Cuenta regresiva

La bancada de la oposición está lista para activarle una nueva cuenta regresiva al Gobierno. Semanas atrás el presidente Iván Duque anunció que se volvería a presentar al Congreso el proyecto de ley para ratificar el Acuerdo de Escazú, que permite a la ciudadanía un mayor acceso a la información ambiental y en la toma de decisiones al respecto. Como se recuerda la iniciativa se hundió al final de la pasada legislatura pese a que tenía mensaje de urgencia de la Casa de Nariño. Fue evidente que varias de las bancadas de la coalición gubernamental le pusieron peros al avance del proyecto y finalmente se terminó archivando. En su prioritaria agenda ambiental Duque ha prometido que volverá a presentar el proyecto y dijo que lo haría antes de terminar octubre. Esa es, precisamente, la cuenta regresiva que la bancada de oposición, con los verdes a la cabeza, quiere empezar a correrle al Jefe de Estado.

Hacinamiento y reincidentes (I)

A propósito del proyecto de reforma penal que el Gobierno presentará al Congreso con el fin de restringir las posibilidades de que los delincuentes reincidentes puedan quedar en libertad de forma rápida, un senador de la Comisión I señaló que le gustaría que la iniciativa, antes de radicarse, se llevara a consideración del Consejo Superior de Política Criminal. Para el congresista ese concepto previo es necesario toda vez que no se puede desconocer que uno de los elementos normativos más eficaces para reducir el hacinamiento carcelario en los últimos meses fue, precisamente, el decreto que limitó, por efectos de la pandemia, la cantidad de personas a encarcelar y que, por el contrario, fueron beneficiadas con la prisión domiciliaria. Es claro que si se restringe la libertad de los delincuentes reincidentes, la cantidad de personas en prisión aumentaría gradualmente.

Hacinamiento y reincidentes (II)

Mantener a raya el hacimiento carcelario es uno de los logros que más recalca el Gobierno, más aún porque no se puede olvidar que años atrás la Corte Constitucional expidió un auto en donde declaró el “estado de cosas inconstitucional” en las cárceles y por ello cada cierto tiempo el Ejecutivo de turno tiene que ir a rendir cuentas al máximo tribunal respecto a los avances para humanizar la situación en los establecimientos penitenciarios. Hace una semana, en entrevista con EL NUEVO SIGLO, el ministro de Justicia Wilson Ruiz destacaba cómo ha bajado el porcentaje de sobrecupo en las prisiones. “Hace 18 meses estábamos en un hacinamiento del orden del 54,5 %, hoy podemos decir que el índice de hacinamiento se encuentra en 17,1 % en promedio en los 132 establecimientos de reclusión del orden nacional”, señaló. Hizo referencia al decreto 546 de 2020 que permitió sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en cárceles por la prisión y la detención domiciliarias a personas en situación de mayor vulnerabilidad frente al covid-19.

Hacinamiento y reincidentes (III)

De acuerdo con la fuente parlamentaria, la incidencia de la crisis pandémica ha ido retrocediendo en los últimos meses y tendría que revisarse “… si los hechos objetivos que dieron lugar al decreto se mantienen y, sobre todo, las causas excepcionales que dieron lugar a esas medidas de aseguramiento sustitutivas a personas que, aplicado en rigor el Código Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario, deberían estar tras las rejas y no en sus casas”.