La ministra Gloria María Borrero anunció que el Ejecutivo estudiaría el proceso

Aún a la Fiscalía no han llegado solicitudes por parte del Gobierno para levantar órdenes de captura contra integrantes de las bandas criminales.

La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, dijo que por ahora no tiene conocimiento de contactos con representantes del Clan del Golfo y que la posibilidad tendrá una definición en los próximos días por parte del presidente Iván Duque.

“Estamos en un estudio de la ley que sacó el expresidente Santos y el decreto reglamentario. Según me informaron hubo un contacto muy preliminar con la abogada del esa organización”, puntualizó Borrero, precisando que “cualquier delincuente, que de manera individual quiera someterse a la justicia, tiene las puertas abiertas”.

En su momento, el fiscal Néstor Humberto Martínez explicó que la Ley de Sometimiento le brinda mayores instrumentos a la Rama Judicial para combatir las que la opinión pública aún llama bandas criminales (Bacrim), pero que las autoridades denominan GAO (Grupos Armados Organizados) y GDO (Grupos Delincuenciales Organizados). Podría decirse que mientras los GAO son nacionales, los GDO son locales. La ley se ocupa del sometimiento de los GAO.

No se sabe

El arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, llegó a expresar que el Clan del Golfo se convertiría en el primer GAO que se acoja dicha norma, pero ayer le expresó a EL NUEVO SIGLO su preocupación: “No se en este gobierno qué pasos se han dado. Yo he escuchado algunas noticias donde se habla de algunos incentivos para las Bacrim que se sometan a la ley”.

“El criterio que se está escuchando es que nada de lo que se hacía en el gobierno anterior se va a continuar como estaba. No sé qué propuestas se tendrán”, manifestó.

El prelado indicó que los contactos están, “las personas representantes de esos grupos, los jurídicos ahí están. Ellos han pedido reuniones conmigo. No las hemos concretado por falta de información de la política del nuevo gobierno, entonces no sé cómo sabría abordar más el proceso”.

El arzobispo Monsalve aclaró que los contactos se están dando por medio de la Conferencia Episcopal, anotando que “no es lo mismo un obispo que la Conferencia”.

El senador Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), recordó que “el general Naranjo, en su condición de vicepresidente de la República, estaba al frente de un posible sometimiento a la justicia de las bandas criminales. Yo fui ponente de esa ley para facilitar ese sometimiento, pero no hemos escuchado que el nuevo gobierno tenga esa prioridad, de hecho hemos escuchado nada por parte del nuevo gobierno”.

En agosto, tras un consejo de seguridad en Urabá, el presidente Duque declaró, que “no vamos a permitir que los disidentes, los combos, los clanes, las mal llamadas oficinas sigan haciendo de las suyas” en el país, prometiendo trabajar con las Fuerzas Armadas y las autoridades judiciales para desarticular las redes de crimen organizado.

Duque indicó que se reforzará una estrategia de muro y enroque para “respirarles en la nuca” a los jefes del Clan del Golfo, desplegando, además, un operativo en la región del Urabá en contra de la extorsión, que en algunos lugares se ha incrementado afectando a la población.

“Vamos a enfrentar la micro extorsión y la marco extorsión con una fuerte capacidad operacional de la Fuerza Pública. En este consejo de seguridad hemos reafirmado nuestro compromiso con la ciudadanía y espero en los próximos días, con el alto mando, darle resultados más contundentes en contra de los cabecillas del Clan del Golfo”, recalcó Duque.

Sometimiento

En julio, el entonces presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley que permite el sometimiento colectivo de los GAO a la justicia.

Según expresaron entonces voceros gubernamentales, su principal objetivo es garantizar la terminación del actuar delictivo de las organizaciones criminales a través de dos estrategias: fortalecer las normas y mecanismos para enfrentar más efectiva y más contundentemente la delincuencia organizada y, en segundo lugar, fijar un procedimiento especial para que grupos armados organizados, como grupo, se sometan a la justicia.

El proyecto se construyó y discutió durante más de un año y fue objeto de discusión en La Habana, ya que desde entonces se preveía que en los procesos de posconflicto se ha visto que quedan unos remanentes, grupos al margen de la ley que continúan delinquiendo.

Sobre las estrategias para el sometimiento, el fortalecimiento de las normas y los mecanismos para enfrentar la delincuencia organizada, establece nuevos delitos tipificados, como el constreñimiento ilegal por parte de miembros de grupos delictivos armados organizados, el asesoramiento a grupos delictivos armados organizados y la amenaza contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.

También se aumentan y se modifican penas para otros delitos como constreñimiento al sufragante, concierto para delinquir, utilización ilegal de uniformes e insignias de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o accesorios.

En cuanto a la segunda estrategia, el procedimiento especial para que los grupos armados, como tales, se sometan a la justicia y tiene dos fases: el acercamiento con el Gobierno nacional y luego una judicialización ante la Fiscalía y ante los jueces.