas y no que se eche tierra a estos episodios y se continúe como si nada malo hubiera sucedido.
Estamos acostumbrados a que cada nueva noticia entierre la anterior, pero debemos estar atentos para que esto no suceda por el bien de las instituciones, de la justicia y de la defensa de nuestros valores.
Los altos funcionarios del Estado no pueden llegar a creer que pueden hacer lo que a ellos les provoca sin respetar las dignidades, las normas e irrespetando a la ciudadanía. Nadie puede sentirse por fuera de la Ley. La primera norma de las democracias es el respeto por el Estado de Derecho.