Carnaval de corrupción en Perú

  • Sub judice cúpula del poder por Odebrecht
  • Urge depuración política y administrativa

Las cloacas de la corrupción por las coimas que repartió a sus fichas políticas locales la firma brasilera Odebrecht han provocado un remezón político en el Perú, que afecta a los dirigentes de las más diversas tendencias que han llegado al poder. Personajes destacados de las ramas Ejecutiva, Judicial y Legislativa se han visto envueltos en el escándalo y terminaron en prisión, están prófugos o judicializados. Las pruebas entregadas, con documentos de su puño y letra, por Marcelo Odebrecht, remitidas por la justicia de Brasil a jueces y fiscales incas, son elocuentes e inequívocas: presidentes, expresidentes, ministros y funcionarios y exfuncionarios de distintas instancias participaron en el carnaval de corrupción por más de una década.

La última en entrar al radar de las autoridades fue, esta semana, la juvenil y combativa congresista y excandidata presidencial por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori. En estos momentos se encuentra en reclusión precautelar por un lapso de 10 días en el marco de las pesquisas por presuntos nexos con la multinacional brasileña que montó toda una estrategia de sobornos a nivel latinoamericano para quedarse con contratos de obras públicas. Si bien la polémica dirigente se declara inocente y sostiene que hay una persecución política en su contra, el expediente con su nombre sería voluminoso.

Paradójicamente antes de su detención, la senadora alcanzó a tramitar en el Congreso, en donde su partido tiene mayorías, un proyecto de ley que favorecería a su padre, el condenado y enfermo expresidente Alberto Fujimori, a quien le acaban de revocar un polémico indulto que meses atrás le concedió el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, en una maniobra evidente para evitar que el fujimorismo le adelantara un juicio político por antiguas relaciones de sus empresas con Odebrecht. La jugada, como se sabe, no sirvió de mucho por cuanto se conocieron luego videos de los sobornos gubernamentales a varios parlamentarios y el escándalo que propició la renuncia obligada del mandatario. Ahora los jueces anularon el cuestionado indulto por considerar que era improcedente dado que hubo coimas y transacción política de por medio.

Pero la cuestión va más allá. Otro exmandatario como Alejandro Toledo también está salpicado en el caso Odebrecht, por tramitar cuantiosos contratos que favorecieron a la cuestionada firma y a cambio habría recibido millonarios sobornos. Aunque alcanzó a huir a Estados Unidos y tiene una orden de captura y extradición vigentes.

Otro expresidente, aún más antiguo que Toledo, también está en la mira. Se trata de Alan García, quien también tendría un voluminoso expediente con pruebas sobre cuantiosos sobornos, sobre todo en relación con el proyecto del Metro de Lima. Por ahora se encuentra fuera del país pero sus detractores consideran que en poco será objeto de orden de captura y petición de detención internacional.

Pero ahí no para la forma en que la cúpula del poder está sub judice en Perú. El propio Marcelo Odebrecht reconoce que su empresa entregó 3 millones de dólares en 2011 a la campaña del entonces candidato y luego jefe de Estado Ollanta Humala. Luego, ya en el poder, habrían seguido las coimas. Tanto él como su esposa fueron a parar tras las rejas.

En medio de todo este escándalo es de destacar que la justicia peruana y la comisión especial anticorrupción han dado duros golpes a la clase política e incluso a los mismos jueces y fiscales que han estado al servicio de la delincuencia de cuello blanco. Paralelo a ello la prensa y los medios de comunicación han estado vigilantes de los procesos para evitar nuevas maniobras non sanctas de los implicados.

La poderosa Comisión del Congreso peruano, que lleva el famoso nombre de “Lava Jato” en honor de los jueces de Brasil, persigue la corrupción hasta en los más encumbrados niveles en su país e informa al exterior sobre los casos en los que se ven involucrados importantes dirigentes de terceras naciones. La instancia es presidida por Rosa Bartra, del partido Fuerza Popular, quien asegura que llevará las investigaciones hasta el final.

Ya hay 42 causas penales abiertas por esta amplia gama de delitos relacionados, directa o indirectamente, con los sobornos de Odebrecht. No solo han caído los expresidentes y altos dirigentes políticos, sino también poderosos empresarios y muchos cómplices necesarios en el tráfico de influencias y otros delitos. La justicia tiene una unidad especial de 33 fiscales a cargo del complejo proceso. La opinión pública no sale de la estupefacción y exige que la depuración política no tenga marcha atrás, así toda la cúpula del poder caiga. La institucionalidad inca resiste el remezón y día tras día da muestras de que el caso Odebrecht, al contrario de otros países, no quedará impune.