Quienes financien campañas políticas no podrían contratar con el Estado. Al proyecto le resta un debate en plenaria del Senado. 

Quedaría prohibido que el servidor de elección popular realice cualquier gestión para que la persona natural o jurídica que haya financiado su campaña política reciba contratación en entidades públicas.

El incumplimiento traería sanciones penales de acuerdo con lo que aprobó la Comisión Primera del Senado al darle vía libre al proyecto de la Fiscalía sobre anticorrupción, que ahora pasa a la plenaria para último debate.

El coordinador de ponentes, el senador Germán Varón, de Cambio Radical, aceptó que se aprobara esa modificación propuesta por las senadoras Paloma Valencia, del Centro Democrático, y Esperanza Andrade, del Partido Conservador.

Sin embargo, el senador del Polo Democrático, Alexander López, apoyó la propuesta de la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, que establecía “que los contratistas que de alguna manera utilicen este mecanismo de financiar campañas para posteriormente beneficiarse deberían ser castigado y yo plantearía redactar de nuevo”.

El fiscal Néstor Humberto Martínez explicó en la sesión, que “necesitamos elevar a la categoría de concierto para delinquir los delitos contra la administración de justicia. Ya logramos extender esos delitos contra la administración pública”.

Como ejemplo mencionó el tema de San Andrés, donde “se habían concertado en verdaderas empresas criminales a partir de unas mallas empresariales. Hay sectores que desde la vida privada están instigando a los servidores públicos para ponerlos al servicio de sus propósitos criminales y apropiarse de rentas ilícitas”.

Martínez recordó que ese cartel de empresarios “lo pillamos en el Quindío y ustedes saben con las consecuencias que dio lugar: dos contratistas del Estado, muy representativos y socios de los mejores clubes sociales”.

Manifestó que se concertaron en una mecánica de corrupción increíble, diciendo “financiemos campañas políticas y luego que nos reviertan en rentas ilícitas estos aportes, por la vía de los contratos que nos tienen que asignar y nos apropiamos de toda la contratación de esos departamentos”.

“Eso ocurrió en Armenia, ocurrió en San Andrés. Los mismos empresarios, los mismos contratistas. Ellos mismo son los interventores y tienen acceso a los pliegos. Ellos mismos se adjudican los contratos. Ellos definen quienes son los subcontratistas. Y ellos se quedan con las obras garantizando que nunca lleguen a su cumplida realización”, dijo.

Y así continuó: “Los invitó a que vean esa realidad degradante, que es el Colegio Antonia Santos en San Andrés, que se pagó por 50.000 millones de pesos y hoy no recibe ni un solo alumno”.

“¿Cuál es el mensaje que le vamos a enviar a estos corruptos? Yo no me siento solo. Sé que los buenos somos más en este país. Esta misma malla empresarial que captura Armenia, que capturó San Andrés, los hemos pillado paseándose ya en Santander, en Antioquia, en Chocó, en el Cauca”, advirtió, manifestando que esas empresas se han carcomido los recursos del país en La Guajira, Córdoba, Cartagena, Atlántico y Cauca.

Más adelante dijo que si “la maya de contratistas que hemos judicializado en el Magdalena de los recursos de la alimentación escolar tiene en la actualidad 128 contratos del PAE, con la cifra de 154.000 millones de pesos. Y el grupo de la malla empresarial sur colombiana que pasó a la historia de la depredación del patrimonio público, que compraba tamalitos de 30 millones de pesos, en Santander, y los compraban en el Huila”.

Proyecto

La iniciativa de la Fiscalía (acumulada con otras cinco –una del gobierno anterior y cuatro del uribismo–) ya había cumplido sus dos trámites reglamentarios en la Cámara.

El fiscal Martínez destacó que se busca consolidar la política anticorrupción que se fortaleció con los resultados de la consulta popular que votaron cerca de 12 millones de colombianos el pasado 26 de agosto.

El alto funcionario judicial reconoció que debido a las bajas condenas que se les imponen a los delincuentes, tras la rebaja de penas que son producto de la delación, confesión y colaboración con las autoridades, "la acción de la justicia se queda en pañales".

Señaló además que ante esa realidad es necesario aumentar las penas. Por ejemplo, al enriquecimiento ilícito de servidor público se le aumentaría la pena de nueve años a 22. El concierto para delinquir agravado tendría una condena de 18 años y el delito de falsedad, cuando afecte a menores de edad, se elevaría a 18 años.

En el curso del debate se propusieron suprimir varias normas y se comentó que el artículo 41 del proyecto es fiel copia de una disposición que hace parte de la Ley 1908, que dispone el sometimiento colectivo de las organizaciones criminales.

Se hicieron observaciones precisas sobre normas que guardan relación con la sanción que recibirán los particulares que violen normas relacionadas con la financiación de las campañas políticas y la obligación que tendrán los contadores y abogados de reportar actividades sospechosas.