La iniciativa del Centro Democrático espera primer debate en la Cámara

Que el Estado limite la entrega de información confidencial a la Comisión de la Verdad busca una iniciativa de reforma constitucional presentada por el Centro Democrático.

Se trata del proyecto de acto legislativo número 87 de 2018, “por el cual se adiciona un artículo transitorio de la Constitución Política”, radicado el 15 de agosto por los congresistas uribistas Óscar Darío Pérez, Milton Hugo Angulo, John Jairo Bermúdez, Jhon Jairo Berrío, Enrique Cabrales, Juan Pablo Celis, Christian Garcés, Luis Fernando Gómez, Gustavo Londoño, César Eugenio Martínez, Diego Javier Osorio, Esteban Quintero y Margarita Restrepo.

Sin presencia de este partido, se adelantó la audiencia pública en la Cámara para socializar el articulado, a la que acudieron todos los actores de las instituciones creadas por el acuerdo de paz, quienes coincidieron que al ser aprobado este proyecto las víctimas del conflicto no conocerían la verdad de lo ocurrido durante el largo conflicto armado que vive el país.

En la audiencia Guillermo Fernández, delegado de ONU, anunció que no entregar información estatal a los órganos que están investigando violaciones a los derechos humanos para el esclarecimiento de los hechos, atenta contra la seguridad nacional,

"porque el fundamento de esto es precisamente el respeto a los derechos humanos y el sometimiento de los servidores públicos a la ley", indicó.

"Colombia está en el reto de satisfacer los derechos de las víctimas", expresó Elena Ambrosi, procuradora delegada para la Paz y la Protección de los Derechos de las Víctimas, quien agregó que “consideramos que la restricción a la información representa un obstáculo para el acceso la verdad”.

Por su lado Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), anunció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que los estados están obligados a entregar información estatal en relación con casos a la violación de los derechos fundamentales.

Linares hizo énfasis en que en relación con los organismos judiciales, la información debe ser puesta a disposición de las comisiones de la verdad, "sin omisiones y de manera ordenada".

"Con relación a las autoridades judiciales, la información en poder del Estado debe ser puesta, subrayo, a disposición de las comisiones para el esclarecimiento de la verdad y yo agregaría, por la lógica del modelo, también a la Unidad de Búsqueda de Personadas dadas por Desaparecidas", afirmó.

Según el proyecto, “en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, podrá solicitar, requerir, pedir u oficiar a las entidades públicas de cualquier orden, a los organismos de control, a los servidores públicos y a los particulares que cumplen o cumplieron funciones públicas, información, datos, documentos de carácter reservado, documentos de altísima sensibilidad, expedientes de carácter reservado, información sometida a reserva, o cualquiera otra operación relacionada con información estatal”.

Además, “tampoco podrán las instituciones y/o mecanismos señalados en el inciso anterior, so pretexto de cumplir sus funciones, requerir ningún tipo de información personal contenida en hojas de vida, historial personal, listas de miembros o datos relacionados con la vida profesional o privada del personal de los servicios inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado”.

El texto que se quiere añadir a la Constitución advierte, que “el desconocimiento de lo previsto en este artículo constituirá falta gravísima, tanto para quien solicite como para quien suministre la información a que se refiere este artículo, y será sancionada conforme a las normas disciplinarias vigentes, sin perjuicio de las sanciones penales contempladas en la jurisdicción penal ordinaria”.