La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a gestionar y participar del diálogo constructivo con los 13 pueblos ancestrales asentados en el Parque Nacional desde hace 20 días, preferiblemente a través de las mesas técnicas propuestas por las autoridades indígenas, con el objetivo de revisar los compromisos plasmados en el Plan de Desarrollo Distrital (2020-2024). 

Ante dicha solicitud, la alcaldesa Claudia López dijo que la única entidad que ha atendido, albergado y dialogado con la comunidad Embera durante el último año y medio es la Alcaldía Mayor de Bogotá, aludiendo a cómo en los últimos 18 meses “no se ha aparecido” ni la Procuraduría, ni el Gobierno Nacional, ni la Unidad Nacional de Víctimas a atenderlos.

“Solo la Alcaldía y los impuestos de los bogotanos han cuidado, alimentado, albergado y protegido a esta comunidad. El resto los han abandonado y otros los han instrumentalizado. La Secretaría de Gobierno ha estado sentada en la mesa personalmente, en todos los procesos de diálogo, para garantizar que se les restituyan sus derechos (…) Reiteramos nuestra disposición de seguir cuidando y protegiendo a la comunidad, nos solidarizamos con su exigencia y esperamos que aparezcan y les cumplan”, indicó la mandataria, quien tildó de “inaceptables” a los Embera que no se han querido acoger a los servicios del Distrito.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, respondió que el martes la entidad estuvo hablando con las comunidades Embera, compuestas por alrededor de 1.300 indígenas en Bogotá. Explicó que dicha comunidad ha sostenido procesos de diálogo permanente desde hace 12 meses no solo con la Secretaría sino con la Alta Consejería para las Víctimas pues ellos, al ser población desplazada, son víctimas del conflicto armado.

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Precisó que todo ese diálogo se ha enmarcado en el restablecimiento de derechos, de garantía de sus apoyos económicos y del proceso de asistencia y acompañamiento que deberán tener para que puedan hacer un retorno seguro que deberá garantizar la Unidad para las Víctimas.

No obstante, refirió que en el Parque Nacional hay un grupo que está emprendiendo una acción política bajo la autodenominación de "Indígenas de Bacatá", un proceso organizativo muy legítimo desde el punto de vista político, “pero que lamentablemente está instrumentalizando a menores, exponiéndolos al sol y al agua cuando podrían estar en mejores condiciones en el parque La Florida. Es un albergue transitorio y con limitaciones pero que está garantizando alimentación, techo, un puesto de salud permanente y educación”, precisó el secretario Gómez.

Por lo mismo, y recordando que ha habido diálogo permanente con la Procuraduría y la Personería (ambas hacen parte del Puesto de Mando Unificado), el secretario Gómez indicó que se deben garantizar los derechos de los Embera y de vecinos del parque que han querellado y solicitado que se restablezca este espacio.

“Reiteramos la voluntad de diálogo de la Alcaldía Mayor de Bogotá con los Embera, con el proceso legítimo de reconocimiento político al que aspira la organización Bacatá, pero que eso no se haga en el marco de una acción de hecho que exponga la vida de menores”, finalizó.