Como consecuencia de una acción de tutela que interpuso Asonal Judicial, el Consejo de Estado exhortó al Consejo Superior de la Judicatura a conformar una mesa de trabajo con el Gobierno Nacional, la Procuraduría General y otros representantes de la Rama Judicial para evaluar los avances alcanzados en materia de bioseguridad, herramientas tecnológicas y conquista del expediente judicial, a la luz de la emergencia sanitaria que vive el país por la presencia de la pandemia.
A la mesa deberán ser convocados un representante de los ministerios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Hacienda y Salud y de los consejos seccionales de la Judicatura.
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La tutela se fundamentó en que las condiciones en las que se ordenó la reapertura de los despachos judiciales a partir del 1º de julio pasado habría violado derechos a la vida y al trabajo en condiciones dignas de los servidores porque se produjo sin la debida digitalización de expedientes ni las condiciones de bioseguridad suficientes y en ausencia de protocolos y capacitación a los que había lugar para prestar el servicio de administración de justicia.
El Consejo de Estado determinó que no se evidencia que las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura hayan sido violatorias de derechos fundamentales, pues se establecieron instrumentos de bioseguridad y distanciamiento social en los despachos y sedes donde se brinda atención al público, al punto de que solo se permitió una ocupación máxima del 20% y se privilegió el trabajo en casa.
De ahí que no prospere la solicitud de ordenar el cierre de las sedes judiciales, en tanto a ello se suma que la entidad accionada así lo hizo entre el 21 y el 31 de agosto pasados.