La bancada de Fuerza Popular aprovechó su mayoría en el Congreso de Perú para aprobar la ley de “ejecución humanitaria de la pena”, que establece que los presos mayores de 78 años que hayan cumplido un tercio de su condena puedan continuarla desde su domicilio “a través de vigilancia electrónica”.

La ley favorece directamente al expresidente Alberto Fujimori, cuyo indulto, otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, fue anulado por el poder judicial.

La medida además podría beneficiar al exasesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, preso por promover y organizar el grupo militar encubierto responsable de la matanza de varios civiles. El exfuncionario del fujimorismo podría cumplir con los requerimientos en unos tres años.

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La norma le da beneficios de movilidad a los presos de la tercera edad que cumplan con el requisito. Estipula que el condenado puede desplazarse en “la provincia donde se encuentra el domicilio del penado”. Añade que también podría salir de ella, pero primero deberá comunicarlo 48 horas antes al Instituto Nacional Penitenciario y acreditar a una persona que garantice el retorno del reo.

La ley ha causado una fuerte polémica en Perú. Varios congresistas han advertido que con ella el país incumple sus obligaciones internacionales.

La vicepresidenta de Perú, Mercedes Araoz, también cuestionó el proyecto calificándolo de “un atropello y una prepotencia de un nivel inexplicable”. Añadió que la ley se hizo “saltándose todos los procesos”.