Caso Interbolsa va rumbo a la impunidad | El Nuevo Siglo
Archivo
Viernes, 19 de Octubre de 2018
Redacción Nacional
Fiscal General Néstor Humberto Martínez señala que “este es un caso insólito y kafkiano”
_______________________________

Con dos de los procesos prescritos por dilaciones de los abogados, el caso Interbolsa que desfalcó a más de 1.600 ahorradores, va rumbo a la impunidad. En efecto cinco de los acusados, los empresarios Alessandro Corridori, Claudia y María Eugenia Jaramillo, Álvaro Tirado y Tomas Villadiego, ya no tendrán que enfrentar un proceso judicial por los delitos de operaciones no autorizadas y concierto para delinquir.

El caso de Interbolsa se relaciona con la manipulación de acciones, a través de firmas textileras, que habrían desfalcado a miles de ahorradores.

Aunque los dos delitos prescribieron, los implicados aún enfrentarán un juicio por los cargos de captación masiva y habitual, administración desleal y manipulación de especies.

Al conocer esta situación, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, lanzó duras críticas a la prescripción de delitos en el caso Interbolsa. Dijo en Bluradio que “es absolutamente insólito, kafkiano. La sola audiencia preparatoria para empezar el juicio va a llegar a cinco años. Desde marzo o abril desde este año el proceso se encuentra suspendido”.

El fiscal lamentó que en casi una década el proceso no haya avanzado: “Ese es un buen ejemplo de lo que está pasando con el sistema penal acusatorio”. Según Martínez Neira, uno de los motivos por los cuales hubo la mayor demora para empezar el juicio fue que los abogados de Corridori y Camaro renunciaron al caso y, así las cosas, les delegaron unos de oficio que pidieron tiempo para estudiar el caso. Desde ese momento la Fiscalía ha advertido que trabajaban a contrarreloj para que lo que ocurrió no pasara.

Ahora, la próxima semana que se reinicie el juicio, la propia fiscal del caso, Alexandra Ladino, pedirá a la juez que prescriba la acción penal de esos dos delitos porque se vencieron los términos para que puedan ser condenados por ellos.

Alerta no atendida

Desde comienzos de este año el Fiscal ya había advertido las maniobras para dilatar el juicio de Interbolsa. En una carta que le envió al Consejo Superior de la Judicatura,  Martínez Neira les solicitó que designara un juez de conocimiento exclusivo para los procesos que se adelantan por el millonario desfalco de la comisionista de bolsa Interbolsa S.A., pues para él existe un riesgo de prescripción de este caso. Por ese motivo, Martínez solicitó medidas urgentes para agilizar los procesos penales y emitir los respectivos fallos.

“A la fecha no es posible hacer un pronóstico claro respecto de la época en qué culminará este juicio, ya que cuatro años después de haberse formulado imputación continuamos en audiencia preparatoria sin que se avizore la iniciación de un juicio oral”, explicó el jefe del ente acusador.

El Fiscal General aseguró también que aunque en junio de 2013 se llevó a cabo la primera audiencia de imputación de cargos, y en marzo de 2014 fue radicado el escrito de acusación, ya habían pasado cuatro años sin que al menos se haya iniciado la audiencia preparatoria de juicio.

El jefe del ente acusador subrayó además que ante la continua reprogramación de las audiencias por aplazamientos e inasistencias, esas diligencias solo pueden volver a realizarse semanas o meses después, debido a la carga laboral del juez que conoce el expediente de Interbolsa.

Los abogados

Martínez cuestionó también la actuación de los abogados defensores de los acusados, quienes habrían utilizado varias maniobras dilatorias para posponer las audiencias preparatorias donde se fijan las pruebas materiales y testimoniales que serán tenidas en cuenta en el juicio. Al respecto, acotó, en el proceso contra nueve  implicados que se adelanta desde hace doce meses, la defensa de los involucrados han solicitado para la etapa del juicio 1.347 elementos de prueba y la declaración de 625 testigos.

Para Martínez los constantes aplazamientos y reprogramaciones de las audiencias van en contravía de los derechos de las víctimas del descalabro bursátil, así como se opone a que los afectados obtengan verdad, justicia y reparación por los hechos. “La petición de la Fiscalía a la Judicatura tiene como objetivo evitar que los esfuerzos de la administración de justicia en su conjunto, no culminen con fallos absolutorios por la inminente prescripción de la acción penal en el asunto subexamine”, agregó.

Rechazos

A comienzos de este año el Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda instaurada por cuatro comisionistas de bolsa que laboraron para la extinta firma Interbolsa y que pretendían que la Superintendencia Financiera  asumiera una reparación económica a su favor superior a los $4.000 millones.

Asimismo un juez de Bogotá también negó las pretensiones de una demanda presentada por la defensa de Rodrigo Jaramillo, quien fuera presidente de la firma, en contra de las sanciones interpuestas por parte de la Superintendencia Financiera por el supuesto uso indebido de información privilegiada cuando el empresario fungía como directivo de la Bolsa de Valores de Colombia y cabeza de Interbolsa.

Jaramillo le filtró a Víctor Maldonado, su socio en la comisionista y la holding, y de la misma Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), que venía la famosa medida de cierre de operaciones repo de julio de 2012. Lo anterior quiere decir que Jaramillo habría suministrado información privilegiada a terceros que no tenían derecho a conocerla.

Cabe recordar que el empresario fue sancionado con multa por $179.298.018 e inhabilidad para realizar funciones de administración, dirección o control de entidades sometidas a inspección y vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera de Colombia.

De otro lado el 10 de septiembre de este año la Sección Quinta del Consejo de Estado ratificó el fallo que negó una millonaria indemnización para el empresario italiano, Alessandro Corridori, por los daños y perjuicios causados por la intervención del Gobierno a Interbolsa S.A. Corridori alegaba supuestos “perjuicios morales y materiales” por las fallas en las que incurrió la Superintendencia Financiera cuando intervino en año 2012 a la comisionista de bolsa.

A comienzos de septiembre de este año se conoció que Juan Carlos Ortiz, una de las cabezas del descalabro del Fondo Premium de Interbolsa, había salido de la cárcel La Picota, pese a estar pagando una condena de 12 años de prisión. Ahora está detenido en su casa, como parte de un acuerdo al que llegó con la Fiscalía cuando aceptó que había estado detrás de uno de los escándalos bursátiles más graves de la historia reciente del país.