Como resultado de una investigación de la Fiscalía que se extendió por cerca de un año, este lunes fue capturado el gobernador suspendido de San Andrés, Ronald Housni Jaller; la exgobernadora Aury Guerrero Bowie; así como varios funcionarios que estarían implicados en un escándalo de corrupción sobre la asignación de contratos a particulares sin el lleno de los requisitos, a cambio de que pagaran el 10% del valor de los mismos.
Por esta vía fraudulenta los implicados habrían recibido 11.000 millones de pesos, según el organismo. Se podría decir que es la versión local del denominado ‘carrusel de la contratación’ que operó en Bogotá en la administración de Samuel Moreno.
El Mandatario departamental fue suspendido hace varios meses por la Procuraduría por presuntas irregularidades en la celebración de contratos para la operación del servicio de salud y entrega de medicamentos al Hospital Clarence Lynd Newvald.
La investigación que llevó a que el Gobernador de San Andrés fuera privado de libertad muestra también que la corrupción en el país tiene vasos comunicantes, pues según la Fiscalía los contratistas que pagaron coimas en este departamento para hacerse a contratos por alrededor de 120.000 millones de pesos, son los mismos que a punta de dádivas se quedaron con las obras de valorización en Armenia.
Por estos presuntos hechos de corrupción en la capital del Quindío fue privado de libertad el entonces alcalde Carlos Mario Álvarez, quien fue imputado por la Fiscalía por lavado de activos, peculado por apropiación, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.
La investigación en San Andrés partió desde las quejas que en octubre de 2017 manifestó la comunidad al fiscal Néstor Martínez por demoras en la entrega de obras de infraestructura, de servicios prioritarios para la comunidad y apropiación indebida de dineros públicos.
Desde ese momento, fueron destacados equipos de investigadores y fiscales que se dieron a la tarea de hacer las respectivas indagaciones, encontrando, entre otras, la conexión con los contratistas de Armenia.
“Con este antecedente, las labores de policía judicial fueron orientadas hacia los contratistas Hernán Moreno Pérez, Fernando León Diez Cardona y algunos de sus presuntos socios, y se estableció que para quedarse con la construcción de colegios y parques en el departamento, supuestamente pagaron el 10% del valor de los contratos con el probable auspicio de altos dignatarios del Gobierno departamental”, explicó la Fiscalía.
Por estos hechos fueron capturados el suspendido gobernador Ronald Housni Jaller; la exgobernadora Aury Guerrero Bowie; el secretario de Infraestructura, Alejandro Lozano Bowie; la secretaria de Planeación, Tatiana Pérez; la exsecretaria de Educación, Edelmira Archibold; la jefe de la Oficina Jurídica, Ain Zulema Conolly; y la supervisora de los contratos adjudicados irregularmente, Elizabeth O’Neill.
También fueron capturados los contratistas Mauricio José Rodríguez y Sergio Fabián Lever; el supervisor de contrato Luis Albeiro Urrego y el ingeniero civil Juan Diego Alvis.
A los capturados la fiscal de conocimiento les imputará, entre otros, cargos por los delitos de peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y concierto para delinquir.
Asimismo, los contratistas Hernán Moreno, Fernando León Diez y Ángel José Angarita serán citados a audiencia de formulación de imputación por los nuevos delitos, toda vez que cumplen medida de aseguramiento de detención domiciliaria por hechos detectados en Armenia.
De igual forma, la Fiscalía compulsará copias a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que adelante las acciones de su competencia respecto al exrepresentante a la Cámara por este departamento Jack Housni Jaller, hermano del actual Gobernador.
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Obras inconclusas
Entre los contratos adjudicados sobresale la construcción del ‘Centro de Educación Media Diversificada (Cemed) Antonia Santos, que serviría a la población estudiantil del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El contrato fue suscrito el 23 de diciembre de 2014 por un valor de 50.000 millones de pesos, y debería la obra entregarse a la comunidad en diciembre de 2015; sin embargo, hoy, los trabajos no alcanzan el 50% de su ejecución, explica la Fiscalía.
Los testimonios, el material probatorio y la evidencia física en poder de la Fiscalía darían cuenta de que para este proyecto de ‘megacolegio’ el constructor, diseñador e interventor pertenecían a una misma firma, que era liderada por los señores Hernán Moreno Pérez y Fernando León Diez Cardona, “como se presentó en el desfalco a los recursos de valorización en Armenia”, señala la Fiscalía.