La entidad aseguró que la decisión de la Corte tiene inmensas implicaciones sobre la estabilidad jurídica de las empresas
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“Una eventual caída de la Ley de Financiamiento sería extremadamente grave para la economía. Además de ser un importante golpe a la Certidumbre Jurídica con que deben contar los agentes de los mercados, pondría en graves apuros el financiamiento del Estado”, aseguró el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master.
Según Master, la decisión sobre la ley de financiamiento que tomará la Corte Constitucional "no solo tiene inmensas implicaciones sobre las finanzas públicas, también sobre la estabilidad jurídica de las empresas, los emprendedores y las empresas que se están formalizando”.
Para la ANDI, esta ley contribuye a la competitividad del sector privado, fortalece el sector empresarial y significa un avance al bajar la presión tributaria de las empresas, por lo que, si llega a tumbarse sería un mensaje negativo para la opinión que las calificadoras de riesgo emiten sobre el país y sus condiciones de inversión.
Esta ley introdujo medidas positivas para impulsar sectores específicos y revitalizar la economía, entre las cuales se resaltan las rentas exentas para economía naranja y sector agrícola; régimen simple de tributación para pequeños empresarios; y régimen favorable para mega inversiones.
Asimismo, aumentó los recursos recibidos por impuestos por parte del Estado, garantizando el recaudo de más de 7 billones de pesos adicionales, que hasta la fecha se han reflejado en incremento en los impuestos recibidos por el gobierno nacional de más del 10%, recursos totalmente necesarios para el normal funcionamiento de las políticas públicas desarrollados por el Gobierno Nacional.
Cabe recordar que durante años el país ha dado la discusión alrededor de la formalización empresarial y laboral. El régimen simple, además de contribuir a la formalización juega un papel importante como medida de reactivación de la economía, la formalización y la generación de empleo. Adicionalmente, este mecanismo facilitará el pago de impuestos nacionales y territoriales.