La Ley antidroga | El Nuevo Siglo
Miércoles, 18 de Septiembre de 2019
  • Espacio público libre de consumo ilícito
  • Tema sustancial para elecciones de octubre

 

La nueva ley que permite a las autoridades locales impedir el consumo de drogas y sustancias psicoactivas en los parques, el entorno escolar y otros sitios determinados por los alcaldes, es una buena noticia dentro de los criterios señalados en el último fallo de la Corte Constitucional al respecto. Basta con revisar los sondeos y las encuestas para darse cuenta de que la ciudadanía había quedado completamente sorprendida con la derogatoria de este tipo de restricciones. Por el contrario, alrededor del 90 por ciento de los colombianos se había mostrado favorable a que  ellas fueran reimpuestas.

Esa ha sido la dirección tomada por el gobierno del presidente Iván Duque, no solo en referencia a garantizar un ambiente sano y seguro en este tipo de espacios públicos, sino así mismo frente al combate sin cuartel a los cultivos ilícitos.

Es evidente que la mano ancha con el microtráfico ha disparado el nivel de consumo en las ciudades, especialmente en niños y adolescentes, que son utilizados de carne de cañón para incorporarlos, desde muy tierna edad, en el círculo diabólico de los alucinógenos. No podía seguir siendo esto así, mucho menos cuando los derechos de la niñez prevalecen, por supuesto, sobre el de jíbaros y consumidores tradicionales. El espacio público, especialmente en los parques y los entornos escolares, debe precaverse de quienes viven del vicio y el microtráfico, enseñoreando el delito como fórmula cotidiana que casi se había vuelto tradición.

De otra parte, también, como lo dice la nueva Ley de autoría del senador Rodrigo Lara, de lo que se trata es de otorgar unas facultades explícitas para que el asunto sea abocado desde el punto de vista local y se pueda adecuar de la mejor manera posible a las realidades circundantes, que no son las mismas en todas las regiones y municipios del país. Pero lo que interesa es, fundamentalmente, el espíritu de la norma que recupera el espacio público, los entornos escolares y universitarios, y los escenarios deportivos para la recreación. Se trata, ciertamente, de hacer prevalecer las posibilidades de la cultura, el deporte y el compañerismo por sobre las gavillas y el pandillaje que se habían tomado estos sitios como parte de la estrategia delictiva de elevar el consumo de drogas ilícitas en el país.

En esa medida, igualmente, es fundamental que las autoridades locales, al mismo tiempo que emitan las normas respectivas para salvaguardar el espacio público del consumo de drogas, adelanten campañas pedagógicas en favor de la sana convivencia y contra el malestar que a la larga termina generando en la comunidad el uso de alucinógenos y opiáceos.

Como se sabe el consumo de drogas suele colarse por cualquier intersticio que se deje abierto. De hecho, por ejemplo, en los últimos informes sobre la materia, tanto de la ONU como de Estados Unidos, se advierte que el cannabis medicinal está siendo utilizado en otros propósitos y que amenaza con convertirse en un teatro para abrir la ventana al consumo no terapéutico.

La misma Corte Constitucional, sobre el consumo de drogas en el espacio público, advirtió en su momento que existían otros instrumentos, diferentes a las cláusulas demandadas del Código de Policía para enfrentar el fenómeno. Tuvo que precisarlo así luego de la gigantesca reacción ciudadana ante su fallo que eliminó dos artículos de la citada norma que impedían el consumo en parques y entornos escolares. Pero ahora, faltando todavía la conciliación del proyecto de ley con la Cámara de Representantes, el asunto se eleva de nuevo a orden legal y se espera, desde luego, que en caso de demandas la Corte dé vía libre a los instrumentos que quiere y pide la ciudadanía para enfrentar el microtráfico.

De la mayor importancia, de otro lado, son las próximas elecciones regionales y municipales para poder contrastar cuáles candidatos están en favor de la medida legal y cuáles quieren mantener el espíritu laxo y dilatar su aplicación. En ese sentido los comicios del próximo 27 de octubre son un escenario propicio para que la ciudadanía seleccione de la mejor manera posible a los aspirantes que, como futuros alcaldes o gobernadores, tendrán que desarrollar la legislación autorizada por el Congreso. Inclusive, los mandatarios actuales, apenas entre en vigencia la norma, podrán así mismo expedir las directrices correspondientes. De suyo, con la citada sentencia de la Corte Constitucional en cuanto al Código de Policía, algunos burgomaestres ya han procedido en consecuencia.

De esta forma, la próxima cita en las urnas se convierte, en todo caso, en la plataforma democrática para asegurar, con su voto, qué es lo que piensa cada ciudadano al respecto. Y ese será un punto determinante en el resultado electoral, puesto que allí se está definiendo mucha de la suerte de los niños y los adolescentes colombianos hacia el futuro.