Dos decisiones judiciales enfocadas en la Economía Verde, la misma causa galardonada con el Nobel de Economía en una semana de grave campanazo sobre el cambio climático
Desarrollo sostenible. Esa, sin duda alguna, se puede considerar como la principal noticia de la semana que hoy termina. Varios hechos de gran importancia a nivel nacional e internacional se cruzaron alrededor de esa premisa como única hoja de ruta para Colombia y el mundo entero.
En primer lugar, en un hecho sin precedentes, el Premio Nobel de Economía no fue entregado este año a algún teórico sobre temas estrictamente financieros o de sistemas productivos o regulatorios. Todo lo contrario, los dos galardonados, los estadounidenses William Nordhaus y Paul Romer, son considerados pioneros en las tesis y modelos para integrar el cambio climático y la innovación tecnológica al crecimiento económico. En otras palabras, el énfasis fue la Economía Verde aplicada de forma real y práctica.
Según la Academia Real de Ciencias de Suecia, Nordhaus y Romer "han desarrollado métodos que abordan algunos de los desafíos más fundamentales y apremiantes de nuestro tiempo: combinar el crecimiento sostenible a largo plazo de la economía global con el bienestar de la población del planeta".
Nordhaus se ha especializado en la investigación de las consecuencias económicas del calentamiento global. Fue el primero en la década de los 90 en establecer el modelo sobre el vínculo entre actividad económica y clima, introduciendo teorías y experiencias procedentes de la física, la química y la economía, según el jurado. Estas investigaciones sirven actualmente para predecir o cuantificar las consecuencias de las políticas climáticas, por ejemplo, la tasa carbono.
Romer, quien fue nada menos que economista jefe del Banco Mundial, sentó las bases del "crecimiento endógeno" desde 1986, mostrando cómo la innovación y el progreso técnico participan de manera significativa en el crecimiento, un modelo adaptado, en las investigaciones de Norhaus, a la innovación verde y la idea de un crecimiento sostenible.
"Muchos creen que la protección del medio ambiente es tan costosa y difícil de llevar a cabo que prefieren ignorar el problema, o incluso negar su existencia", recalca Romer.
Y así concluyó: "Podemos realmente realizar progresos sustanciales para proteger el medio ambiente sin por ello renunciar a garantizar un crecimiento duradero".
Bajamos a 1,5 grados o…
Paradójicamente el mismo día en que se estaba anunciando el Nobel para dos de los precursores en Economía Verde, el mundo recibía un nuevo y preocupante campanazo sobre los riesgos del cambio climático para la propia supervivencia humana.
El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) advirtió que se necesitan cambios de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad para limitar el calentamiento global a 1,5 °C en lugar de 2 °C, como se establece en el Acuerdo de París.
Según los expertos, lograr esa reducción evitaría una serie de graves impactos del cambio climático, traería beneficios claros para los seres humanos y los ecosistemas, así como la posibilidad de una sociedad más sostenible y equitativa.
“Para 2100 la elevación del nivel del mar sería de 10 centímetros inferior con un calentamiento global de 1,5 °C en vez de 2 °C. La probabilidad de que el océano Ártico quede libre de hielo en verano sería de una vez por siglo con medio grado menos, frente a una vez cada década. Los arrecifes de coral disminuirían entre un 70% y un 90%, pero desaparecerían completamente a 2°C”, aseguró Houesung Lee, presidente del IPCC.
De cara a la Conferencia sobre el Cambio Climático que se celebrará este diciembre en Katowice (Polonia), en donde los gobiernos examinarán los avances en el Acuerdo de París, se recalcó que "… ya estamos viviendo las consecuencias de un calentamiento global de 1 °C, con condiciones meteorológicas más extremas, crecientes niveles del mar y un hielo marino menguante en el Ártico, entre otros cambios".
Se insistió en el informe que cada grado de calentamiento tiene importancia, y puede representar un riesgo de cambios duraderos e irreversibles y la pérdida de algunos ecosistemas. Por lo tanto, limitar el calentamiento también daría más margen a las personas y los ecosistemas para adaptarse y permanecer debajo de los umbrales de riesgo.
Para el IPCC, las emisiones de CO2 deberán caer en un 45% de aquí a 2030 para limitar el calentamiento a 1,5 ºC, y el mundo deberá alcanzar en 2050 una "neutralidad de carbono", es decir, que tendrá que dejar de emitir más CO2 del que se retira de la atmósfera.
¿Y en Colombia?
Nuestro país por su posición geográfica y otra serie de circunstancias endógenas y exógenas es uno de los más vulnerables a la afectación por el cambio climático.
Colombia, como se sabe, pese a ser un país que aporta una muy baja cantidad de gases de efecto invernadero, suscribió el Acuerdo de París, e incluso semanas atrás, tras sancionar Santos la ley respectiva, depositó ante la ONU, por intermedio de la entonces embajadora María Emma Mejía, la respectiva ratificación. Nuestro país asumió aquí el compromiso de reducir en un 20% las emisiones de carbono con respecto a las proyectadas para 2030, una meta en la que no se descarta poder subir al 30%.
A ello debe sumarse que fue nuestro país el que en 2012 propuso en la Cumbre Río+20 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que hoy constituyen la hoja de ruta de Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Hay avances en materia de crecimiento verde. Por ejemplo, existe el impuesto al carbono y solo el año pasado se compensaron cerca de 4 millones 700 mil toneladas de carbono, que equivalen a lo que emiten más o menos 2 millones de carros en un año. También cuenta con más de 42 millones de hectáreas preservadas, todos los páramos delimitados, un buen número de humedales bajo la categoría de protección Ramsar, al tiempo que se está reduciendo el uso de bolsas plásticas, se incentiva poco a poco el reciclaje de residuos, se profundiza el esquema de pago por servicios ambientales, e igual hay una Ley de Energías Renovables No Convencionales. También existe ya un Fondo Colombia Sostenible y la entrada de la OCDE impone a Colombia muchas obligaciones en materia de bioeconomía…
Sin embargo, hay lunares muy grandes para poder seguir siendo el país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado. Por ejemplo, la deforestación en Colombia aumentó el año pasado 23% con respecto a 2016; la minería ilegal es el mayor depredador ambiental hoy en el país; el narcotráfico por igual; los niveles de desertificación aumentan, al igual que el número de especies de flora y fauna en peligro de extinción; un bajo porcentaje de residuos se recupera; no menos grave es el aumento de tragedias y contingencias derivadas del desorden climático…
Justicia, fiel de la balanza
En medio de ese escenario, en Colombia se produjeron esta semana dos noticias de alto calado enfocadas a enfatizar la ruta del desarrollo sostenible.
De un lado, la Corte Constitucional rectificó la línea jurisprudencial que había señalado en anteriores sentencias respecto a las consultas populares que se han multiplicado en los últimos dos años para prohibir o restringir las actividades mineras y petroleras, la mayoría de las cuales votadas positivamente en contra de las operaciones extractivas.
Ahora, al fallar sobre la consulta popular en Cumaral (Meta) que proscribió la actividad petrolera de esa jurisdicción, la Corte dejó en claro que el subsuelo es propiedad de la Nación y solo el Estado, no los municipios como tampoco las comunidades - incluso acudiendo a las urnas-, puede autorizar o negar la explotación de recursos naturales no renovables.
La decisión del alto Tribunal acaba de un tajo con el clima de incertidumbre e inseguridad jurídica que venía afectando al sector minero-energético del país debido al alud de consultas populares municipales para vetar o restringir las operaciones petroleras y de extracción de oro, carbón y otros minerales.
“Las entidades territoriales tienen la competencia para establecer el uso del suelo. A su turno, el Estado tiene la propiedad de los recursos del subsuelo. La explotación de un recurso natural no renovable causa a favor del Estado una contraprestación económica a título de regalía”, precisó el alto Tribunal al revocar un fallo de acción de tutela emitido por el Tribunal Administrativo del Meta, en el que se dio vía libre a la consulta popular en ese municipio, pese a que la compañía petrolera Mansarovar insistía en que solo la Nación podía reversar los títulos de explotación, pues era la dueña del subsuelo.
En aras de asegurar la ruta de desarrollo ambientalmente sostenible de la industria minero-energética, la Sala Plena decidió que existen límites sobre las materias a decidir en una consulta popular territorial, “específicamente lo referido a la explotación de los recursos naturales no renovables en cabeza del Estado. Por lo cual, dicha consulta popular no puede ser utilizada para prohibir actividades de extracción en un determinado municipio o distrito”.
La Corte exhortó, entonces, al Congreso a legislar sobre los mecanismos de participación ciudadana e instrumentos de coordinación entre Nación-territorio.
Dos decisiones judiciales enfocadas en la Economía Verde, la misma causa galardonada con el Nobel de Economía en una semana de grave campanazo sobre el cambio climático
Aunque la industria extractiva y el Gobierno celebraron la decisión de la Corte, al considerar que es coherente en cuanto garantiza la explotación de los recursos naturales no renovables bajo criterios de preservación ambiental y en coordinación con los territorios y sus comunidades, los críticos del fallo recordaron que hay una sentencia del Consejo de Estado en contravía a la nueva jurisprudencia del máximo tribunal constitucional.
Y en la misma línea de una economía verde que se enrute por la vía del desarrollo sostenible, también esta semana el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó, mediante un auto, a la Corporación Autónoma Regional del mismo departamento permitir que el proyecto de la modificación de la reserva Thomas Van der Hammen, presentado por la administración del alcalde Enrique Peñalosa, se pueda implementar.
Esto es clave, en cuanto la negativa a intervenir la reserva tiene frenados importantes proyectos viales, de infraestructura, de vivienda y, sobre todo, frenaba la posibilidad de crear corredores reales y definidos de protección ambiental entre la Sabana y los cerros de Bogotá.
“El Distrito recibe con una mirada positiva el auto de la magistrada, porque da la orden de hacer realidad una reserva que lleva 18 años parada en unos predios privados que no se han restaurado, y nos da la orden de hacerla realidad, de ampliarla de 1.396 a 1.710 hectáreas, aumentando el área de bosques de 634 a más de 1.104 hectáreas, y que la reserva mantenga el 80% de lo hoy definido como bosques y humedales. Y también que le agregue todos los corredores que se definieron de los estudios, desde el año 2000 hasta el 2010, como del Instituto Humboldt, de Gustavo Perry, de Fernando Remolina, estudios que garantizan la conectividad ecológica en el norte de Bogotá”, dijo Juan Camilo González, gerente del proyecto Ciudad Norte.
Como se ve en estos dos casos, es la justicia la que se convierte en el eje clave de la definición de una política de desarrollo sostenible, aplicada en el día a día de los colombianos. Una política que parte de la base de encontrar una ruta que permita las actividades económicas dentro de criterios de sostenibilidad ambiental. Los mismos que señalan los dos premios Nobel de Economía premiados esta semana como necesarios para cuidar el planeta y evitar, como lo señaló el informe del IPCC, que el cambio climático haga en pocas décadas inviable la misma vida humana.