Dentro de las muchas certezas que se pueden concluir del pasado debate de control político contra el Ministro Carrasquilla, resalta una: la moción de censura es improcedente por asuntos éticos y mucho menos por aspectos legales.

En lo que hace a las razones legales, es el mismo artículo 135 de la Constitución el que impide que se tramite una moción de censura por asuntos distintos a los “relacionados con funciones propias del cargo, o por desatención a los requerimientos y citaciones del Congreso de la República”. Al ministro se le imputan unos reproches en su condición de experto por la estructuración de un esquema financiero. Valga recordar pues, que los cargos no guardan relación con sus funciones como quiera que la estructuración se llevó a cabo muchos años antes a la posesión como ministro y, como si fuera poco, los mismos convocantes fueron los que afirmaron que el juicio se suscitaba por razones éticas que no por infracciones legales.

Descartada la viabilidad jurídica, nos queda, entonces, la imputación moral. Si por moral entendemos la forma de vivir bien en relación con los demás, tendremos que concluir que, cuando menos, en el debate se evidenciaron dos códigos morales diferentes.

El de los convocantes y sus seguidores es claro. Es el código de conducta en donde hacer dinero es inmoral, obsceno y mal visto; en donde trabajar en función a su posición intelectual y profesional es antiético y deshonesto; donde el cobro de intereses, como en la profunda edad media, son pecado y por lo tanto dignos de estudio de la Santa Inquisición y, donde tomarse en serio la descentralización territorial es una postura políticamente incorrecta.

Esa postura la defendieron los del Polo, fervientes defensores de las políticas intervencionistas del Estado y antiliberales y todos los socialdemócratas que con lúcidas arengas populistas atacan las más profundas fibras de la economía de mercado y de la cultura del mérito personal.

Sin embargo, los que más resaltaron por su visión “ética” fueron los ex terroristas de las Farc y del M-19. Para ellos, ciertamente, hacer plata dentro de los cánones de la ley es deshonesto, de hecho, para ellos cumplir la ley es deshonesto, incluso, podríamos afirmar que deshonroso pues no hay que olvidar nunca que se trata de unas personas cuya valía revolucionaria consiste en empuñar las armas y abrazar la violencia para desaparecer a todo aquél que piense diferente.

Para ellos el genocidio no debe ser considerado un acto de corrupción, ni más faltaba, y la guerra revolucionaria lo legitima todo, incluso el reclutamiento de menores y la sistemática violación de mujeres y niños. Para ellos, “vivir bien en relación con los otros”, consiste en exterminar todo aquello que huela a democracia, a republicanismo y a Estado de Derecho.

En ese sentido, no se habrá sucedido nada más honroso en el Capitolio Nacional, que haber sido objeto de una moción de censura parlamentaria.

*Miembro Corporación Pensamiento Siglo XXI.