*Más allá del “efecto rebote” económico
*Urge regular escenario laboral pospandemia
Quince meses después del inicio de la crisis sanitaria en Colombia por cuenta de la pandemia de covid-19 algunos de los principales indicadores macro y micro de la economía están empezando a acercarse de forma acelerada a los guarismos que se traían antes de que iniciará la emergencia.
Obviamente en muchos de estos repuntes es necesario diferenciar aquellos que corresponden a lo que los expertos han dado en llamar “efecto rebote”. Es decir, que los altos porcentajes de crecimiento se explican, no por un dinamismo extraordinario de los sectores productivos y la economía real, sino porque fue de tal magnitud la caída en el segundo y tercer trimestres de 2020 que el comienzo de la normalización da como resultado la disparada de cifras y porcentajes de no pocos indicadores. De esta forma, si bien a junio de este año se creció a un sorprendente 17,6% en Producto Interno Bruto, ese cálculo se explica solo frente a la histórica descolgada recesiva de mediados del año pasado. De hecho, en términos reales las apuestas más optimistas frente a lo que pueda pasar a diciembre próximo, señalan que el PIB crecería entre 6 y 8% como máximo.
Entre los casos en donde la progresión de algunos indicadores ya pasó la fase del “efecto rebote” y se sitúa en escenarios más reales está, precisamente, el desempleo. El último dato del DANE señaló que la tasa de desocupación en Colombia cayó en agosto pasado a 12,3%, lo que significa que prácticamente ya se logró igualar la que existía al cierre de febrero de 2020 (la pandemia comenzó a atacar en Colombia en marzo siguiente), cuando se ubicó en 12,2%, según el reporte del mismo ente estadístico.
Ese dato constituye sin duda una de las mejores noticias de los últimos meses, más aún si se tiene en cuenta que en mayo del año pasado, durante la fase más crítica de la cuarentena, el desempleo se puso por encima del 21% y se calculaba que no menos de tres millones de plazas se habían perdido en tres meses, elevando el número de personas sin trabajo a más de cinco millones.
Lo más importante de esta disminución progresiva en materia de desempleo es que, por fin, se está acompasando el crecimiento económico con la generación de nuevos puestos de trabajo en los últimos meses.
Ahora bien, la situación todavía es muy complicada. De allí que la prioridad para este último trimestre de 2021 no es otra que seguir manteniendo esa tendencia de reactivación de empleo, y para ello son necesarias por lo menos tres medidas.
En primer lugar, cómo es apenas obvio, que la curva epidemiológica continúe controlada y que el anunciado pico de covid-19 que podría darse a finales de este mes sea bajo en contagios y decesos, de forma tal que no obligue a imponer nuevas restricciones al sistema productivo y la movilidad social.
En segundo terminó resulta imperativo que se profundicen de forma mucho más efectiva los apoyos y beneficios oficiales, tanto en materia de subsidios a las nóminas como para facilitar el flujo de capital fresco a las compañías de cualquier tamaño o rubro productivo. Aquí es clave la reforma de Inversión Social aprobada por el Congreso semanas atrás y ya en vigor.
Y, en tercer lugar, resulta imperativo que la legislación laboral se adecue de forma rápida y natural a las nuevas realidades de la oferta y demanda de empleo. Es claro que la pandemia aceleró una serie de modalidades y tipologías de trabajos, y marchitó otras. Hay una alta incidencia de la digitalización así como del uso de las plataformas tecnológicas en la generación de productos, bienes y servicios. El teletrabajo, el trabajo en casa, la contratación por hora-labor o por órdenes de servicio así como la tercerización y segmentación productivas ya dejaron de ser una excepción y se están generalizando. Igual ocurre con las escalas salariales y una serie de variables que ya no pueden desconocerse porque hacen parte del día a día de la relación entre quien paga por determinada labor o servicio, y la persona que se ofrece a realizarlo.
En ese orden de ideas, se requiere una reforma laboral seria y profunda en Colombia, que abarque no solo el tipo de contratación y la regulación salarial respectiva sino los mecanismos de protección y seguridad social derivados (sobre todo en salud, pensión y riesgos profesionales). Urge, igualmente, un diagnóstico del mercado de oferta y demanda de empleos, que lleve a enfatizar la educación para el trabajo y nuevos esquemas de relacionamiento equilibrado entre empleador y empleado. Aunque hay quienes consideran que en plena campaña electoral y con el Congreso en sus últimos meses de legislación efectiva, no es momento para una misión de este calibre, lo que está pasando en el día a día laboral evidencia lo contrario.