En una votación de seis contra dos, la Corte Constitucional declaró ayer infundadas las objeciones que hizo el entonces presidente Santos a la llamada ‘Ley Sara’, la cual garantiza a la población el acceso a procedimientos de fertilidad asistida, como la fecundación in vitro, con cargo al erario.

Entre los argumentos que expuso el anterior gobierno para no darle vía libre a esta ley dijo que la fecundación in vitro o la inseminación artificial le podría costar al Estado unos 13 billones de pesos anuales, es decir, un 32,5% de lo que se destina en un año para financiar todo el sistema de salud.

Sin embargo, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró infundadas esas objeciones y devolvió el proyecto de ley al Parlamento, el cual lo remitirá al presidente Iván Duque para que proceda a la respectiva sanción.

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Contra la decisión mayoritaria de la Corte salvaron su voto los magistrados Luis Guillermo Guerrero y Cristina Pardo. En una reciente decisión de tutela, esta última dijo que estos procedimientos no se pueden realizar con cargo al Estado y que no es obligación de las EPS garantizarlos porque, entre otras cosas, no están regulados.

En la actualidad hay por lo menos 200 mil parejas infértiles que acudirían a la Ley Sara para intentar con estos procedimientos asistidos cumplir el sueño de concebir un hijo.