El  asesinato de  Javier Ordóñez y la muerte por arma de fuego de más de diez personas en medio de los terribles sucesos que aquel hecho provocó, han comprometido de manera grave la confianza de muchos ciudadanos  en  la Policía Nacional como institución esencial para asegurar la convivencia,  y obligan, por elemental respeto con el dolor de  las familias de las víctimas, a esclarecer plenamente las circunstancias  en que esas muertes se dieron, y  a identificar y sancionar a quienes violaron la ley.

Los gestos de petición de perdón que se han dado son apenas un comienzo, y deben estar acompañados de un riguroso y sincero examen de las razones que llevaron a que tan lamentables hechos sucedieran, para proceder a efectuar los cambios estructurales necesarios que eviten su repetición. Explicar que se trata de simples casos aislados no contribuye al necesario objetivo de restaurar la confianza.  Cuando una manzana se daña,  lo responsable es revisar  cuidadosamente el barril del que proviene, para identificar el ambiente de valores que pudiera estarla  contaminando.

Quienes han teorizado sobre el fenómeno de la confianza institucional (Warren, Simmel, Quere), explican que confiar en una institución implica considerar como válidas las normas y valores que la orientan, el convencimiento de que estos son aceptados y aplicados por sus agentes en todos los niveles, y que existirán sanciones efectivas que se convierten en motivos adicionales para que aquellos sean respetados en cualquier situación. También explican que para que esta confianza se genere es necesario que los ciudadanos dispongan de instrumentos eficaces para determinar la fiabilidad de las informaciones que las instituciones suministran sobre la conformidad de los comportamientos de sus agentes con estos presupuestos y principios.

En ese orden de ideas, dado que el respeto a la vida y la dignidad humana se encuentran en la primera línea de los valores que necesariamente orientan a la Policía Nacional, no debe existir duda de que sus integrantes así lo entienden y apliquen, que existen inequívocas directrices para su respeto, y que en caso de infringirlas, la institución tomará de inmediato las medidas necesarias para ajustar los comportamientos a esos imperativos institucionales. Lo sucedido, sin embargo,   no sólo genera profundos interrogantes sobre el sentido de humanidad de varios de  sus miembros, sino sobre los mecanismos de  control y de comando  frente a situaciones como las que  hoy enlutan al país. 

Nada de esto justifica ni legitima por supuesto el aprovechamiento de la indignación que estos hechos generan, por oscuros intereses que siempre se encuentran al acecho. Las evidencias de infiltración de actores violentos no hacen sino mostrar la urgencia de encontrar la manera de restablecer la confianza de toda la ciudadanía en las fuerzas del orden de manera genuina y transparente, sin complacencias ni eufemismos, pero igualmente sin descalificar a quienes protestan en ejercicio legítimo de sus derechos, o a quienes defienden de buena fe la también legítima acción del Estado.

No es enfrentándose los unos con los otros de manera irracional, haciéndole el juego a los extremistas, sino a través del diálogo franco  y de una  sincera voluntad de enmendar los errores, que se  honrará a los muertos, se encontrará la verdad y se logrará hacer justicia.

 @wzcsg