El chavismo vuelve sistemático su autoritarismo

Juan Peraza
Con la muerte del concejal Albán y el exilio de varios opositores, queda claro que Maduro ha dado un punto de inflexión hacia la radicalización de la dictadura

 

“LA dictadura en Venezuela se ha llenado las manos de sangre muchas veces, pero el capítulo de hoy ha sido un punto de inflexión dentro de su propia sordidez”. Así   Leonardo Padrón, escritor venezolano, calificó la muerte de Fernando Albán, el concejal caraqueño que murió en extrañas condiciones el pasado lunes en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), lo que ha llevado a la oposición a declarar que fue asesinado.

Nacido en Palmira, Valle, Albán llegó a los cuatros años a Venezuela como muchos migrantes colombiano y, tras su paso por la principal universidad de Caracas (UCV), terminó en la política.

La muerte de Albán ha golpeado, como pocas veces, a la oposición venezolana. A pesar de que era un concejal por el municipio Libertador de Caracas, un cargo de segundo nivel, llegó a ser uno de los hombres más cercanos a uno de los líderes opositores, Julio Borges, con quien había viajado la semana pasada a la Asamblea General de las Naciones Unidas para denunciar la dictadura de Nicolás Maduro.

La oposición dice que fue apresado por esta razón. El viernes 5 de octubre el concejal aterrizó en el aeropuerto de Maiquetía, donde lo esperaban funcionarios del Sebin, la policía al servicio del chavismo, que lo acusó de ser partícipe del fallido atentado contra Nicolás Maduro. Durante el fin de semana solo tuvo contacto con su abogado, quien aseguró que lo había visto bien. El lunes, sin embargo -dice la versión oficial- se lanzó de un décimo piso cuando estaba en el baño. Muchos niegan esta tesis.

El fiscal general, Tarek William Saab, promovido a ese cargo tras la aprobación de la Asamblea Constituyente, ha dicho que se trató de un suicidio que se consumó luego de que Albán se lanzara por la ventana de un baño del décimo piso. Hasta ahí, la versión oficial no varía.

Sin embargo, el ministro del Interior, Néstor Reverol, uno de los militares que constituye la media docena que hace parte del gabinete madurista, dijo que Albán se había lanzado desde una sala donde esperaba ser trasladado a una sede judicial.

Esta falta de claridad en las versiones dadas por el Gobierno ha llevado a que la dirigencia opositora ratifique, como lo hizo desde el principio, que el concejal fue asesinado.

Asilado en Colombia, donde esta semana le fue confirmado su status político, Julio Borges declaró que el régimen torturó a su compañero de partido buscando que incriminara a diferentes líderes políticos, entre ellos a él, para que dijera que habían planeado el atentado contra Maduro. Según este, “a Albán lo tiraron por la ventana cuando ya estaba muerto”.

La exfiscal Luisa Ortega, otrora chavista, y también asilada en Colombia, manifestó que el concejal murió ahogado “porque lo estaban torturando con una bolsa”. Al respecto, el chavismo no ha dicho nada.

El asesinato de Albán, de ser confirmado, sería la segunda ocasión en la que un preso político es víctima de un homicidio cometido por las autoridades carcelarias. En 2015, reporta Voluntad Popular, partido opositor, Rodolfo Gonzáles, conocido como “El Aviador”,  fue torturado y murió. El chavismo también lo anunció como un suicidio.

Sistematicidad

El chavismo, además de apresar a los dirigentes opositores y asesinarlos en extrañas circunstancia como en los casos de Albán y Gonzáles, ha obligado a muchos a salir de Venezuela. Esta práctica parece sistemática y, con el paso de los meses, está teniendo efectos: la oposición se está quedando sin líderes.

Omar Tosta, abogado del partido Voluntad Popular, ha dicho esta semana que existen seis elementos que configuran la persecución sistemática contra la oposición. Entre ellos, destaca que mediante decisiones judiciales “los casos” han sido “impulsados por el fiscal Saab”, el aparato de justicia hace todo los procedimientos de “allanamiento de inmunidad parlamentaria” y los “hechos sobre los cuales acusan a los diputados son absurdos y sin pruebas”.

La ONG Foro Penal calcula que, pese a las excarcelaciones aprobadas hace treses meses por el chavismo, en Venezuela existen 226 presos políticos. Aparte de ellos, hay miles de líderes políticos de diversa índole que han huido del país. Es difícil estimar cuántos han salido, pero al menos se puede hablar de los casos más sonados.

Particularmente, el último año ha sido el de mayor persecución tras las marchas de abril de 2017 que llevaron a Maduro a implementar numerosos planes policial-militares para imponer su régimen autoritario.

Por la frontera con Colombia, después de esconderse varios días, el alcalde destituido de Caracas, Antonio Ledezma, el 18 de noviembre, escapó del chavismos luego de salir de la cárcel y permanecer unos meses en su casa desde donde criticó duramente al régimen. Nunca se le dictó ninguna sentencia por su supuesta asociación para delinquir. Hoy vive en Madrid.

Hace menos de un mes, Julio Borges también salió del país acusado supuestamente de haber organizado un plan para asesinar a Maduro y derrocar al chavismo con ayuda de la comunidad internacional. Líder con Henrique Capriles de Primero Justicia, el partido más grande de la oposición chavista, está asilado en Colombia.

Al igual que Borges, otros miembros de su colectividad como Omar Lares, José Manuel Olivares y Ramón Muchacho también han huido en los últimos meses, acusados por el régimen de diversos delitos.

Voluntad Popular, de Leopoldo López, también viene siendo perseguido. Freddy Guevara, quien llegó a ser presidente de la Asamblea Nacional, cumple 10 meses escondido en la Embajada de Chile en Caracas. Fuera del país están David Smolansky y Carlos García.