• Reforzar erradicación de narcocultivos
• Estado debe asentarse en los territorios

El Gobierno, por intermedio del Alto Comisionado para la Paz, indicó ayer que en lo transcurrido de esta administración han sido erradicadas 98.246 hectáreas de coca, destacando que ello fue posible por la combinación de tres estrategias.

De acuerdo al Ejecutivo, los equipos manuales erradicaron 83.143 hectáreas; mediante el Programa Nacional de Sustitución Integral de Cultivos Ilícitos (PNIS) se destruyeron otras 11.411; y a través del plan de Formalizar para Sustituir se acabó con 3.693 más.

Según el Comisionado para la Paz, en lo corrido de 2019 se han erradicado 59.872 hectáreas, lo que equivale al 60 por ciento de las 98.246 hectáreas destruidas durante los doce  primeros meses de este Gobierno.

Hasta ahí todo va bien, sobre todo porque esos resultados se dan en virtud, principalmente, de que el Ministerio de Defensa aumentó de 24 a más de 100 los grupos manuales de erradicación.

De hecho, tanto en los informes del Departamento de Estado norteamericano como de la ONU se confirmó, semanas atrás, que en 2018, por primera vez en los últimos siete años, se logró quebrar la tendencia creciente de la extensión de los sembradíos ilícitos. Como se sabe, de las casi 50 mil hectáreas en 2013 se pasó a 210 mil al cierre de 2017, evidenciando un grave retroceso en materia antidroga, más aún porque el potencial exportador de cocaína también avanzó a las mil toneladas métricas anuales.

Sin embargo, lo que debe prender las alarmas sobre la necesidad de reforzar la lucha contra el narcotráfico es que el propio Gobierno admite que si bien las cifras resultan importantes, el porcentaje de resiembra de hoja de coca, marihuana y amapola en las zonas erradicadas se estima entre el 50 y el 67 por ciento. Un dato alarmante.

Paradójicamente meses atrás se venía manejando un porcentaje menor en materia de resiembra, que no sobrepasaba el 40 por ciento. Hablar ahora de niveles por encima del 50 y casi del 70 por ciento pone de presente que es necesario activar otras herramientas para romperle la columna vertebral al flagelo de los cultivos ilícitos.

Por ejemplo, se requiere trabajar más en materia de sustitución de sembradíos ilícitos, ya que es la única forma de evitar que los narcotraficantes resiembren en las mismas zonas en que los grupos erradicadores ya destruyeron los sembradíos ilegales. Si a los campesinos se les ofrecen alternativas agroindustriales rentables para que trabajen y saquen frutos legales de sus predios, la posibilidad de que regresen a los sembradíos ilícitos se reduce de forma sustancial.

De forma paralela es clave que tanto la Fuerza Pública como las institucionalidad en general se asienten de forma permanente en las zonas en donde se destruyen los cocales, no solo para garantizar que los narcotraficantes no vuelvan a presionar a los campesinos para que resiembren la coca, sino para dejar claro ante los pobladores que el Estado ahora ejercerá allí ininterrumpidamente la supremacía territorial y de autoridad legítima que representa.

De igual manera, urge que se defina cuándo se podrán reanudar las fumigaciones aéreas con glifosato o cualquier otro herbicida que se autorice, ya que por esta vía se aumenta la extensión y rapidez en la destrucción de los cocales.

En ese orden de ideas, el Gobierno debe acelerar la confección del protocolo para reanudar las aspersiones aéreas acorde con el último pronunciamiento de la Corte Constitucional en donde quedó más que claro que se puede fumigar con glifosato u otro herbicida en tanto se cumplan los condicionamientos para disminuir lo más posible la afectación a los seres humanos, las fuentes hídricas, la fauna y flora así como los cultivos legales. Lo ideal sería que dicho protocolo se le presentará al Consejo Nacional de Estupefacientes lo más pronto posible para que allí inicie el análisis respectivo y en poco tiempo se pueda tener la luz verde para retomar esta estrategia que, hasta octubre de 2015, cuando fue suspendida por el anterior gobierno, venía siendo la herramienta más eficiente para acabar con los narcocultivos.

Siendo claro que las disidencias de las Farc, la guerrilla del Eln, las bandas criminales emergentes y los carteles del narcotráfico de nuevo y viejo cuño enfrentarán al Estado y la Fuerza Pública para no dejarse quitar este lucrativo negocio ilícito, también es urgente que se analice si el actual presupuesto, equipamiento y pie de fuerza policial y militar es el adecuado para abocar esta nueva ofensiva antidroga. Si es necesario reforzar alguno de esos acápites, deberá procederse de inmediato, con los ajustes fiscales del caso.

No hay que llamarse a engaños: el auge narcotraficante se mantiene y lo único que se logró fue frenar la tendencia creciente de los narcocultivos, pero estos siguen por encima de las 200 mil hectáreas. Si bien hay más eficiencia en la erradicación, mientras el porcentaje de resiembra supere el 50 o el 67 por ciento, se avanzará muy lento en la derrota definitiva del flagelo.