En el marco de la Asamblea General de la Naciones Unidas llamó la atención una conferencia virtual que realizó Estados Unidos sobre Derechos Humanos el 23 de septiembre; pues, justamente el presidente Trump es -al decir de distintos expertos- no solo quien menos ha hecho por los derechos humanos en su país sino que también es uno de los que menos credibilidad internacional tiene en esta materia.

El Secretario Mike Pompeo creó en 2019 la Comisión sobre Derechos Inalienables en el Departamento de Estado como un órgano asesor independiente con el propósito de “…hacer un examen documentado de la función de los derechos humanos en una política exterior que esté al servicio de los intereses estadunidenses…” Integrada por académicos y activista, entregaron en agosto de este año su informe, concluyendo que “en el mundo multipolar de hoy, salta a la vista que el ambicioso proyecto de derechos humanos del siglo pasado está en crisis.” y “Por esa razón…los Estados Unidos deben impulsar la causa con nuevo vigor.”

En el informe se reitera que la base de la tradición constitucional estadounidense está en los derechos inalienables reconocidos en la declaración de independencia, fundamento de su tradición moral y política, y que los 21 artículos iniciales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se corresponden con ellos. Igualmente reafirma que la noción de derecho humano hacer relación a un derecho inherente de los seres humanos por ser tales. Pero a partir de allí establece una relación problemática entre los derechos humanos -inalienables- y el derecho positivo posterior a la declaración universal.

Según esto, los otros derechos humanos reconocidos y desarrollado a través de distintas normas y  tratados, es decir los contenidos en el derecho positivo vigente, no tienen el mismo estatus por no derivar de la tradición moral como los inalienables, como es el caso de los derechos económicos y sociales. En consecuencia, desde esta visión el derecho positivo no tendría la capacidad de crear derechos humanos, y por allí se pasa a la primacía de la tradición fundada sobre la libertad religiosa y los derechos de propiedad que deben prevalecer sobre los demás derechos, inspirando su interpretación en cada circunstancia. Y concluye que como resultado de desconocer esto se tiene actualmente que “el aumento de reivindicaciones en materia de derechos ha llegado a ciertos excesos.”

Sobre este tipo de planteamientos trató el evento. Carol Morello del Washington Post registró la noticia, y señaló que “Aunque Estados Unidos pidió a otras democracias que se unieran al evento virtual, la Unión Europea instó a sus estados miembros a no participar.”

Distintas organización han rechazado esta visión, pues con justa razón ven amenazados derechos y reivindicaciones como en el caso de la igualdad de género y la comunidad LGTBI, entre otras minorías.

La Misión de Estados Unidos ante la ONU publicó al final un declaración, a la que se sumó Colombia, reafirmando la primacía de “ciertos principios fundamentales” aplicables en “todas partes y en todo momento.” La revisión que propone Estados Unidos riñe con nuestro ordenamiento constitucional. Creo que el país merece una explicación del Gobierno sobre su apoyo a tal declaración.

@Fer_GuzmanR