En septiembre de 2016 se firmó el Pacto de Cartagena. Hoy la implementación está en un punto crítico y la exguerrilla al borde del cisma

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EL 27 de septiembre de 2016, en medio de un ambiente festivo, en Cartagena se llevaba a cabo un hecho catalogado por muchos como histórico: la firma del acuerdo de paz entre el gobierno Santos y la guerrilla de las Farc.

Ambas partes relievaban que si bien la implementación jurídica y logística de lo pactado sería muy compleja, no habría marcha atrás. Aunque el proceso, que tardó cinco años en concretarse, tenía polarizado al país, había un cierto halo de optimismo frente a lo que vendría. Paradójicamente, apenas unas semanas después Colombia y el mundo se darían cuenta de que ese acuerdo con la guerrilla había dividido a los colombianos a tal punto que, contra todos los pronósticos, el No se terminó imponiendo cerradamente en el plebiscito refrendatorio. Solo una sui géneris y atropellada ‘refrendación parlamentaria’, que contradijo la voluntad popular, terminaría ‘salvando’ lo pactado.

Muchas cosas han pasado desde entonces. Aunque el grueso de la guerrilla se desarmó y desmovilizó, se apartaron del proceso varios cabecillas históricos y frentes fuertes en zonas de narcotráfico, que darían lugar a unas crecientes disidencias, que no han dejado de aumentar desde entonces. También arrancó el desarrollo normativo de lo pactado y si bien el Congreso aprobó buena parte de las leyes y actos legislativos, la Corte Constitucional corrigió varios excesos jurídicos y encuadró el acuerdo dentro del orden institucional.

A lo anterior se suma que el Estado falló en recuperar el dominio de las zonas de las que salieron los frentes de las Farc que se desarmaron y fueron el Eln, las disidencias y las Bacrim las que entraron a sangre y fuego a disputarse allí el negocio del narcotráfico, la minería ilegal y otros ilícitos. Ese rebrote de la violencia territorial, sumado al efecto mismo de la tregua con las Farc en plena negociación, es el que explica por qué Colombia tenía al comienzo de este año 209 mil hectáreas de narcocultivos (cinco veces más que en 2013) y ha estado dos años a punto de ser descertificada por Estados Unidos debido al retroceso antidroga.

De otra parte, el gobierno Santos arrancó la política del posconflicto, pero pronto quedó en claro que no estaba financiada ni había una estrategia funcional para aplicarla territorialmente. Asimismo, el monto de bienes entregados por la exguerrilla para reparar a las víctimas resultó no sólo bajó sino polémico, porque incluyó hasta la valoración del armamento, enseres domésticos, carreteras construidas ilegalmente y predios estatales.

Y, como si lo anterior fuera poco, el montaje y arranque del sistema de justicia transicional se ha caracterizado por ser atropellado y muy lento. Paralelo a ello, las Farc, ya como partido político, participaron en las elecciones parlamentarias de marzo pasado sufriendo un fracaso total, aunque desde antes tenían aseguradas 10 curules en el nuevo Congreso. En el mismo escenario, los constantes cruces de acusaciones entre el entonces saliente gobierno Santos y el partido Farc por presuntos incumplimientos del pacto aumentaron semana tras semana.

Y, por último, los casos de reincidencia criminal de los desmovilizados empezaron a aumentar poco a poco, llegando incluso al apresamiento con fines de extradición del excabecilla y parlamentario electo alias ‘Jesús Santrich’. Tras ello, varios de los antiguos mandos, con el segundo a bordo y exjefe negociador alias ‘Iván Márquez’ a la cabeza, pasaron a la clandestinidad, abandonando varios de 26 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).

La incertidumbre en torno a si los evadidos siguen o no fieles al acuerdo de paz o ya regresaron a la vida insurgente, generó una división en el propio partido de los desmovilizados, en donde es claro que existen dos bloques muy marcados. Uno en cabeza del máximo jefe, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, y el otro liderado por ‘Márquez’. El primero es proclive a corregir sobre la marcha la implementación del acuerdo, y el segundo más crítico y partidario de presionar al Estado para que no se salga del pacto. Esa división, como es sabido, ha generado una especie de cisma en el partido Farc, no sólo en su cúpula sino también a nivel de mandos medios y exguerrilleros de base, que viven en la incertidumbre, muchos de ellos decepcionados del proceso, reclamando las ayudas económicas del Estado y, como si fuera poco, sometidos, de un lado, a la presión de las disidencias, Eln y bacrines que quieren ‘reclutarlos’ o, del otro, siendo blanco de una racha de asesinatos en distintas partes del país.

Todo ese crítico escenario tiene hoy una circunstancia adicional y, sin duda, determinante: un nuevo gobierno liderado por el presidente Iván Duque que llegó al poder bajo la bandera de que el acuerdo con las Farc requiere de ajustes en temas muy puntuales, como la no participación en política de los desmovilizados culpables de delitos graves y que estos paguen una pena de cárcel o restricción de la libertad.

¿De quién es la culpa?…

Hoy, casi dos años después de la firma del Acuerdo de Cartagena, el panorama, como se ve, es bastante complicado, a tal punto que hay algunos analistas que consideran que el pacto está rumbo a una especie de implosión o de marchitamiento lento pero progresivo.

La semana que hoy termina es una prueba fiel de la situación de ‘cuidados intensivos’ en que se encuentra este acuerdo de paz.

De entrada se conoció una carta del procurador Fernando Carrillo al presidente Duque en la que le pedía medidas urgentes para evitar el fracaso del acuerdo. Para ello le urgió a Gobierno que definiera y presentara una “ruta de cumplimiento de lo pactado para la reincorporación efectiva de los excombatientes, mediante una acción social, económica y política que consolide en los territorios la reconciliación y espante los nubarrones que amenazan con devorarse lo avanzado”.

Casi de inmediato el gobierno Duque respondió al campanazo de Carrillo sobre “la fragilidad del proceso de paz y la urgente necesidad de salvaguardar lo acordado”.

En una extensa carta, el alto consejero presidencial para la Normalización, Emilio José Archila, refirió la culpa de la crisis del acuerdo al gobierno Santos, señalando graves deficiencias en materia de políticas de reincorporación, posconflicto y recuperación del dominio territorial para el Estado.

“Esas deficiencias que hemos heredado son significativas en muchos frentes. Pero, para concentrarnos en lo que es hoy su preocupación (del procurador Carrillo), respecto de los excombatientes, resaltamos, tal como lo indicó en parte la Contraloría General de la República: el precario estado de las instalaciones de los ETCR y la ausencia de previsiones básicas de suministro y mantenimientos; la desarticulación de las gestiones estatales y la ausencia de planeación jurídica respecto de los inmuebles ocupados; la increíble suposición de que se lograría culminar el proceso en 2,5 años”.

Según Archila, no hay ninguna fragilidad en la voluntad del Gobierno para que se obtenga la estabilización de las regiones más afectadas por la violencia ni para que los excombatientes que confiaron en el Estado tengan todo el apoyo que necesitan para que sigan la ruta que escojan y vuelvan a ser parte de la sociedad civil colombiana.

Lo que sí advirtió el Ejecutivo es que hay incumplimientos de la exguerrilla. “En lo que hace a las Farc, la otra parte firmante, creemos, igual que usted (Carrillo), que es imperioso que esos dirigentes demuestren con hechos su voluntad de contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso de reincorporación como es el mandato de los acuerdos”.

La JEP aprieta

Pero mientras se mantiene esa incertidumbre sobre cómo cumplir la hoja de ruta señalada por el acuerdo de paz, se mueven aguas tormentosas en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), otro de los flancos clave del proceso, por cuanto allí debe juzgarse a los excabecillas y exguerrilleros de base culpables de delitos de lesa humanidad.

De un lado, a la Fiscalía tuvieron comparecer esta semana tres funcionarios de la JEP que son investigados para establecer si estarían realizando acciones indebidas, con la intención de que el tribunal de justicia transicional no cumpla con sus funciones.

“La Fiscalía tiene evidencias de que algunos funcionarios estarían cocinando en este momento, falsedades y fraudes procesales para que la JEP no actúe como debe actuar, cumpliendo con sus labores de ley. Por eso un fiscal de conocimiento abrió indagación que deberá producir decisiones con el fin de impedir que no se vaya a violentar el cumplimiento estricto de la ley en esa jurisdicción”, informó la semana pasada el propio fiscal general Néstor Humberto Martínez.

Precisamente por ello esta semana tuvieron que presentarse a rendir descargos ante el ente acusador dos contratistas de la JEP, July Milena Henríquez y Luis Ernesto Caicedo Jiménez, así como la exfiscal Martha Lucía Zamora, actual Secretaria Ejecutiva de esa jurisdicción.

Y paralelo a ello, después de peticiones desde distintos sectores, por fin la JEP empezó a tomar medidas ante las dudas que existen sobre varios excabecillas desmovilizados de las Farc que no se sabe si están o no cumpliendo con el acuerdo de paz.

En una decisión trascendental, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de los Hechos y Conductas (SRVR) de la JEP notificó a los 31 exmandos de esa guerrilla, que son investigados dentro del expediente 001 (secuestros), de su obligación de presentar un informe individual y personal ante esa jurisdicción.

En menos de 10 días ‘Timochenko’, ‘Márquez’, ‘Pablo Catatumbo’, ‘Joaquín Reyes’, ‘Fabián Martínez’, ‘Rodrigo Granda’ y 24 exjefes de las Farc desmovilizados “deben reiterar su compromiso con el proceso de paz, describir detalladamente las actividades que han desarrollado en el marco de su reintegración a la vida civil y relatar si han realizado labores humanitarias relativas a la ubicación de restos”.

Así las cosas, es claro que aquellos que no cumplan esta exigencia de la JEP estarían confirmando las sospechas de que se salieron del acuerdo de paz y, por ende, perderían todos los beneficios políticos, jurídicos y económicos contemplados en el acuerdo. Si esto sucediera, entonces, se reactivarían las órdenes de captura en su contra, serían procesados por la justicia ordinaria e incluso podrían ser extraditados ipso pacto.

De igual la JEP, el viernes pasado, también le dio 10 días de plazo al Alto Comisionado de Paz para que entregue un informe sobre los programas de reincorporación económica y social que contempla el pacto. De igual manera, pidió reportes de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (Csivi) al respecto.

¿Salvavidas?

Como se ve, a punto de cumplirse los dos años de la firma del Acuerdo de Cartagena, el pacto suscrito por el gobierno Santos y las Farc está en un punto crítico.

Si bien es cierto que el gobierno Duque y el partido de los desmovilizados dicen tener voluntad para rescatarlo del filo del abismo, no será nada fácil recomponer el camino.

Hay nuevas realidades políticas y mayorías nacionales que apuntan a que es necesario reversar muchas de las gabelas políticas, jurídicas y económicas dadas a las Farc. Pero también hay muchas voces que advierten que ello podría romper el pacto y generar una desbandada de los desmovilizados de nuevo a la ilegalidad, perdiéndose el esfuerzo de seis años de negociación e implementación. Las próximas semanas serán determinantes para saber cuál será el camino. Llegó, pues, la “hora D” para este acuerdo de paz.