* AMLO camufla fallas enlodando a sus antecesores
* Proyecto afecta gravemente instituciones mexicanas
No hay tema más rentable y aglutinador en la política latinoamericana contemporánea que la lucha contra la corrupción. Como tampoco estrategia más contundente para un político que declararse el bueno de la película y el ángel exterminador de los corruptos. Hoy produce perplejidad confirmarlo, pero con esa treta llegó al poder Hugo Chávez en Venezuela en 1998. En Colombia tenemos fresca la Consulta Anticorrupción de 2018 que se convocó en torno a siete temas inútiles, costó 350 mil millones de pesos, no aportó nada significativo para combatir el problema pero puso a sus promotoras en el partidor para concretar sus proyectos políticos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha logrado imponer una nueva marca en la materia con su rocambolesca iniciativa de someter a consulta popular que se investigue y, de ser del caso, se sancione a los cinco mandatarios que lo antecedieron. López Obrador busca el apoyo popular para escarbar entre las basuras de los gobiernos de presidentes que tacha de “neoliberales y corruptos”, desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto.
Cuando propuso la idea los juristas no la tomaron en serio porque no hay hechos ni cargos concretos que la justifiquen y porque, de haberlos, la acción de la justicia debe ser automática. Pero la iniciativa cambió de tono la semana pasada cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó -por muy estrecha mayoría- la constitucionalidad de la misma. Contra todos los pronósticos López Obrador impuso, una vez más, el predominio del “pan y circo” en el orden institucional de su país sobre el imperio de la inteligencia, la razón y también de la Constitución y de la ley, a juzgar por el contenido de los salvamentos de voto de los jueces que se opusieron.
Como se recuerda, después de varios intentos fallidos López Obrador llegó a la presidencia de México en 2018, tras una campaña sustentada en estrategias de alto impacto mediático y basadas en la lucha contra la corrupción. Se declaró en desobediencia civil contra su antecesor Peña Nieto, le montó un circo permanente en El Zócalo, con lógicas y tácticas del mundo del espectáculo. Así ganó y así ha gobernado. Tiene un programa de televisión (“Las Mañaneras”) desde donde promueve sus causas e intenta contrarrestar a buena parte de la prensa y sus opositores, al tiempo que busca mantener viva la llama del sentimiento anticorrupción, con iniciativas tan estrambóticas como rifar el avión presidencial de 200 millones de dólares que compró su antecesor.
Pero una cosa es hacer política espectáculo y otra gobernar. En sus dos años en el cargo la inseguridad empeoró dramáticamente -más de 60 mil asesinatos-, su manejo errático y vacilante de la pandemia ya acumula 72 mil muertos y, por primera vez en su historia reciente, la economía mexicana tendrá una caída superior a 10%. Un pésimo panorama considerando que las elecciones “intermedias” para escoger los 500 miembros de la Cámara de Diputados federales así como cargos federales y locales en otras 32 entidades, se realizarán en agosto de 2021.
Es, pues, mala hora para que su gestión sea evaluada, pero AMLO maniobra de manera precisa y estratégica para desviar la atención de los mexicanos hacia el tema taquillero de la corrupción y contener así el derrumbe de su popularidad. De allí que su proyecto sea que la consulta se realice conjuntamente con esos comicios.
La cuestionada propuesta ha tenido que superar difíciles obstáculos. Se requerían 1,8 millón de firmas y el Gobierno se vio tan a gatas para conseguirlas que, un día antes de la fecha límite, el Presidente hizo uso de su función para pedir la consulta. El paso más importante era, sin embargo, el estudio del alto tribunal pues parecía imposible que allí aceptaran la propuesta de consulta sin pruebas de que los expresidentes hubieran cometido delitos y, más aún, porque, como dijera uno de los magistrados, “la justicia no se consulta”. López decidió entonces presionar a la Corte, llegando a decir que “no ha hecho nada por México”.
Surtió efecto esa presión y le aprobaron su iniciativa, aunque la decisión terminó por delatar ante propios y extraños la naturaleza del engendro. Los jueces cambiaron el texto propuesto por López Obrador. El inicial planteaba: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”. El que salió de la Corte sostiene: “¿Está de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
La consulta que, como la realizada en Colombia, tendría un enorme costo, pasa ahora a la aprobación del Senado y la Cámara de Diputados. Si la viabilizan será el “Frankenstein” de una anomalía registrada en Colombia, Venezuela, Argentina y otros países: un grave irrespeto a la Constitución que debilita al Estado, atiza los odios y la polarización.